Dos años después piden a Contraloría investigar impago en Educación

Colima, México, Avanzada (06/10/2017).- El Congreso de Colima solicitó a la Contraloría del Gobierno del Estado que inicie con una investigación y sanciones a quienes son los responsables por impago de algunas prestaciones a los trabajadores de la educación adheridos a la sección 39 del SNTE durante el 2014 y 2015.

Sin embargo la petición la realizaron los tribunos dos años después de haber asumido el cargo como legisladores locales y justo en el marco de las protestas que realizan las dirigencias sindicales de las secciones 6 y 39 del SNTE para exigirle al gobernador Ignacio Peralta Sánchez el cese del titular de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, a quien acusan de dañar al magisterio estatal.

En la sesión del Congreso, el grupo de legisladores independientes encabezado por Nicolás Contreras Cortés propuso que la Contraloría del Congreso abriera una investigación para saber por qué no se les cubrió el pago al magisterio estatal cuando el dinero ya estaba presupuestado.

Refirió que se les deben prestaciones legales y convencionales a las que tienen derecho y expresó que en término de la ley se debe aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, así como el resarcimiento de los daños que causaron los implicados al erario estatal.

El punto de acuerdo fue avalado por la mayoría, entre ellos el diputado de Nueva Alianza, José Adrián Orozco Neri, quien era el líder de la sección 39 del SNTE en el 2014 y 2015 y jamás levantó la voz públicamente para denunciar las irregularidades.

Durante el periodo que deberá investigar la Contraloría, el secretario de Educación era Guillermo Rangel Lozano hermano del actual coordinador de los diputados del PRI, Federico Ragel Lozano y como titular de Finanzas se desempeñaba Blanca Isabel Avalos.

Además, los legisladores coincidieron en la necesidad de solicitar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) que concluya y entregue al Congreso la auditoría excepcional que se solicitó a la Secretaría de Educación, dependencia señalada por tener uno de los mayores quebrantos financieros durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno.

Congreso cita a Yulenny por mala obra en avenida Ayuntamiento

Colima, México, Avanzada (06/10/2017).- El próximo lunes a las 10 de la mañana, la presidenta municipal de Villa de Álvarez Yulenny Cortés León comparecerá en el Congreso local entre otras cosas para explicar quién o quiénes son los responsables de las afectaciones que sufrió la avenida Ayuntamiento, vialidad recién remodelada y en la que se invirtieron casi 5 millones de pesos.

A través de una solicitud que presentó el diputado priista, Héctor Magaña los tribunos coincidieron en la necesidad de que la alcaldesa expliqué por qué no se tomaron las recomendaciones que hizo la constructora para evitar las fallas que se presentaron el pasado martes cuando se registró una intensa tormenta que levantó el asfalto en esa zona que se terminó de remodelar el pasado 29 de mayo.

Magaña expresó que el constructor Juan Manuel Cervantes Siordia expresó que recomendó a las autoridades municipales que realizaran obras adicionales por la gran cantidad de agua que baja por el lugar en época de lluvias entre ellas, la instalación de un colector pluvial.

El legislador sostuvo que el municipio no atendió el planteamiento del constructor, “y ahora vemos las consecuencias, por eso es necesario que la presidenta municipal nos informe qué sucedió, y quiénes son los responsables de esta acción”.

Además, dijo que la munícipe debe señalar cuáles son las acciones inmediatas que se estarán realizando para poder llevar a cabo la reparación de la obra, quién pagará, y en cuánto tiempo estará terminada.

“La Avenida Ayuntamiento es una vialidad importante en Villa de Álvarez y necesitamos detalles concretos que hasta ahorita no nos han dado”, dijo.

El miércoles el perredista Jaime Sotelo García sostuvo que la alcaldesa tendría que ser inhabilitada y además se debería investigar si la obra colapsó por la corrupción.

Reprueban represión de estudiantes en Manzanillo

 

Colima, México, Avanzada (05/10/2017).- Políticos, activistas y escritores reprobaron el uso de la fuerza en contra de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo.

Martha Zepeda del Toro, Enrique Michel Ruiz, Rogelio Guedea, Carlos Arellano y Carlos Maldonado, señalaron que la actuación de la policía estatal en contra de los estudiantes que se manifestaron el pasado martes, “es un acto de autoritarismo y represión en contra de este grupo de estudiantes que hacían valer su derecho de forma pacífica”.

A través de un posicionamiento que se difundió por internet, exigieron a la administración estatal privilegiar el diálogo responsable con los alumnos que están solicitando una mejor calidad educativa.

Refirieron que los estudiantes decidieron protestar después de que las autoridades universitarias despidieran a 10 profesores, lo que terminó mermando la calidad educativa que recibían los estudiantes, “en vez de atender sus peticiones, se hizo un uso desmedido de la fuerza, e incluso usando gas lacrimógeno, se reprimió a la agrupación estudiantil con el argumento de que estaban alterando el orden establecido”.

En el documento los firmantes reprobaron la decisión del gobierno de reprimir por medio de la fuerza pública el derecho de los estudiantes a manifestar públicamente sus demandas.

“Por lo anterior, pedimos al gobierno del Estado, de manera respetuosa pero enérgica, que sea el diálogo lo que prive en la solución de este conflicto, que las peticiones de los estudiantes sean atendidas a fin de que, lo más pronto posible, la tarea universitaria regrese a la normalidad”.

El pasado martes estudiantes de la Universidad Tecnológica de Manzanillo suspendieron cualquier actividad y exigieron la renuncia del rector, Humberto Uribe.

Durante la protesta llegó la policía estatal y los alumnos documentaron a través de videos, las agresiones que recibieron por parte de los elementos policíacos.

El mismo martes el gobierno del Estado desmintió la agresión y sostuvo que estaban buscando una solución al conflicto a través del diálogo.

 

Mueren grandes extensiones de mangle en la Laguna de Cuyutlán


Colima, México, Avanzada (06/10/2017).- A unos años de la apertura del Canal de Tepalcates para la construcción del proyecto de la Terminal de Gas Natural Licuado (TGNL), se incrementó la mortandad de mangle en la Laguna de Cuyutlán, alertó Esperanza Salazar Zenil, coordinadora general del grupo ambientalista Bios Iguana.

La activista, quien actualmente está exiliada debido a las amenazas sufridas tras su apoyo a la lucha del pueblo indígena de Zacualpan contra la explotación de una mina, informó que recientemente algunos de sus compañeros recorrieron sectores de la laguna y descubrieron en el Vaso III grandes extensiones de árboles secos infestados por plagas.

De acuerdo con algunas opiniones, esta situación se produjo porque los árboles se han debilitado a causa del impacto ambiental derivado a la apertura del canal o por la cantidad de tóxicos que se han venido infiltrando de los campos adyacentes o de la cuenca en general.

“Lamentablemente —expuso Salazar Zenil— esto viene a corroborar lo que nosotros dijimos hace más de diez años, pues hemos estado insistiendo en que los proyectos tanto de la Gasera Z como la TGNL y los proyectos de la ampliación del puerto de Manzanillo que se tienen a futuro dentro de la laguna de Cuyutlán, van a perjudicar seriamente la laguna, y ya lo estamos viendo poco tiempo después de que se abrió el Canal de Tepalcates”.

En este contexto, para Bios Iguana resulta de fundamental importancia que la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte haya elaborado un expediente de hechos sobre las violaciones cometidas por el gobierno mexicano a la legislación ambiental en el proceso de aprobación de las instalaciones de la empresa Zeta Gas y la TGNL de Manzanillo.

La petición fue realizada por los directivos de Bios Iguana en 2009 y fue siete años después, a finales de 2016, cuando el organismo trinacional concluyó y dio a conocer el expediente de hechos.

“Es un instrumento bastante completo que paso a paso dice cuáles son todas las violaciones y también la modificación que se hizo a algunos ordenamientos jurídicos para poder hacer un molde para que entraran estos proyectos industriales”, comentó Esperanza Salazar.

A juicio de la ambientalista, en la actualidad los hechos pusieron al descubierto la simulación de muchos académicos de la Universidad de Colima (Ucol) y de otras instituciones que en su momento afirmaron que la laguna se iba a beneficiar con la apertura del canal y convalidaron la aprobación de los proyectos industriales.

Mientras los activistas realizaban su labor de defensa de la Laguna de Cuyutlán pidieron a investigadores de la Ucol y del Cinvestav que estudiaran la realidad del ecosistema y se pronunciaran públicamente al respecto, “lamentablemente no teníamos recursos para pagar y no lo hicieron”, sin embargo años después sí lo realizaron por encargo de la CCA, recordó Salazar.

Dentro del expediente de hechos se presenta una revisión del estudio de hidrodinámica de la laguna que entregó a destiempo la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pese a que era una condicionante de la Semarnat para autorizar el proyecto.

Respecto del estudio, la CCA citó la opinión del investigador del Cinvestav Jorge Herrera, quien de acuerdo con Salazar Zenil concluyó que ahí “no hay ninguna caracterización ecológica de los manglares, esto es, no hay área basal, no hay densidad, no hay características del suelo, del hidroperiodo, de la productividad, o sea, no tuvieron nada de esa información que debieron haber tenido para poder abrir el Canal de Tepalcates y asegurar efectivamente que el proyecto iba a beneficiar a la laguna; incluso podemos ver que el proyecto planteaba abrir el canal 200 metros, pero se abrió 400 y eso tampoco se metió en el estudio de hidrodinámica”.

No obstante, añadió Esperanza Salazar, “los investigadores dicen que la laguna se ve mejor porque los niveles de agua de los vasos 3 y 4 están por encima de lo que estaban antes de que se abriera el canal, pero no se necesita ser experto para entender que si abren un boquete de 460 metros entrarán grandes cantidades de agua que harán que los niveles del espejo de agua aumenten, pero eso no quiere decir en ningún momento que esto esté beneficiando”.

En el mismo expediente de hechos, refirió, “hay notas de Jorge Herrera que dice que siempre va a haber impactos en la estabilidad de los ecosistemas cuando se modifican sus condiciones de equilibrio dinámico; el hecho de que hayan modificado la hidrodinámica tuvo que haber modificado la estabilidad del ecosistema”.

Salazar cuestionó que entre algunos comentarios del expediente se diga que los expertos consultados reconocen los beneficios ambientales que trajo la apertura del canal.

“Esto se me hace absurdo, a pesar de que el documento es muy bueno, muy bien sustentado, vienen este tipo de comentarios: que los expertos reconocen los beneficios. ¿Cuáles beneficios? Ellos mismos no tienen el sustento técnico para decir eso. Hay una parte donde dicen, sin embargo, que es probable que la diversidad biológica y ecológica se haya modificado. Es como un juego entre los investigadores y las autoridades; simulan la protección aún cuando ellos fueron los que provocaron que se metiera este proyecto, los que modificaron el ordenamiento ecológico y territorial ahora simulan mayor protección”, dijo Salazar.

—¿Ahora que se está secando parte del mangle, qué sigue? —se le preguntó.

—Nosotros llegamos como organización hasta la última instancia, que fue la del expediente de hechos. Ya no hay un tribunal internacional en materia ambiental al que nosotros podamos acudir como organización. Este documento que logramos que saliera de la Comisión de Cooperación Ambiental puede servir como base para quienes quieran hacer un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se resarzan los daños contra los usuarios de la laguna.

“La CCA hizo un expediente y dijo que se puede utilizar para cualquier juicio que se quiera realizar. Lo único que seguiría sería pedir información a la Semarnat sobre las medidas de mitigación que se han hecho a partir de la violación a la legislación. Lo que van a contestar seguramente es que en el Programa de Ordenamiento Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán se habla de la restauración, y en el programa de ordenamiento estatal de 2008 se habla de que la zona de manglar es un área prioritaria para la conservación, se habla de la creación del vaso 3 y el vaso 4 como área natural protegida, lo que no tiene ningún sentido”.

Explicó que lo mismo que hizo la actual directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Imades), Patricia Ruiz Montero, a quien “le han dado su premio no moviéndola de ese lugar porque ha hecho bien su trabajo en beneficio de las empresas, quien de manera dolosa metió una gran parte de la laguna para que se considerara como sitio Ramsar dentro de la Convención Sobre Humedales de Importancia Internacional”.

A Salazar Zenil le pareció increíble que el secretariado de Ramsar no haya verificado qué condiciones tenía la laguna, porque “no es posible que se haga una protección de la mitad o de una parte de la laguna, cuando la otra parte se está dedicando a industria de alto impacto y riesgo, esto es, la laguna es una unidad hidrológica completa, el agua fluye en los cuatro vasos, va y viene; entonces qué es lo que va a suceder cuando entre la ampliación del puerto de Manzanillo con 87 posiciones de atraque, la cantidad de sustancias que va a descargarse en la laguna, lo que ya está sucediendo de hecho con la regasificadora, entonces todo eso está repercutiendo en el vaso 3 y 4, que supuestamente quieren proteger”.

Según la coordinadora de Bios Iguana, no se puede calcular la superficie de manglar dañada actualmente. “Creo que nosotros lo que dijimos desde un principio fue que el hecho de que se haya abierto el Canal de Tepalcates no solamente está hipersalinizando todos los cuerpos de la laguna y esto está acabando con este ecosistema salobre, que es lo que necesita el manglar para vivir; el manglar no vive en agua salina ni dulce, sino salobre. Seguramente, porque no hay estudios todavía, ya hay muchos pozos de las comunidades aledañas que se están salinizando, además de que se van a salinizar las tierras de cultivo y todo lo que se documentó en su momento. Seguramente el manglar está muriendo por exceso de sal e inundación de más”.

—El proyecto de ampliación del puerto vendría a ser la puntilla para la laguna?

—Nosotros dijimos en su momento que si el proyecto de la regasificadora se autorizaba, esa era la punta de lanza para abrir a la industria el vaso 2. Y de ahí, claro, el vaso 3 está a la mano. Son proyectos que van con todo y no se ve voluntad real de mejorar. Lo único que realmente pudiera salvar es la organización de la gente. Eso ha salvado en otros lugares que por muy grande que sea el proyecto si la gente defiende su territorio es difícil que se hagan los proyectos, pero es muy difícil cuando pasa lo que pasó en Cuyutlán, donde los pescadores negociaron una lancha, que ahorita ni siquiera la pueden utilizar para pescar dentro de la laguna.

—¿Tendrían que detenerse los planes de ampliación del puerto y de otros proyectos industriales para que no continúe el daño?

—El daño ahorita está hecho, pero por supuesto que a medida que se vayan integrando más y más proyectos, nos vamos a quedar sin nada. Es un hecho. Nos quedaríamos con un estanque que a lo mejor se vería bonito, pero que no ofrece ningún servicio ambiental; a lo mejor perdemos todas las especies que permanecen en esa zona, y las aves migratorias pierden un hábitat, pese a que está más que documentada la importancia de la Laguna de Cuyutlán.

La próxima semana se presenta dictamen contra MAM

Colima, México, Avanzada (05/10/2017).- El integrante de la Comisión de Hacienda en el Congreso local, Nicolás Contreras Cortés señaló que la próxima semana se estará presentado al pleno del Poder Legislativo el dictamen relativo a la Auditoría Excepcional a los tres últimos años del gobernador Mario Anguiano Moreno.

En entrevista con medios de comunicación indicó que el trabajo prácticamente está concluido, por lo que en la próxima sesión legislativa se estará incluyendo este punto en los asuntos que deberán dictaminarse el próximo jueves a las 11 de la mañana.

Nicolás Contreras Cortés refirió que el dictamen contempla sanciones para el ex gobernador Mario Anguiano Moreno y para varios de sus funcionarios por las presuntas irregularidades que documentó el OSAFIG una vez que concluyó la fiscalización de los recursos.

El pasado fin de semana, el periódico digital AVANZADA publicó que la Comisión de Hacienda del Congreso local se perfila para proponer una “sanción light” en contra del exgobernador Mario Anguiano Moreno y varios de sus funcionarios, pues mientras la auditoría excepcional mostró que en los tres últimos años el desvío de recursos ascendió a más de mil 900 millones de pesos, el Congreso local sólo recuperaría 148 millones 625 mil 673 pesos.

De acuerdo con el proyecto de pre dictamen para el ex mandatario se propone una inhabilitación por 23 años para ocupar cargos públicos y el resarcimiento de 38 millones 578 mil pesos de forma directa y de 6 millones 578 mil pesos de manera subsidiaria.

Los diputados locales analizarán este dictamen después de un año de mantenerlo “en la congeladora” y justo a unas semanas de que inicie el proceso electoral local.

La Comisión de Hacienda está integrada por tres diputados que conforman el bloque oficialista en el Congreso local, (Santiago Chávez, Federico Rangel Lozano y Nicolás Contreras cortés) además por los diputados panistas Riult Rivera y Julia Jiménez a quienes se les vincula con el empresario Pedro Peralta Rivas, primo hermano del actual gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.

En tanto, en la sesión de ayer, el diputado Nicolás Contreras Cortés presentó un punto de acuerdo donde le solicitó a la Contraloría del Gobierno del Estado que investigue y promueva castigo para los responsables de no haberle pagado a los docentes durante los años 2014, y 2015, lo anterior a pesar de que ya estaba presupuestado.

Sin embargo a través de redes sociales profesores han criticado la postura de Contreras y señalan que se tardó dos años en presentar el punto de acuerdo, cuando él tomó protesta como legislador desde el 215, un mes antes de que terminara el gobierno de Mario Anguiano Moreno.