Colima, sin inversiones que detonen el desarrollo y generen empleos bien remunerados

Durante su campaña como candidato del PRI a la gubernatura, José Ignacio Peralta Sánchez aseguró que Colima podía crecer más. Fotografía: www.eleconomista.com.mx .

Colima, México, Avanzada (05/12/2017).- En los primeros 22 meses del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, los proyectos que detonen el crecimiento económico en el Estado son nulos.

Desde que asumió la gubernatura y hasta la fecha, por lo general, están ausentes de sus discursos los anuncios de nuevas inversiones producto de la instalación de empresas que generen empleos remunerados en el estado y que permitan apoyar la economía local.

En estos casi dos años de gobierno, Ignacio Peralta Sánchez se ha dedicado a anunciar inversiones de diferentes programas destinados a apoyar el campo, el turismo, la ejecución de obra pública, pero no proyectos que le permitan a Colima generar ingresos propios y reactivar la economía local.

Por ejemplo, el 19 de enero de este año, el mandatario estatal Ignacio Peralta Sánchez informó que para la construcción de un Hotel-Boutique cerca de la Laguna de Juluapan en el cual se invertirían cerca de 400 millones de pesos, pero no se ofreció información para saber el número de empleos que generaría y si a éstos podrían postularse los colimenses.

Sin embargo, dicho proyecto en la actualidad funciona como un campo de Golf exclusivo, dirigido al turismo extranjero y en sus instalaciones cuenta con una casa club, y un restaurante internacional.

El 14 de junio de este año, la empresa Peña Colorada anunció una inversión de 150 millones de dólares para su planta en Colima, no obstante, dichos recursos forman parte del crecimiento de esta empresa minera.

Mientras que el 14 de octubre de 2017, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Fomento Económico, a cargo de Carlos Domínguez Ahedo sostuvo un encuentro con representantes de la empresa alemana ARENSIS, con el objetivo de estudiar la posibilidad de instalar una planta peletizadora en el Estado de Colima para aprovechar el material orgánico de desperdicio que se genera por la siembra de frutos y caña.

A casi dos meses de anunciado, no se ha emitido ninguna nueva información para saber el avance de esas negociaciones.

En octubre de este año, el secretario de Turismo, César Castañeda recordó que se estaban afinando los últimos detalles para la instalación de la Rueda de la Fortuna en Manzanillo, en la cual se invirtieron 150 millones de pesos.

Aunque el proyecto pretende detonar el turismo en el puerto, aún se desconoce el contrato que firmó el gobierno del Estado para atraer dicha inversión, pues el área donde se instalará el proyecto, pertenece al patrimonio de los colimenses.

Prácticamente la última vez que en el Gobierno de Colima se habló de la inversión de una nueva empresa fue en el 19 de julio de 2014 durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno, cuando el Gobierno de Colima firmó un convenio con los representantes de la empresa española NPG, la cual se encargaría de fabricar televisores y su planta se instalaría en el municipio de Tecomán.

Durante el anuncio, los directivos de la empresa señalaron que para la instalación de la fábrica se invertirían 100 millones de dólares, y ésta crearía 400 empleos directos e indirectos en el estado.

Aunque la empresa se instaló ésta no funcionó como se tenía planeado, y por el contrario, en la actualidad está sujeta a una investigación judicial por actos de corrupción que se evidenciaron a partir de la Auditoría Excepcional que el Órgano Fiscalizador en Colima practicó al Sistema Estatal de Financiamiento para el Desarrollo Económico del Estado.

En 21 meses, por 1,400 MDP Colima pagó 200 MDP de intereses a bancos de la familia Hank


Colima, México, Avanzada (04/12/2017).- En 21 meses, de enero de 2016 a septiembre de 2017, el gobierno estatal pagó 199 millones 202 mil 098 pesos con 97 centavos tan sólo por el concepto de intereses por los dos créditos contratados con los bancos Banorte e Interacciones, propiedad de la familia Hank.

El empréstito con Banorte, originalmente por 900 millones de pesos, data del año 2011 y fue solicitado con el propósito de resolver la problemática generada por el huracán Jova, y seis años después apenas se han cubierto 85 millones de pesos del capital.

A su vez, el crédito por 638 millones fue solicitado al final del gobierno de Mario Anguiano Moreno y refinanciado con otro préstamo en diciembre de 2015 durante el gobierno interino de Ramón Pérez Díaz, y a la fecha apenas se han cubierto 16 millones correspondientes al capital.

Precisamente esos dos créditos, el primero con clave 45523370 y el segundo con clave 430259, por un total de 1 mil 436.3 millones, son los que serán refinanciados con el crédito autorizado recientemente por el Congreso del Estado.

Al respecto, el secretario de Planeación y Finanzas, Carlos Arturo Noriega García, informó que el en el tema de la reestructuración de los créditos, lo que solicitó el Gobierno del Estado ante el Congreso del Estado, es el refinanciamiento hasta de mil 400 millones de pesos que se tiene con la banca comercial, para obtener una mejor tasa de interés.

A través de un comunicado, el funcionario resaltó que como señaló anteriormente el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, es importante aclarar que no se está pidiendo un nuevo crédito, ni se está pidiendo más plazo y tampoco se cambiará ninguna de las consideraciones que ya estaban establecidas en los contratos de los créditos.

Recordó que estos dos créditos, uno de ellos refinanciado en diciembre del 2011 y otro en diciembre del 2015, su plazo para pagar es de 20 años, actualmente con una tasa de interés del 10.5%.

Agregó que en el caso del crédito de 638 millones de pesos, resta un plazo de pago de 18 años, y el que se tiene con Banorte por 900 millones de pesos, quedan 14 años de pago, por lo que en lo que resta de esta administración, se podría lograr un ahorro anual total de alrededor de 70 millones de pesos.

“El plazo a pagar es exactamente el mismo que está firmado en el convenio, el monto no va a cambiar, nuestro saldo absoluto va a seguir siendo igual, no le vamos a incrementar un peso más de deuda al Estado, lo único que queremos es mejorar esa condición en específico, lo que se puede lograr con el buen manejo financiero que se ha tenido en los últimos años”, puntualizó.

Ley de Seguridad Interior es la militarización del país, advierte ONG

Colima, México, Avanzada (04/11/2017).- El presidente del Comité de Derechos Humanos No Gubernamentales, Efraín Naranjo Cortés solicitó a los senadores no avalar la Ley de Seguridad aprobada por la mayoría de los diputados federales y sentenció que dicha propuesta “militariza” el país.

Advirtió que dicha ley será impugnada por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, las cuales no pueden permitir el retroceso que se pretende instaurar en todo el territorio nacional.

Refirió que la Ley de Seguridad Interior se contrapone con el artículo primero constitucional que señala la progresividad de las garantías e insistió que el tema es grave y preocupante no sólo para los defensores de los derechos humanos, también a la sociedad en general.

“Consideramos que la presencia de marinos y soldados en las calles, es un gran error, es muy grave lo que está sucediendo y el llamado es a los senadores que no la aprueben”.

Advirtió que de aplicar esa ley en el país, habrá un incremento en el número de personas asesinadas, violentadas, ultrajadas, “será una desgracia, un genocidio, más todavía que lo registrado desde el gobierno de Felipe Calderón hasta la fecha”.

Recodó que los militares no están preparados para ser policías preventivos o ministeriales, “el ejército está hecho para matar, para defender la soberanía nacional en casos de guerra, pero este no es el caso, por eso vemos muy peligroso lo que se hizo, y desde luego, que es una militarización”.

Además dijo que también se está anulando el derecho a cualquier tipo de movimiento de protesta, “aunque eso abre la posibilidad de que podamos impugnar la ley”.

Insistió que por ello la nueva legislación debe impugnarse, “incluso a través de los partidos que no estuvieron de acuerdo con la ley, pues se estará militarizando el país, eso es delicado, no podemos permitir la regresión de los derechos humanos”.

 

Jugosas pensiones para ex funcionarios de Colima


Colima, México, Avanzada (04/12/2017).- En Colima los funcionarios que han estado ligados al poder forman parte de la lista de trabajadores de gobierno beneficiados con jubilaciones onerosas en contraste con otros empleados que no tenían puestos de primer nivel y a quienes sus percepciones de retiro prácticamente les son insuficientes para cubrir sin problema sus necesidades de alimentación, vestido, salud y recreación.
Una de las últimas pensiones “jugosas” fue la aprobada el pasado 31 de agosto cuando los integrantes del Congreso local aprobaron una jubilación mensual de 98 mil 41 pesos con 24 centavos, para la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Ma. Concepción Cano Ventura.
La jubilación excede el tope máximo de 38 mil 419 pesos que se encuentra en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados y que ha sido aplicada para la burocracia en general a excepción de aquella que ha promovió amparos en contra de dicha medida.
Sin embargo dicho tope no aplica para jueces y magistrados, pese a que a ellos también se les otorga una pensión estatal.
El 6 de agosto de 2014, los integrantes del Poder Legislativo aprobaron la jubilación como trabajadora de gobierno, de Alma Delia Arreola Cruz, esposa del ex gobernador Mario Anguiano Moreno.
A Arreola Cruz se le autorizó una percepción mensual de 29 mil pesos.
Además, en enero de este año, la mayoría de los diputados del PRI, PVEM, PT e Independientes, aprobaron a la jubilación de 22 mil 659 pesos para Audelino Flores Jurado, como trabajador del Gobierno del Estado, a pesar que desde hace 40 años es el líder sindical en Tecomán.
Estos no han sido los únicos casos, el 18 de octubre de 2012, los diputados locales aprobaron la jubilación del presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) Guillermo Ruelas Ocampos, quien recibe mensualmente 74 mil 562 pesos, y anualmente 894 mil 746 pesos.

Más beneficiados
El ex secretario de Planeación en el sexenio de Fernando Moreno Peña, Ángel Mario Martínez Torres, la viuda de Gustavo Vázquez, Norma Galindo Matías, el ex magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Felipe Chávez Carrillo son algunos de los ex funcionarios que también obtuvieron jubilaciones onerosas en comparación con el resto de los trabajadores de gobierno del estado.
En septiembre de 2009 y en la penúltima sesión de la LV legislatura en el Congreso del Estado, la mayoría de legisladores, es decir los priistas, aprobaron pagar a Felipe Chávez Carrillo la cantidad de 45 mil 727 pesos 62 centavos al mes es decir de 548 mil 731 pesos con 44 centavos al año.
Otra de las pensiones onerosas fue para Antonio Pérez Rocha quien se encontraba adscrito a la Dirección General para la Innovación de la Gestión Pública, dependiente de la Secretaría de Administración, y quien recibe desde el 2009, una pensión por Jubilación equivalente al 100% de su sueldo correspondiente a una percepción mensual de 47 mil 679 pesos 72 centavos.
La ex coordinadora general del Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en Riesgo (PANNAR) Pastora Leticia Ferráez Lepe fue pensionada con el equivalente de 100% de su sueldo equivalente a 29 mil 624 pesos

Dictamen polémico
El 16 de agosto de 2005 – a tres meses de haber iniciado el gobierno de Silverio Cavazos Ceballos- el ex secretario de Planeación en el gobierno de Fernando Moreno Peña, Ángel Mario Martínez Torres recibió la noticia de que el Congreso del estado había autorizado su pensión equivalente al 53.28% de su sueldo correspondiente a la categoría de Secretario, adscrito a la Secretaría de Planeación de Gobierno del Estado.
En el dictamen público se establece que de acuerdo al cálculo elaborado por la Dirección de Gestión y Desarrollo de Personal, se le autorizó una percepción mensual de 30 mil 978.97 centavos y anual de 371 mil 747.64 centavos.
La aprobación de dicho dictamen causó controversia entre algunos de los diputados locales sobre todo de oposición ya que insistían en que el ex funcionario no cumplía con los requisitos para ser pensionado.
Ese mismo día se autorizó pensión a un trabajador del gobierno que había cumplido 24 años de servicio a quien se le autorizó un pago mensual de 4 mil 964.22 centavos.


La pensión para la familia del ex gobernador Gustavo Vázquez

Desde el 2004 y tras el fallecimiento del gobernador Gustavo Vázquez Montes el Congreso del Estado aprobó otorgar pensión por viudez y horfandad a la esposa y a los hijos del ex tinto mandatario.
En dictamen se establece que en vida Gustavo Alberto Vázquez Montes recibía una percepción mensual de 96 mil 969.32 centavos y anual a 1 millón 163 mil 631 pesos con 84 centavos y se estableció que el 50 por ciento de esa percepción sería para la viuda Norma Alicia Galindo Matías, es decir, aproximadamente 48 mil 484 pesos.

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OSAFIG denunció penalmente a ex funcionarios por peculado

Colima, México, Avanzada (04/12/2017).- El titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) Armando Zamora González, denunció penalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a 10 ex funcionarios del SEFIDEC y dos empresas beneficiarias en contratos irregulares por la presunta comisión del delito de peculado, uso indebido de recursos públicos y falsedad de declaraciones de servidores públicos.

Dicha denuncia la sustentó en los resultados de la Auditoría Excepcional que el OSAFIG realizó a las cuentas del SEFIDEC durante el 2013, 2014, y 2015, donde detectó daños a la Hacienda Pública Estatal y la posible comisión de delitos que están contemplados en la Ley de Contabilidad Gubernamental.

La denuncia la interpuso Zamora González desde el pasado 25 de septiembre de este año y en ella se incluye a la ex secretaría de Finanzas, quien también fuera titular del SEFIDEC, Blanca Isabel Ávalos.

El OSAFIG incluyó dentro de su denuncia penal a la empresa NGP Latam, quien recibió 30 millones de pesos por parte de la administración del ex gobernador Mario Anguiano Moreno para incentivar la creación de empleos a través de la elaboración de televisores, sin embargo dicha empresa ni si quiera se instaló en la entidad.

Así también el OSAFIG detectó una cuenta registrada fuera de la contabilidad del SEFIDEC en la que se utilizaron 52 millones de pesos.

En su informe, el Auditor Superior señaló como irregularidad la apertura de una cuenta bancaría con el registro 0104816460101 en el Banco Bajío, la cual operaba sin aparecer en el registro en la contabilidad del SEFIDEC.

De dicha cuenta se utilizaron de forma discrecional 20 millones de pesos, y aunque los funcionarios del sexenio pasado argumentaron que el dinero que manejaban se utilizaron para diversos proyectos, como la compra de despensa, el apoyo para la comunidad de Zacualpan, un programa de competitividad para potenciar la agro industria.

El OSAFIG determinó que los funcionarios involucrados no lograron demostrar con la documentación contable requerida, el destino de dichos recursos, por eso, propuso una propuesta de sanción por 14 años para ocupar cargos públicos estatales o municipales a Blanca Isabel Ávalos, quien era directora del SEFIDEC y después titular de Finanzas en la pasada administración, además, el órgano fiscalizador propone una sanción económica directa por 20 millones de pesos por el probable daño a la Hacienda Pública Estatal.

El OSAFIG señaló que esta propuesta de sanción es por la ausencia de registros contables y documentación de soporte de las operaciones financieras realizadas en dicha cuenta, además por autorizar transferencias electrónicas y cheques de dicha cuenta, sin solicitar la autorización de la Junta de Gobierno, máximo órgano dentro de la estructura del SEFIDEC.

Así también el SEFIDEC propone inhabilitar por 14 años para ocupar cargos públicos estatales a Gabriel Vázquez Valdovinos, quien se desempeñaba como director de Administración y Finanzas del SEFIDEC; el órgano fiscalizador también solicitó que se le impusiera una sanción económica por 20 millones de pesos por los mismos motivos que a Blanca Isabel Ávalos.

Por ese mismo hecho se solicitó que Haydee Quintero Vázquez, es directora general del SEFIDEC se le imponga una sanción económica resarcitoria por 4 millones de pesos, directa por 100 millones de pesos, y una inhabilitación de 14 años para ocupar cargos públicos, por haber cobrado un cheque a su nombre, sin estar presupuestado.