Regresión en derechos humanos, nueva Ley de Seguridad Interior


Colima, México, Avanzada (01/12/2017).- La nueva Ley de Seguridad Interior legitima la impunidad y significa una regresión en materia de derechos humanos en el país, por lo que las organizaciones sociales “no vamos a permitir que esta ley avance: impugnaremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y podríamos llegar hasta la Corte”, señaló María Guadalupe Ramos Ponce, asesora suplente de la Sociedad Civil para México de ONU Mujeres.
“Tenemos los argumentos jurídicos y de derechos humanos para interponer un recurso, se tiene que sancionar al Estado mexicano porque está contraviniendo los tratados internacionales que el propio Estado suscribió”, dijo.
Entrevistada al final de una conferencia en torno a “Periodistas y defensoras de derechos humanos en Colima”, la también excoordinadora nacional del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) comentó que la sociedad debe señalar a todos los partidos políticos que aprobaron esta regresión en derechos humanos.
Añadió: “Hay que ver bien quiénes lo votaron, qué es lo que señalaron en la cámara y a final de cuentas como ciudadanía estamos en procesos electorales: habrá que ver bien por quién votamos, porque finalmente cuando esas gentes llegan a las cámaras votan leyes como ésta y como ciudadanía no podemos permitir que esto siga ocurriendo”.
Lo grave de la ley aprobada, explicó, es que está legitimando la presencia y la labor del Ejército y la Marina en las calles, en una labor de seguridad pública que no le corresponde, es decir, ellos “están preparados para la guerra, para el combate en otros ámbitos, pero no en las calles, no contra la ciudadanía, es como contraponer a mexicanos contra mexicanos, unos contra otros, es una manera de criminalizar la protesta y el libre pensamiento”.
Ramos Ponce refirió que así como está planteada esa ley, es posible que los militares con su presencia en las calles criminalicen a quien realice una manifestación pública y que esto a juicio de ellos sea catalogado como un riesgo para la seguridad nacional, y con ese pretexto se criminalice a defensoras, defensores e incluso a periodistas.
Además, la ley contraviene incluso tratados internacionales que hablan sobre la seguridad pública o la seguridad ciudadana: “Todos hacen énfasis muy claro de que no es papel del Ejército realizar funciones de seguridad pública, le corresponde a otros niveles de ejercicio del Estado, a las policías, bien entrenadas, bien preparadas en materia de derechos humanos, pero no a la milicia, no a la marina”.
En relación con el hecho de que algunos sectores de la sociedad se han pronunciado por la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, María Guadalupe Ramos consideró lógico que ello ocurriera porque México vive una crisis social muy fuerte de seguridad.
“Cuando estás viviendo estos altos índices de inseguridad en el país, cuando hay esta crisis como la que estamos viviendo con un aumento de la criminalidad, con la presencia del crimen organizado, más en este narcoestado, hay un reclamo muy fuerte de la ciudadanía para que disminuyan los secuestros, las desapariciones, los asesinatos, es decir la presencia del crimen organizado en general”, indicó.
Aunque estimó que ese reclamo es muy legítimo, “el tema es el desconocimiento de la función de cada quien, porque no es a los militares a los que les corresponde brindar seguridad, en todo caso, aquí habrá que revisar las medidas de seguridad ciudadana, que deben incluir perspectiva de género y de derechos humanos”, aspectos que no contiene la nueva ley.

Un mes después se oficializa dictamen sancionador contra MAM

Colima, México, (01/11/2017).- Un mes después de su aprobación en el Congreso local, el pasado 25 de noviembre se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima el dictamen que contiene las propuestas de sanción en contra del ex gobernador Mario Anguiano Moreno y 13 de sus ex funcionarios.

Es decir, apenas la Comisión de Responsabilidades, quien será la encargada de escuchar la defensa del ex mandatario, conocerá del caso, pues el decreto entrará en vigor una vez publicado en el Periódico Oficial.

Entrevistado sobre el tema, el presidente de la Comisión de Responsabilidades, confirmó que el expediente aún no se le ha turnado, por lo tanto, no ha podido notificarle al ex mandatario colimense, ni al resto de los implicados que iniciará un proceso para que aporten pruebas que les permita defenderse de las imputaciones aprobadas por los diputados locales.

Cabe recordar que el Congreso local aprobó el pasado el pasado 23 de octubre el dictamen sancionador relativo a la Auditoría Excepcional que el OSAFIG practicó a los tres últimos años del gobierno de Mario Anguiano y documentó las irregularidades financieras en aproximadamente 2 mil millones de pesos.

En el proyecto se aprobó inhabilitar por 23 años para ocupar cargos públicos al ex gobernador colimense Mario Anguiano Moreno, y el resarcimiento de recursos públicos de forma directa por 38 millones 578 mil pesos y de forma subsidiaria por 6 millones 578 mil pesos.

Sin embargo, el desvío de recursos que detectó el OSAFIG fue superior a los 2 mil millones de pesos.

Además del ex gobernador se encuentran propuestas de sanción para varios funcionarios, entre ellos, Jesús Orozco Alfaro, Blanca Isabel Ávalos, Rafael Gutiérrez Villalobos, Clemente Mendoza, Gustavo Allen.

La aspirante presidencial Marichuy reconoce la lucha de Zacualpan contra la minería


Zacualpan, Colima, Avanzada (01/12/2017).- “En los pueblos indígenas, si un representante no responde de acuerdo a las necesidades de la comunidad, la asamblea lo quita y pone a otro, y eso es lo que queremos hacer pero en grande, para todo México”, señaló María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno y aspirante a una candidatura independiente a la Presidencia de la República.
Éste fue el segmento del discurso de Marichuy más festejado en esta comunidad indígena, cuyos habitantes se movilizaron y depusieron hace cuatro años a la mesa directiva de Bienes Comunales por no respaldar la oposición del pueblo a la explotación de una mina de oro en su territorio.
La mujer, originaria de Tuxpan —en el vecino estado de Jalisco—, fue recibida la noche de este jueves en un ambiente de porras y aplausos en la plaza principal, con un kiosco adornado con papel de colores, mazorcas de maíz blanco y azul, calabazas, listones y globos. La bienvenida corrió a cargo de Carmen Zamora y Micaela Vicente Romero, integrantes del Concejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan.
María de Jesús Patricio se congratuló de que los habitantes de esta comunidad colimense se hayan organizado para impedir la destrucción de sus recursos naturales mediante la minería, pero refirió que en la actualidad la situación de los pueblos indígenas del país se encuentra peor que hace 20 años, pues hay una fuerte invasión de sus tierras con proyectos que van despojándolos de sus recursos naturales y contaminando sus aguas.
“Ahora que hemos recorrido el sur del país hemos visto y escuchado los diferentes dolores de los pueblos por donde vamos pasando, nos han venido diciendo que cada vez hay más despojos y represión ante los intentos de organización, más encarcelamientos, muertos y desaparecidos”, describió.
Esa realidad, que desde antes había sido objeto de análisis en el Congreso Nacional Indígena, fue lo que motivó la decisión de participar en el proceso electoral 2018, lo que fue avalado por la mayoría de los 523 pueblos consultados.
Con un discurso claro, voz fluida y sin titubeos, Marichuy manifestó que la problemática de las comunidades “hizo que pensáramos qué íbamos a hacer, si íbamos a seguir permitiendo que nos siguieran robando nuestras riquezas que teníamos en nuestros pueblos, en nuestros territorios”.
Sin embargo, aclaró que la participación electoral “no es para ocupar un cargo público, estar allá arriba y seguir gobernando como nos han venido gobernando, sino para visibilizar esa problemática que no se dice, pero que ahí está presente y que nuestros pueblos están sufriendo, pasando fuertes represiones ante los intentos de impedir que sigan despojándolos”.
El propósito, expuso, fue conformar un modelo diferente, a través de un concejo que surja desde abajo, integrado por representantes de todos los pueblos indígenas de México, porque los problemas solamente los van a poder resolver las mismas comunidades, no va a haber una respuesta de arriba si no hay una organización de abajo.
“Nuestra propuesta a veces no se entiende porque es diferente a los partidos, porque no queremos solamente participar para llegar alguien y que se quede ahí arriba, sino que queremos que haya una organización desde abajo, desde las comunidades, que seamos nosotras mismas quienes nos demos la mano y que juntas busquemos cómo le vamos a hacer para resolver nuestros propios problemas, entonces esta propuesta es colectiva, es de todos los pueblos, y este concejo indígena es el que estaría obedeciendo al pueblo organizado”, añadió.
La vocera del Concejo Indígena de Gobierno consideró que era necesario y urgente la organización de los pueblos originarios porque “nuestras comunidades están en peligro, se ha desatado una fuerte guerra en su contra para despojarlas y desaparecerlas, porque nosotros le estorbamos al capitalismo destructor, al que no le importa que haya muertos, desaparecidos o encarcelados”.
Por lo anterior, dijo, los pueblos indígenas deben organizarse desde abajo, pero la propuesta no sólo es para los pueblos indígenas, sino para todo México, porque el día que las aguas de las comunidades indígenas se contaminen, van a afectar a toda la población.
“Por eso nuestra lucha es más amplia, es una lucha que surge desde los pueblos, pero es para todo México; tenemos que estar organizados y unificados comunidades indígenas con hermanos de la ciudad que serían maestros, jóvenes, mujeres… todos tenemos que pensar juntos cómo vamos a reconstruir este México que cada vez lo están acabando quienes solamente piensan en el poder del dinero para despojar a los que menos tienen”, explicó.
Patricio Martínez cuestionó por qué no pensar que puede haber algo diferente, que puede surgir esa organización desde abajo para luchar juntos por México para defender sus tierras y territorios, para que pueblos indígenas y “los hermanos de la ciudad” piensen el país que quieren y cómo los van a reconstruir desde abajo.
“Nuestra propuesta —precisó— no es solamente de aquí a 2018, nuestra propuesta es cómo vamos a quedar después de 2018; ese el llamado que hacemos a esta comunidad como hermanos que somos, que pensemos que nuestra palabra ha sido por años ignorada, olvidada, abandonada y despojada; es el momento de que los pueblos hablen, que nos unamos y juntos peleemos por la vida de todo México y del mundo, porque este sistema destructor no solamente va a acabar a los mexicanos, va a acabar a todo el mundo”.
Los pueblos indígenas del país, mencionó Marichuy, creen, sueñan y tienen todo el entusiasmo de seguir existiendo, conservando lo que tienen y sobre todo son los responsables de cuidar lo que les ha sido heredado para pasárselo a quienes vienen atrás.
“Es un llamado, hermanos de aquí, a que nos demos la mano y que nos olvidemos de todo lo que a veces viene a separarnos, a hacernos pelear entre nosotros; pensemos que si no nos damos la mano, nuestras comunidades van a desaparecer, que si no logramos ponernos de acuerdo para defender nuestra autonomía en cada comunidad, en cada pueblo, en cada región, nadie más lo va a hacer”, concluyó.

Continuarán litigio del Plebiscito como última instancia en México en la Sala Superior

Colima, México, Avanzada (30/11/2017).- La perredista Martha Zepeda del Toro recurrirá a la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación para defender el derecho de los ciudadanos a solicitar un plebiscito con el cual se pretende echar abajo la concesión del Parque Regional que entregó el gobernador Ignacio Peralta Sánchez a un particular.

Lo anterior después de que la Sala Regional Toluca del Poder Judicial de la Federación desechó el juicio de protección a los derechos políticos electorales que promovió la perredista y sentenció que los ciudadanos por sí solos no puede solicitar el plebiscito.

Zepeda del Toro consideró grave que los magistrados señalaran que para convocar a un plebiscito sobre el destino del Parque Regional, los solicitantes deben acudir al gobierno estatal y no al Instituto Electoral del Estado.

“Esta resolución también es grave porque la Sala Regional se contrapone al espíritu de la democracia, incluso los argumentos de los magistrados muestran su postura contraria a la democracia directa”.

Manifestó que los magistrados incluso consideraron inadecuado que 15 mil ciudadanos colimenses soliciten dicha figura, porque representaría un retorno a los tiempos de la Asamblea Popular en Atenas, cuando se tomaban decisiones a mano alzada.

“Lo plantean como un acto regresivo, en lo que no estamos de acuerdo, por lo tanto seguiremos el proceso legal, para defender el plebiscito como figura de democracia directa y participativa”.

Manifestó que en la Sala Superior existe jurisprudencia sobre el tema, por ende, confío en que dicha instancia le dé la razón, de lo contrario acudirán a instancias internacionales, porque se le está negando a los ciudadanos el derecho a participar en la toma de decisiones.

“Recurriremos a la Sala Superior por la defensa de nuestro parque, pero sobre todo para defender el plebiscito como un instrumento de participación de los ciudadanos”.

“Confió en que en la Sala Superior del TEPJF haya un resolutivo favorable, porque además, existen antecedentes favorables en torno a los plebiscitos, tenemos incluso jurisprudencia”, finalizó.

 

 

 

Aguantó dos años... renuncia el titular del OSAFIG


Colima, México, Avanzada (30/11/2017).- A dos años de haber asumido el cargo, Carlos Armando Zamora González, titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) presentó su renuncia con carácter de irrevocable a partir del próximo 15 de diciembre.
A través de un comunicado de prensa que emitió el encargado de la Unidad de Tecnología de la Información del OSAFIG, Héctor Eduardo Cambero Arévalo, informó que Carlos Armando Zamora González decidió dejar la titularidad de OSAFIG, “por motivos personales”.
En su oficio de renuncia, que fue entregado el 29 de noviembre a la Mesa Directiva del Cpngreso, el Auditor Superior, Carlos Armando Zamora González expresó que su salida del OSAFIG se hará efectiva a partir del próximo 15 de diciembre y que obedece estrictamente a motivos personales.
Además, expresó su gratitud y respeto a los diputados de la anterior y actual Legislatura local, “en quienes reconozco la confianza depositada en mi persona para nombrarme y trabajar de manera conjunta, respectivamente, en las tareas de control, revisión y fiscalización gubernamental de los recursos públicos de la entidad”.
La legislatura pasada eligió a Armando Zamora González como titular de OSAFIG el 28 de agosto de 2015 para el periodo 2015-2022.
La renuncia al cargo se da en medio del análisis que se tienen en el Poder Legislativo por la reforma al Sistema de Pensiones, y por la urgencia de los sindicatos para que se culmine la Auditoría Excepcional que el OSAFIG, a cargo de Carlos Armando Zamora, está llevando a cabo a la Dirección de Pensiones.
Durante los dos años al frente de OSAFIG, Armando Zamora González documentó las irregularidades que se cometieron durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno, donde se encontró un presunto desfalco por más de 2 mil millones de pesos.
Además, interpuso desde el año pasado denuncias penales en contra del ex gobernador y varios de sus funcionarios.
Además de la Auditoría a la dirección de Pensiones, los diputados habían pedido al titular de OSAFIG iniciar una auditoría a las Secretarías de Educación y Salud, así como al Sistema Estatal de Protección Civil.
Durante la gestión de Armando Zamora González, por primera vez, se hicieron públicos los resultados de las Auditorías que practicaba ese órgano a los distintos entes gubernamentales.