¿Espiaron a periodistas asesinados?, cuestiona Aristegui

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 La periodista Carmen Aristegui y los defensores Mario Patrón, Juan Pardinas y Salvador Camarena denunciaron que ellos, junto con otros activistas, fueron asediados con un intento de hackeo en sus teléfonos móviles a través de Pegasus, un programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano.

Acompañados por la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas: el director de R3D, Luis Fernando García; el director de SocialTIC Juan Manuel Casanueva; y el investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton, el grupo de periodistas y defensores pidieron una explicación a Enrique Peña Nieto sobre este espionaje.

La denuncia, que se basa en una investigación realizada por R3D, SocialTIC y Artículo 19, y apoyada por Citizen Lab y que hoy fue publicada en un reportaje en The New York Times, explica que la intervención de comunicaciones y acceso a equipos y sistemas de información de estas figuras públicas fue realizada a través del software que desarrolla la empresa NSO Group.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la periodista Carmen Aristegui, aseguró que Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones sobre este ataque porque los agentes del Estado mexicano han utilizado los recursos para cometer ilícitos graves y acotó que no es casual que en los momentos más difíciles del Gobierno, lejos de dar respuestas institucionales, surjan los casos de espionaje.

La periodista dijo que no hay lugar a dudas que los agentes del Estado mexicano adquirieron esta tecnología y, de manera “alevosa e ilegal”, la usaron en contra de figuras que han sido críticas del desempeño gubernamental cuando salieron a luz matanzas y hechos de corrupción, algo que hoy se puede comprar con información técnica y científica.

PERSONAS ESPIADAS

Estos ataques se dirigieron al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y a su hijo Emilio (de entonces 16 años); al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón y a los abogados de la misma organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.

También fueron víctimas el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata.

Aristegui señaló que no es cortesía de Peña Nieto dar explicaciones, sino una obligación. Además afirmó que es inaceptable el espionaje como es inaceptable el asesinato de Javier Valdez y de la Miroslava Breach y los ataques a la prensa. Es por ello que alertó que no se sabe si los periodistas asesinados fueron espiados previamente, pero destacó que con estos hechos queda la sospecha.

Aristegui mencionó que el Ejecito, la Procuraduría General de la República y el CISEN son quienes puedan usar esta tecnología y por ello pidió que “el jefe de todos ellos” salga a responder y decir qué hizo y qué hará con los videos, los contactos e información que “robó indebidamente” a través de este espionaje. “Explique usted, presidente Peña Nieto, de que se trata”, dijo.

Durante la presentación de la denuncia, Mario Patrón destacó que el Centro Prodh fue espiado cuando trabajaba en la defensa de casos de violaciones graves a los Derechos Humanos que interesa al Gobierno federal, como la violación sexual de 11 mujeres en Atenco por parte de policías federales y estatales en 2006, caso que está en análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro Prodh además litiga y acompaña casos como Tlatlaya, sobre una presunta ejecución por parte de militares y la desaparición de 43 estudiantes normalista, donde también se presume la participación del Ejército mexicano

Ante esto Patrón, quien dijo que ya preveía que eran víctimas de espionaje y preguntó si el Gobierno mexicano tiene la capacidad y voluntad de investigarse a sí mismo. Y por ello llamó a las instituciones a transparentar qué instancias usan este programa espía y a crear un grupo de expertos independientes que indague esta intromisión a las comunicaciones privadas.

Los periodistas y defensores informaron que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y una solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.