Españolas harán encierros para exigir recursos contra violencia machista

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Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 15/06/2017 Con la reforma de la Ley del Régimen Local, impulsada por el Gobierno del Partido Popular, desaparecieron las competencias y, por lo tanto, los presupuestos municipales para atender a las mujeres. Desapareció la cobertura para hacer programas de atención, puntos de información, pisos de acogida y programas de recuperación para víctimas de la violencia de género.

Y la defensa de la Igualdad y la lucha contra la violencia machista siguen sin contar con la suficiente dotación presupuestaria por parte del Estado. Mientras, las mujeres siguen siendo asesinadas por el hecho de ser mujeres, aunque algunas no sean contadas como víctimas de violencia de género porque no cumplen los estrictos requisitos exigidos por la ley.

Este es el motivo por el que organizaciones feministas han convocado un encierro en los Ayuntamientos el próximo lunes, 19 de junio.

Según algunas organizaciones, la lista de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres llega hasta 40, aunque muchas no estén incluidas en los datos oficiales. Como el caso de Hilda, que denunció al novio de su sobrina porque la maltrataba y este se convirtió en su asesino. También los hijos y las hijas de las mujeres se convierten en objetivo de los maltratadores.

“Porque sin dotación económica el Estado Patriarcal de presunto Derecho nos subsume a las Mujeres en la cloaca de la indiferencia y del desamparo institucional y judicial, mientras sigue vulnerando nuestros Derechos Humanos desde una ilegítima y absoluta impunidad”, afirma rotundo el manifiesto que acompaña la convocatoria.

Esto se llama “complicidad institucional con el Patriarcado y con su brazo ejecutor, el machismo que mata”, continúa el texto, en el que se incide en el tratamiento que los medios de comunicación siguen haciendo sobre cada Feminicidio”.

Las convocantes aseguran estar “hartas” de contar a las víctimas, de asistir a minutos de silencio y concentraciones, de escuchar discurso de condena, de lamentos, de duelo... Consideran que la violencia machista es una cuestión de Estado, que afecta a la mitad de la población, y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres, en cuya erradicación deben comprometerse todos los recursos que sean necesarios, como se exigió en el Pacto de Estado reclamado en 7N en las calles de Madrid.

Sin embargo, ahora, en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, de próxima aprobación, la partida asignada a financiar la lucha contra la violencia machista asciende a poco más de 31 millones de euros, lo que supone un 0.0 por ciento del total de presupuesto.

Eso significa que se sigue sin asignar ni un euro a la prevención en los ámbitos educativo, sanitario y de medios de comunicación, que no se atiende la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014. Implica que no se mejore la respuesta policial y judicial y no se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las Entidades Locales establecidos en la Ley de Igualdad. “Significa que ese Pacto de Estado nacerá muerto”, sentencia el texto.

Por eso, la movilización del lunes tiene como objetivo exigir al Gobierno la consignación de 120 millones de euros (2 mil 416 millones de pesos mexicanos) en la partida destinada a la lucha contra la violencia machista. “No admitimos rebajas, ni más dilaciones. Entendemos que no es negociable el precio de la vida de las mujeres”. Y concluyen: “no vamos a tolerar la incompetencia de los poderes públicos a la hora de actuar con celeridad y eficacia para frenar la violencia machista”.

Violencia sexual puede calificarse como delito de lesa humanidad o genocidio

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Cimacnoticias/AmecoPress | Madrid, Esp .- 06/06/2017 Patricia Sellers, abogada penal internacional y asesora especial para las estrategias de procesamiento en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, logró que la violencia contra las mujeres se declarara crimen de guerra por primera vez en la historia, en los juicios de la ex Yugoslavia y Ruanda, y es una de las mujeres que más sabe en el mundo sobre violencia sexual y crímenes de género.

Esta célebre jurista, nacida en Estados Unidos en 1954, participa en el acto “Justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual en el conflicto armado de Colombia”, organizado por Atelier ONGD en Valencia. AmecoPress ha podido hablar con ella.

Gloria López (GL): Lleva toda la vida luchando contra la violencia sexual y en concreto contra aquella que se produce en el conflicto armado. ¿En qué situación estamos?

Patricia Sellers (PS): Es cierto que el Derecho Penal está tomando en cuenta más las agresiones sexuales, pero tenemos que avanzar mucho todavía. Hay evidencias de violencia sexual en muchos países que están en guerra, pero también en escenarios donde no hay un conflicto, los crímenes contra los Derechos Humanos no solo se dan en el marco de una guerra. Y eso todavía no se comprende bien.

GL: ¿Qué motivación tienen estas agresiones? ¿Qué busca, qué quiere comunicar quien la ejerce?

PS: Es una agresión personal, pero también es una agresión a toda la comunidad. Producen humillación, vejación, miedo, para demostrar la fuerza, para someter a las víctimas… pero también a todos los que las rodean. Se usan como acciones ejemplarizantes, como muchos otros actos para destruir al enemigo, son una táctica. Son, repito, una agresión a toda la comunidad.

GL: La legislación, los Tribunales, las sentencias ¿hacen evidente este tipo de violencia o sigue quedando oculta en el contexto de la guerra?

PS: Estas agresiones contra los Derechos Humanos pueden perseguirse como crímenes de guerra si tienen relación con un conflicto armado, como crímenes de lesa humanidad si se dan en un ataque contra la población civil sistemático; o de genocidio si tienen intención de destruir a un grupo étnico, por ejemplo.

Todos los crímenes internacionales son difíciles de perseguir. Pero la falacia de que los crímenes de violencia sexual son más complejos justifica que la impunidad prevalezca. Hay que investigarlos, perseguirlos, documentarlos y reparar a las víctimas.
La legislación, los Tratados Internacionales son importantes, y de hecho estos crímenes ocupan un lugar central en el derecho humanitario, pero luego hay una interpretación que depende de los Estados nacionales y de la voluntad política.

GL: ¿Qué hace falta para impulsar su persecución?

PS: Para combatir la impunidad hay que combinar de manera realista las medidas políticas y los recursos disponibles. Hay que educar a la sociedad e informar sobre las mujeres y hombres que han sufrido violencia sexual. Los profesionales que intervienen en el proceso, como jueces, investigadores, profesionales sanitarios y sociales, fuerzas de seguridad, necesitan formación constante.

GL: Las víctimas necesitan una reparación. ¿Cómo se afronta esto?

PS: Estamos empezando. Todavía cuesta entender que la esclavitud sexual forma parte de la esclavitud. Cuesta entender que hablamos de una violencia contra la persona, la comunidad y el mismo Estado. Y también hay que tomar conciencia de que se necesitan fondos para poder reparar a las víctimas, algo que debe entenderse como un proceso normal de transición hacia la justicia.

GL: En Colombia, tras muchos años de violencia, se está apostando por la paz, aunque no sea la paz soñada. ¿Se está contando con las mujeres en los procesos de paz? ¿Se está incluyendo la reparación de etas mujeres que ha sido dañadas por todos los bandos?

PS: Prefiero no manifestarme sobre ese caso concreto.
Vivimos un contexto muy violento, el mundo está azotado por numerosos y terribles conflictos. Esto favorece el aumento de todo tipo de violencia, en el territorio en guerra y en los circuitos de huida, en contextos cercanos. Y como siempre, mujeres y niñas son las más perjudicadas.

Es así. Y es muy complicado. Por eso nosotros defendemos la idea de integridad sexual. Por ejemplo, en los campos de refugiados, es cierto que hay que prevenir y trabajar porque no se produzcan agresiones sexuales, que mujeres y niñas gocen de seguridad. Pero también es cierto que las familias tienen derecho a tener vida sexual, es importante promover espacios de salud en esos campamentos, que sean lugares tranquilos.

Juez ordena enjuiciar a ex funcionarios de Hogar Seguro

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Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 07/04/2017 El juez Carlos Guerra Jordán ordenó abrir un proceso penal contra el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía, contra la exsubsecretaria, Anahy Keller Zavala, y el exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Santos Torres, por la muerte de 41 niñas de ese albergue, quienes perecieron quemadas, tras ser encerradas en un cuarto de 6 por 7 metros, porque intentaron huir y protestaron los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.

Como lo había solicitado el Ministerio Público (MP), a partir de la denuncia de algunos familiares de las víctimas, las tres personas que serán juzgadas están acusadas de homicidio culposo, incumplimiento de deberes, maltrato de menores de edad y abuso de autoridad.

El MP, por voz del fiscal Edwin Marroquín, señaló que fueron incumplidas reglas básicas de seguridad en normativas planteadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y que los acusados no cumplían con los requisitos para ocupar los puestos en la Secretaría de Bienestar social (SBS), ni cumplieron con la obligación de proteger a las niñas.

300 GRADOS CENTÍGRADOS Y ENCERRADAS

De acuerdo con las pruebas y testimonios aportados por el fiscal del MP, Edwin Marroquín, durante las audiencias que se realizaron desde el lunes hasta este viernes en que el juez decidió sujetar a proceso a los acusados, ese 8 de marzo las niñas estaban encerradas en el área de Pedagogía del albergue, luego de que algunas intentaron escapar y hubo una protesta por los abusos que sufrían.

El incendio, según el MP, fue provocado por dos adolescentes, quienes prendieron fuego a unas colchonetas del lugar, lo que originó una rápida propagación del fuego.

De desde las 8:45 hasta las 9:10 de la mañana hubo llamas, es decir durante 25 minutos, y nueve minutos de ese tiempo el incendio alcanzó una temperatura superior a los 300 grados centígrados, por lo que las posibilidades de que las niñas encerradas sobrevivieran eran mínimas.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala informó que entre las causas de esas muertes son signos de asfixia, quemaduras e intoxicación por monóxido de carbono.

El MP explicó también durante las audiencias que el director del albergue faltó al deber de cuidado porque era la única autoridad que podía tomar decisiones ante alguna circunstancia anómala, como sucedió el 7 y 8 de marzo. El director avisó a sus superiores de la Secretaría y tras una reunión, decidieron separar a las niñas y encerrarlas, bajo el resguardo de la Policía.

RECOMENDACIONES DEL CONGRESO

Ayer por la tarde, en el Congreso guatemalteco, la comisión especial creada para seguir el caso Hogar Seguro entregó al pleno un informe, donde las y los diputados realizaron recomendaciones, entre ellas que la Secretaría de Bienestar Social cree un protocolo para evitar otro caso similar.

Ante la ausencia de varios legisladoras y legisladores, el diputado del partido Unión Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, criticó las ausencias y recordó que hay 500 niñas en riesgo en ese y otros albergues, mientras en el Congreso “tranquilos a Semana Santa, señores diputados, saquen su calzoneta (traje de baño)”, dijo.

El informe recomienda usar leyes vigentes para enfrentar los problemas en los albergues del país.

EL FUTURO, ¿IGUAL?

La directora interina del Consejo Nacional de Adopciones, Sully Santos, dijo al diario local Prensa Libre que en Hogar Seguro había mucha resistencia a las revisiones del lugar, por lo que tenían que realizarlas periódicamente desde 2015 por medio de la orden de un juez.

Dijo que, debido a esas resistencias, no pudieron hacer el año pasado un censo, al que está obligado el Consejo, para saber cuántos niños y niñas había en Hogar Seguro, pero sí pudieron hacerlo en albergues privados y este arrojó 3 mil 215 niñas y niños.

Sin embargo, lograron obtener los datos que maneja la Secretaría de Bienestar, que indican que hay 5 mil 300 niños institucionalizados, entre albergues públicos y privados.

Tras la tragedia en Hogar Seguro, señaló la funcionaria a la prensa local, se deben agilizar los procesos de adopción de las niñas y niños de los albergues, pero solo 303 están declarados adoptables y el resto, cinco mil, deberían estar con sus familias y no en los albergues.

En Hogar Seguro sólo había 29 con posibilidades de ser adoptados, de los cuales el 90 por ciento tiene discapacidad severa, detalló.

Y sobre la condición legal de los albergues explicó que, de los 127 que están en funciones, sólo 32 están autorizados, 31 están en proceso de revalidación y 63 no están autorizados, porque no tienen personal, ni programas e instalaciones adecuadas o, simplemente, no han pedido ser autorizados.

Mientras tanto, en Hogar Seguro aún hay menores de edad, aproximadamente 50, según informó el canal Guatevisión a mediados de marzo. Por otra parte, en clínicas de Estados Unidos permanecen siete niñas hospitalizadas, sobrevivientes del incendio.

Policía encerró a niñas y no las salvó del incendio

CIMACFoto: César Martínez López

Cimacnoticias | Guatemala (05/04/2017).- Homicidio culposo, incumplimiento de deberes, abuso de autoridad y maltrato contra menores de edad son los delitos por los que se acusó a funcionarios encargados del albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde el pasado 8 de marzo murieron quemadas 41 niñas, quienes fueron encerradas en un espacio de 6 por 7 metros, luego de que protestaron contra los maltratos y abusos sexuales de que eran víctimas en ese lugar.

Durante las audiencias realizadas el pasado 3 de abril en la Torre de Tribunales por los hechos en la casa-hogar, en donde también quedaron lesionadas decenas de niñas, el Ministerio Público guatemalteco presentó indicios sobre la posible comisión de delitos por parte de las personas a quienes acusa.

Entre los detalles que se dieron a conocer durante la audiencia, el Ministerio Público reveló que el incendio duró 9 minutos, que inició con una colchoneta que se propagó inmediatamente a las otras 24; y evidenció que se incumplieron una serie de protocolos, de acuerdo con información difundida por Guatevisión.

El fiscal Edwin Marroquín, dijo que la exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de Bienestar Social (SBS), Anahy Keller, institución de la que depende el albergue, “incumplió su deber de garante de protección a menores de edad, generado por su falta de pericia en el desempeño en el cargo”, lo que provocó dijo, el incendio.

LA POLICÍA LAS ENCERRÓ

De acuerdo a los peritajes, reportó Guatevisión, a los hombres los encerraron en el auditorio y a las mujeres en el área de Pedagogía del Hogar. Los bomberos no lograron entrar a tiempo. Mientras las adolescentes quedaron encerradas en la habitación bajo llave. No les permitieron salir.

El resguardo de las menores de edad quedó en manos de agentes de la Policía Nacional Civil, quienes las encerraron y nos las auxiliaron al momento del incendio.

La audiencia de primera declaración fue suspendida por el juez cuarto, Carlos Guillermo Roldan, quien programó la continuidad para el día de ayer, toda vez que el exsecretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, no presentó a su defensa y porque argumentaron que varios abogados no fueron notificados del cambio de fecha de la misma la cual se tenía programada hasta el 10 de abril.

En tanto, durante un programa de debate en la misma televisora, Guatevisión, el analista Phillip Chicola dijo que se reconstruyeron los hechos desde 24 horas antes, por lo que se evidenció que un día antes del incendio, un grupo de 60 menores de edad se escaparon del hogar y que hubo llamadas del exdirector de la casa hogar, Santos Torres, al ex Secretario de Bienestar Social, Carlos Rodas, y a la subsecretaria Anahy Keller, quienes llegaron al lugar antes de las 6 de la tarde.

El analista agregó que, según los testimonios recabados, en ese momento se llamó a la policía para encontrar a las niñas que se fueron, encerraron a las y los menores de edad, a los niños en un salón y las niñas en otro, y que tanto el Secretario de Bienestar Social como el Director del centro, suscribieron un acta donde le entregan el control a la Policía Nacional Civil.

Durante la audiencia, el Fiscal Edwin Marroquin dijo que las y los menores de edad protestaban por las violaciones a sus Derechos Humanos y nada se hizo. Y que ninguno de los dos funcionarios (ni el entonces secretario Carlos Rodas, ni Anahy Keller) tenían el perfil idóneo para el lugar que ocupaban, y mucho menos para atender una crisis como la que se presentó cuando las y los menores de edad se escaparon.

De acuerdo con información difundida por Guatevisión, quien da seguimiento al caso, la Procuraduría General de la Nación actuará como querellante provisional por las víctimas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Rodolfo Díaz de Fundación Sobrevivientes defiende a 9 víctimas, Pedro Rafael Maldonado abogado independiente defiende a 5. Ambos figuran como querellantes en el caso de la Secretaría de Bienestar Social.

El juez Carlos Guerra, deberá determinar si inicia el proceso en los próximos días. Cabe recordar que el presidente guatemalteco Jimmy Morales destituyó tras la tragedia a los tres funcionarios sindicados. Y que el mandatario tiene una demanda judicial, presentada por legisladores, como responsable del caso.

Agentes del Estado, responsables de feminicidio de niñas en albergue

Imagen de Rosalinda Hernández

Cimacnoticias | Guatemala, Guat.- 09/03/2017 La muerte violenta de 33 niñas y adolescentes y la hospitalización de 12 más con quemaduras de tercer y cuarto nivel, cuando miles de guatemaltecas conmemoraban el Día Internacional de las Mujeres, es un femicidio/feminicidio cometido por agentes del Estado de Guatemala, afirmaron esta mañana más de 20 agrupaciones de mujeres y feministas.

Este crimen cometido contra niñas y adolescentes, cuyo cuidado estaba a cargo del Estado, tiene además un agravante porque representa un hecho de violencia sistemática que se había denunciado como diferentes violaciones a los derechos humanos cometidas dentro del llamado Hogar Virgen de la Nueva Asunción, donde ocurrió este femicidio/feminicidio.

En el lugar donde murieron quemadas las víctimas, estando en una instalación cerrada con llave como medida de castigo, se ubicaban niños, niñas y adolescentes violentados a quienes el Estado guatemalteco debía protegerlos, porque habían sufrido hechos de trata, violaciones sexuales o carecían de condiciones para que en su casa familiar les garantizaran una vida digna.

En el marco de la legislación nacional e internacional, las instituciones estatales que tienen como función garantizar los derechos de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, deben contratar personal especializado, y no gente sin idoneidad ni capacidad como ha ocurrido en el Hogar Virgen de la Nueva Asunción.

Varias jovencitas, quienes se vieron obligadas a permanecer en esas instalaciones ubicadas cerca de la capital guatemalteca, habían denunciado que fueron objeto de múltiples agresiones.

EXIGENCIAS

Las agrupaciones de mujeres y feministas, que desde anoche hicieron públicas sus denuncias contra este femicidio/feminicidio múltiple, hoy a las seis de la tarde frente a la Casa Presidencial, darán a conocer sus exigencias para que las autoridades del Estado dejen su indolencia y negligencia como responsables de garantizar los derechos de la niñez y adolescencia que se encuentra desamparados.

Exigen acceso a la información, ya que todavía se desconoce el número exacto y los nombres de las niñas y adolescentes fallecidas y hospitalizadas. También demandan se dé a conocer dónde están las sobrevivientes, ya que las entidades oficiales no han proporcionado los lugares de reubicación.

Hacen un llamado para que todas las personas que están dolidas e indignadas por estas muertes violentas a demandar con firmeza la investigación pronta de estos lamentables hechos, en los que están involucradas, entre otras, la Secretaría Presidencial de Bienestar Social y todas aquellas que forman parte del Sistema de Protección Integral de la Niñez.