Auditoría detecta en el Gobierno de Colima irregularidades por Mil MDP

Colima, México, Avanzada (21/08/2017).- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el Gobierno de Colima, durante el último año de Mario Anguiano Moreno, registró un sub ejercicio de recursos por 93 millones 700 mil pesos.

Además tiene observaciones pendientes por solventar por poco más de mil millones de pesos, mientras que en este 2016, en diferentes rubros, la ASF también detectó una serie de observaciones para la administración estatal sobre todo en Salud, el Programa Nacional de Inglés, pues en este último el gobierno actual no comprobó el ejercicio de 10 millones de pesos.

La administración estatal durante el 2015 obtuvo recursos federales pero no los utilizó en los programas para los que fueron asignados y hasta la fecha, la ASF no ha emitido ninguna información para saber si el gobierno estatal a cargo de Ignacio Peralta Sánchez será el encargado de solventar dichas observaciones.

En el informe de la cuenta pública 2015, la ASF detectó que los sub ejercicios son en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.

Así como en el programa de Inclusión Social (Componente de Salud); en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y en el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública.

También el gobierno del Estado debe aclarar el uso de poco más de mil millones de pesos, correspondientes a los ejercicios 2011, 2012, 2013, 2014, y 2015 y por los cuales existen denuncias ante la PGR en contra del gobierno de Colima.

La administración de Mario Anguiano Moreno acumuló observaciones sin solventar, por un monto de 205 millones 600 mil pesos.

A esos 205 millones que corresponden a la fiscalización de la cuenta pública 3015, debe agregársele las observaciones que no han sido solventadas en el periodo 2011-2014, las cuales ascienden a un monto total de 845 millones de pesos.

Es decir que desde 2011 y hasta 2015, el gobierno de Colima, durante el periodo de Mario Anguiano, tiene pendiente de solventar poco más de mil millones de pesos.

La ASF en su informe de resultados, expuso que al gobierno de Colima lo ha denunciado ante la PGR por mal uso de los recursos, por una suma de 107 millones 400 mil pesos.

También existen en la misma PGR denuncias por simulación de reintegros, mismas que ascienden a 46 millones 800 mil pesos.

Pese a las irregularidades detectadas jamás se ejerció alguna acción de responsabilidad para los encargados de las dependencias en cuestión durante el sexenio de Anguiano, es decir el secretario de Educación, Guillermo Rangel, hermano del actual coordinador de los diputados del PRI en el Congreso local.

El documento, se puede consultar en la página: http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/InformeGeneral/ig2015.pdf

Decomisan 18 toneladas de precursor químico para droga en Manzanillo


Colima, México, Avanzada (02/08/2017).- Elementos de la Secretaría de Marina –Armada de México aseguraron en el puerto de Manzanillo un cargamento de aproximadamente 18 toneladas de ácido fenilacético, un precursor químico utilizado comúnmente para la fabricación de drogas sintéticas.

La sustancia, descubierta por la Semar en coordinación con personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), llegó a bordo del buque “Coyhaique”, proveniente de Shanghai, China, y tenía como destino final el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

A través de un reporte conjunto, las dependencias federales informaron que el ácido, considerado como psicotrópico, venía en 720 tambos de 25 kilogramos cada uno, en el interior de un contenedor.

El hallazgo fue realizado este martes luego de que se llevó a cabo una revisión física y visual por parte de personal de la Aduana Manzanillo y la Semar, quienes realizaron un muestreo de la mercancía, encontrando incidencia en ella y dando como resultado positivo para ácido fenilacético; sustancia usada como psicotrópico y precursor químico.

Tras ser asegurado, el cargamento fue puesto a disposición de las autoridades de la Federación para la integración de la carpeta de investigación correspondiente, aunque no se informó sobre la detención de presuntos responsables de los hechos.

Se amparan trabajadores marítimos de Manzanillo contra fallo de la JFCA

Fotografía ilustrativa.

Colima, México, Avanzada (30/06/2017).- Trabajadores de los buques Golfa I, Golfa II y Golfa III, que se encuentran anclados en el puerto de Manzanillo, promovieron un juicio de amparo contra la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que les negó el derecho de huelga al archivar el caso del conflicto laboral que sostienen desde hace casi dos años con la empresa Energía y Logística Servis SAPI de C.V., que se declaró en quiebra y entre otras cosas les adeuda alrededor de diez meses de salarios.

La demanda fue presentada ante el Juez de Distrito en turno en materia de trabajo en la Ciudad de México, este lunes 26 de junio, por Honorio Alberto Galván Aguilar, en su carácter de secretario general de la Unión Nacional de Marineros, Fogoneros, Mayordomos, Cocineros, Camareros, Similares y Conexos de la Industria Marítima de la República Mexicana.

El acto reclamado es la resolución de fecha 21 de junio de 2017, dictada dentro del expediente III-2769/2015, mediante la cual se le niega al sindicato las peticiones realizadas en torno al emplazamiento a huelga y al cumplimiento del pliego petitorio, por lo que “se declara que no corre término para la suspensión de las labores y, por tanto, se ordena el archivo general del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido”.

El pliego de peticiones con emplazamiento a huelga, por incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, fue presentado desde el 1 de julio de 2015 ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, Secretaria General de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos, hecho que fue notificado a la empresa el 19 de agosto de ese mismo año, cuando se celebró la primera audiencia de conciliación con la asistencia del apoderado legal de la empresa, con la intervención de los funcionarios conciliadores de la Secretaria Auxiliar de Emplazamientos a Huelga de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Estos últimos, narró el representante de los quejosos, desde un principio manifestaron “que buscáramos llegar a un arreglo, ya que tenían instrucciones de no dejar estallar huelga alguna”, motivo por el cual y con el objeto de llegar a un arreglo conciliatorio con la empresa se prorrogó el periodo de prehuelga para las 13:00 horas del 28 del mes de agosto del 2015, y se señalaron las 11:00 horas del día 26 de agosto previo para la continuación de la audiencia de conciliación.
En la fecha indicada para continuar la audiencia de conciliación, ante la imposibilidad de la empresa de cumplir con el contrato colectivo de trabajo, el sindicato manifestó su decisión de estallar la huelga programada para el 28 de agosto, pero el funcionario conciliador de la JFCA trató de que llegaran a un arreglo con la empresa o que le dieran una prorroga más para ver la posibilidad de llegar a un arreglo, y ante el rechazo de los representantes de los trabajadores se dirigió a ellos y, según la versión de estos últimos, les manifestó:

“Miren muchachos, por instrucciones de arriba no está permitido estallar huelgas, si checan las estadísticas lo demuestran, en el país no habido huelga alguna y si ratifican se les archivaría su expediente”, pero si daban la prórroga que les pedían contarían con su apoyo para presionar a la empresa y que nos cumpliera con sus demandas.

Con el transcurso del tiempo, señalaron los trabajadores en su demanda de garantías, “tratando en todo momento de conservar la fuente de empleo, se prorrogó en varias ocasiones la fecha de estallamiento a huelga, manifestando a su señoría que cada vez que intentábamos estallar la huelga, el sindicato mi representado era amenazado que si lo hacíamos nos archivarían el expediente”.

En ese tiempo, la empresa realizó algunos pagos de los salarios adeudados a los trabajadores, pero “las violaciones al contrato colectivo de trabajo se siguieron dando de manera sistemática”, entre ellas que no pagaba las aportaciones obrero-patronales ante el IMSS y en el caso del Infonavit la empresa hacía las retenciones de los pagos a los trabajadores que tenían crédito, pero no los reportaba a la institución.

En febrero de 2016, cuando la actuaria adscrita a la JFCA trató de notificar a la empresa el pliego de peticiones de los trabajadores con emplazamiento a huelga, exigiendo la revisión de los salarios, en la ciudad de México, se constató que el domicilio ya se encontraba desocupado.

En agosto siguiente, “de manera inexplicable la empresa dejó de cubrir los salarios a los trabajadores socios de este sindicato, situación que se hizo notar a los funcionarios conciliadores para que tomaran cartas en el asunto, y lo único que nos pidieron es que aguantemos o bien demandemos a la empresa por la vía ordinaria, porque estallar huelga no está permitido”.

En una audiencia del 7 de junio del presente año, la empresa manifestó que estaba en posibilidad de cubrir a los trabajadores a partir de la siguiente semana la cantidad de 100 mil pesos semanales a cuenta del saldo que tenía con ellos por concepto y a cuenta de salarios que les venía adeudando, por lo que la autoridad laboral les pidió desistir del estallamiento de la huelga, pues existía interés de la empresa de pagar los salarios.

El sindicato respondió que el ofrecimiento de la empresa no garantizaba los derechos laborales de los trabajadores y que lo mejor era estallar la huelga, pero los conciliadores dijeron que lo único que podían hacer era dar una prorroga más y señalaron el 23 de junio de 2017 para el estallido de la huelga y el día 21 para continuar la audiencia de conciliación.

En esa fecha el apoderado de la empresa dijo que ésta había dado los cien mil pesos que se había comprometido y que no tenía más.

“En efecto la empresa sí dio una cantidad, pero fue de 4 mil pesos a cada uno de los 17 trabajadores, a lo que manifestamos que eso era una broma, ya que por salarios devengados del periodo comprendido del 16 de agosto de 2016 al 15 de junio de 2017 adeudaban la cantidad de 2 millones 431 mil 687 pesos, además de que la empresa no garantizaba en nada los derechos laborales de los trabajadores y que no quedaba más remedio que estallar la huelga anunciada para las 13:00 horas del día 23 de junio del año en curso”, narró ante el juez el quejoso.

Ante esta determinación, la JFCA argumentó que el estallido de la huelga se había diferido 43 veces, por lo que dictó el acuerdo en el que negó a los trabajadores el derecho a la huelga y archivó el expediente como total y definitivamente concluido.

De acuerdo con Honorio Alberto Galván Aguilar, con esa resolución la autoridad laboral responsable “no solo viola los derechos laborales de los trabajadores socios de esta organización”, sino que “va más allá, ya que viola los derechos humanos de las personas dependientes de dicho operario, ya que al no poder ejercer el derecho de huelga para exigir el pago de su salario, se ve impedido como jefe de familia a cumplir con las necesidades básicas de su familia en el orden material, social y cultural”.

Por lo tanto, la autoridad responsable “viola en perjuicio del trabajador y su familia los siguientes derechos humanos: derecho a la educación; derecho a la vivienda; derecho a la salud; y derecho a la alimentación, toda vez que la responsable no toma en cuenta que el trabajador no ha cobrado su salario durante diez meses, que el trabajador no puede abandonar los buques porque incurriría en responsabilidades y que el trabajador durante diez meses y más los que se acumulen no podrá cumplir con su obligación de jefe de familia”.

Por su parte, el representante estatal del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, Héctor Jesús Lara Chávez, advirtió que la JFCA actuó en complicidad con la empresa para afectar a los trabajadores.

“De manera truculenta estuvieron posponiendo el estallido de la huelga, diciéndoles que no les convenía hacerlo, con el propósito de archivar el asunto después y tratar de matarlos jurídicamente”, mencionó.

Lara Chávez advirtió que además del acompañamiento a los trabajadores, el Frente se encuentra documentando el asunto desde el punto de vista de los diferentes derechos violados, con el propósito de llevarlo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

SEGOB culpa a los estados por las deficiencias para combatir el crimen

Colima, México, Avanzada (23/06/2017).- El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reprochó a los estados las deficiencias que están registrando en materia de seguridad, situación que ocasiona un repunte en los homicidios dolosos.
De acuerdo a medios de comunicación nacional, el titular de la SEGOB que las cifras de homicidios correspondientes a mayo se deben a las deficiencias en las corporaciones locales de policías, así como en la procuración de justicia.
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad correspondientes al mes de mayo, muestra que Colima es el estado con más asesinatos por número de habitantes, seguido de Guerrero, y Baja California Sur.
Los especialistas en temas de seguridad expusieron que en mayo se registró un repunte de homicidios sin precedente en el país.
Ante esto, Osorio Chong declaró, ‘‘Hay regiones francamente rebasadas’’; luego expuso que el aumento de los homicidios se debía al reacomodo de los grupos criminales, pero puntualizó que es fundamental las acciones de los gobiernos de los estados y los municipios para reducir la violencia.
‘‘A diferencia de 2011, estamos enfrentando un fenómeno de violencia, sí, con un componente federal, sí, con el crimen organizado, pero agudizando en gran proporción en delitos del fuero común que se suceden en el orden local’’, expresó el secretario de Gobernación.
El titular de la SEGOB afirmó que la mitad de los homicidios en el país están relacionados con delitos del fuero común, como robo, secuestro o pandillerismo.
Además manifestó que de 2 mil 400 municipios en el país, sólo mil 800 t cuentan con un grupo policial y mencionó que existen corporaciones policiacas que no cuentan con trabajadores debidamente preparados, ofrecen malos salarios y están reprobados en exámenes de control y confianza.
Desde febrero de 2016, Colima es el estado más violento del país, según el secretariado Ejecutivo, y tres municipios de la entidad se encuentran en la lista de los 50 más violentos del país.

¿Espiaron a periodistas asesinados?, cuestiona Aristegui

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/06/2017 La periodista Carmen Aristegui y los defensores Mario Patrón, Juan Pardinas y Salvador Camarena denunciaron que ellos, junto con otros activistas, fueron asediados con un intento de hackeo en sus teléfonos móviles a través de Pegasus, un programa de espionaje adquirido por el Gobierno mexicano.

Acompañados por la directora de Artículo 19, Ana Cristina Ruelas: el director de R3D, Luis Fernando García; el director de SocialTIC Juan Manuel Casanueva; y el investigador de Citizen Lab, John Scott-Railton, el grupo de periodistas y defensores pidieron una explicación a Enrique Peña Nieto sobre este espionaje.

La denuncia, que se basa en una investigación realizada por R3D, SocialTIC y Artículo 19, y apoyada por Citizen Lab y que hoy fue publicada en un reportaje en The New York Times, explica que la intervención de comunicaciones y acceso a equipos y sistemas de información de estas figuras públicas fue realizada a través del software que desarrolla la empresa NSO Group.

En conferencia de prensa en la Ciudad de México, la periodista Carmen Aristegui, aseguró que Enrique Peña Nieto tiene que dar explicaciones sobre este ataque porque los agentes del Estado mexicano han utilizado los recursos para cometer ilícitos graves y acotó que no es casual que en los momentos más difíciles del Gobierno, lejos de dar respuestas institucionales, surjan los casos de espionaje.

La periodista dijo que no hay lugar a dudas que los agentes del Estado mexicano adquirieron esta tecnología y, de manera “alevosa e ilegal”, la usaron en contra de figuras que han sido críticas del desempeño gubernamental cuando salieron a luz matanzas y hechos de corrupción, algo que hoy se puede comprar con información técnica y científica.

PERSONAS ESPIADAS

Estos ataques se dirigieron al director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, Juan Pardinas y a su esposa; a la periodista Carmen Aristegui y a su hijo Emilio (de entonces 16 años); al director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón y a los abogados de la misma organización, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer.

También fueron víctimas el director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Salvador Camarena, y los periodistas Carlos Loret de Mola, Daniel Lizárraga, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Alexandra Zapata.

Aristegui señaló que no es cortesía de Peña Nieto dar explicaciones, sino una obligación. Además afirmó que es inaceptable el espionaje como es inaceptable el asesinato de Javier Valdez y de la Miroslava Breach y los ataques a la prensa. Es por ello que alertó que no se sabe si los periodistas asesinados fueron espiados previamente, pero destacó que con estos hechos queda la sospecha.

Aristegui mencionó que el Ejecito, la Procuraduría General de la República y el CISEN son quienes puedan usar esta tecnología y por ello pidió que “el jefe de todos ellos” salga a responder y decir qué hizo y qué hará con los videos, los contactos e información que “robó indebidamente” a través de este espionaje. “Explique usted, presidente Peña Nieto, de que se trata”, dijo.

Durante la presentación de la denuncia, Mario Patrón destacó que el Centro Prodh fue espiado cuando trabajaba en la defensa de casos de violaciones graves a los Derechos Humanos que interesa al Gobierno federal, como la violación sexual de 11 mujeres en Atenco por parte de policías federales y estatales en 2006, caso que está en análisis en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Centro Prodh además litiga y acompaña casos como Tlatlaya, sobre una presunta ejecución por parte de militares y la desaparición de 43 estudiantes normalista, donde también se presume la participación del Ejército mexicano

Ante esto Patrón, quien dijo que ya preveía que eran víctimas de espionaje y preguntó si el Gobierno mexicano tiene la capacidad y voluntad de investigarse a sí mismo. Y por ello llamó a las instituciones a transparentar qué instancias usan este programa espía y a crear un grupo de expertos independientes que indague esta intromisión a las comunicaciones privadas.

Los periodistas y defensores informaron que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República y una solicitud de medidas de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.