Se amparan trabajadores marítimos de Manzanillo contra fallo de la JFCA

Fotografía ilustrativa.

Colima, México, Avanzada (30/06/2017).- Trabajadores de los buques Golfa I, Golfa II y Golfa III, que se encuentran anclados en el puerto de Manzanillo, promovieron un juicio de amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que les negó el derecho de huelga al archivar el caso del conflicto laboral que sostienen desde hace casi dos años con la empresa Energía y Logística Servis SAPI de C.V., que se declaró en quiebra y entre otras cosas les adeuda alrededor de diez meses de salarios.

La demanda fue presentada ante el Juez de Distrito en turno en materia de trabajo en la Ciudad de México, este lunes 26 de junio, por Honorio Alberto Galván Aguilar, en su carácter de secretario general de la Unión Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros, Similares y Conexos de la Industria Marítima de la República Mexicana.

El acto reclamado es la resolución de fecha 21 de junio de 2017, dictada dentro del expediente III-2769/2015, mediante la cual se le niega al sindicato las peticiones realizadas en torno al emplazamiento a huelga y al cumplimiento del pliego petitorio, por lo que “se declara que no corre término para la suspensión de las labores y, por tanto, se ordena el archivo general del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido”.

El pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, por incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, fue presentado desde el 1 de julio de 2015 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaria General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos, hecho que fue notificado a la empresa el 19 de agosto de ese mismo año, cuando se celebró la primera audiencia de conciliación con la asistencia del apoderado legal de la empresa, con la intervención de los funcionarios conciliadores de la Secretaria Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Estos últimos, narró el representante de los quejosos, desde un principio manifestaron “que buscáramos llegar a un arreglo, ya que tenían instrucciones de no dejar estallar huelga alguna”, motivo por el cual y con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio con la empresa se prorrogó el periodo de prehuelga para las 13:00 horas del 28 del mes de agosto del 2015, y se señalaron las 11:00 horas del día 26 de agosto previo para la continuación de la audiencia de conciliación.
En la fecha indicada para continuar la audiencia de conciliación, ante la imposibilidad de la empresa de cumplir con el contrato colectivo de trabajo, el sindicato manifestó su decisión de estallar la huelga programada para el 28 de agosto, pero el funcionario conciliador de la JFCA trató de que llegaran a un arreglo con la empresa o que le dieran una prorroga más para ver la posibilidad de llegar a un arreglo, y ante el rechazo de los representantes de los trabajadores se dirigió a ellos y, según la versión de estos últimos, les manifestó:

“Miren muchachos, por instrucciones de arriba no está permitido estallar huelgas, si checan las estadísticas lo demuestran, en el país no habido huelga alguna y si ratifican se les archivaría su expediente”, pero si daban la prórroga que les pedían contarían con su apoyo para presionar a la empresa y que nos cumpliera con sus demandas.

Con el transcurso del tiempo, señalaron los trabajadores en su demanda de garantías, “tratando en todo momento de conservar la fuente de empleo, se prorrogó en varias ocasiones la fecha de estallamiento a huelga, manifestando a su señoría que cada vez que intentábamos estallar la huelga, el sindicato mi representado era amenazado que si lo hacíamos nos archivarían el expediente”.

En ese tiempo, la empresa realizó algunos pagos de los salarios adeudados a los trabajadores, pero “las violaciones al contrato colectivo de trabajo se siguieron dando de manera sistemática”, entre ellas que no pagaba las aportaciones obrero-patronales ante el IMSS y en el caso del Infonavit la empresa hacía las retenciones de los pagos a los trabajadores que tenían crédito, pero no los reportaba a la institución.

En febrero de 2016, cuando la actuaria adscrita a la JFCA trató de notificar a la empresa el pliego de peticiones de los trabajadores con emplazamiento a huelga, exigiendo la revisión de los salarios, en la ciudad de México, se constató que el domicilio ya se encontraba desocupado.

En agosto siguiente, “de manera inexplicable la empresa dejó de cubrir los salarios a los trabajadores socios de este sindicato, situación que se hizo notar a los funcionarios conciliadores para que tomaran cartas en el asunto, y lo único que nos pidieron es que aguantemos o bien demandemos a la empresa por la vía ordinaria, porque estallar huelga no está permitido”.

En una audiencia del 7 de junio del presente año, la empresa manifestó que estaba en posibilidad de cubrir a los trabajadores a partir de la siguiente semana la cantidad de 100 mil pesos semanales a cuenta del saldo que tenía con ellos por concepto y a cuenta de salarios que les venía adeudando, por lo que la autoridad laboral les pidió desistir del estallamiento de la huelga, pues existía interés de la empresa de pagar los salarios.

El sindicato respondió que el ofrecimiento de la empresa no garantizaba los derechos laborales de los trabajadores y que lo mejor era estallar la huelga, pero los conciliadores dijeron que lo único que podían hacer era dar una prorroga más y señalaron el 23 de junio de 2017 para el estallido de la huelga y el día 21 para continuar la audiencia de conciliación.

En esa fecha el apoderado de la empresa dijo que ésta había dado los cien mil pesos que se había comprometido y que no tenía más.

“En efecto la empresa sí dio una cantidad, pero fue de 4 mil pesos a cada uno de los 17 trabajadores, a lo que manifestamos que eso era una broma, ya que por salarios devengados del periodo comprendido del 16 de agosto de 2016 al 15 de junio de 2017 adeudaban la cantidad de 2 millones 431 mil 687 pesos, además de que la empresa no garantizaba en nada los derechos laborales de los trabajadores y que no quedaba más remedio que estallar la huelga anunciada para las 13:00 horas del día 23 de junio del año en curso”, narró ante el juez el quejoso.

Ante esta determinación, la JFCA argumentó que el estallido de la huelga se había diferido 43 veces, por lo que dictó el acuerdo en el que negó a los trabajadores el derecho a la huelga y archivó el expediente como total y definitivamente concluido.

De acuerdo con Honorio Alberto Galván Aguilar, con esa resolución la autoridad laboral responsable “no solo viola los derechos laborales de los trabajadores socios de esta organización”, sino que “va más allá, ya que viola los derechos humanos de las personas dependientes de dicho operario, ya que al no poder ejercer el derecho de huelga para exigir el pago de su salario, se ve impedido como jefe de familia a cumplir con las necesidades básicas de su familia en el orden material, social y cultural”.

Por lo tanto, la autoridad responsable “viola en perjuicio del trabajador y su familia los siguientes derechos humanos: derecho a la educación; derecho a la vivienda; derecho a la salud; y derecho a la alimentación, toda vez que la responsable no toma en cuenta que el trabajador no ha cobrado su salario durante diez meses, que el trabajador no puede abandonar los buques porque incurriría en responsabilidades y que el trabajador durante diez meses y más los que se acumulen no podrá cumplir con su obligación de jefe de familia”.

Por su parte, el representante estatal del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Héctor Jesús Lara Chávez, advirtió que la JFCA actuó en complicidad con la empresa para afectar a los trabajadores.

“De manera truculenta estuvieron posponiendo el estallido de la huelga, diciéndoles que no les convenía hacerlo, con el propósito de archivar el asunto después y tratar de matarlos jurídicamente”, mencionó.

Lara Chávez advirtió que además del acompañamiento a los trabajadores, el Frente se encuentra documentando el asunto desde el punto de vista de los diferentes derechos violados, con el propósito de llevarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.