Contraloría detecta irregularidades financieras en la UTeM

Colima, México, Avanzada (10/11/2017).- La Contraloría de Gobierno del Estado tiene abierta una investigación contra la Universidad Tecnológica de Manzanillo (UTeM) por el manejo irregular de 14 millones 691 mil 788 pesos.

Lo anterior fue informado por la contralora estatal, Águeda Catalina Solano Pérez, quien señaló que se tiene abierta una auditoría que abarcar desde los meses de enero a agosto de 2016.

De dicha fiscalización se detectaron varias observaciones por un monto superior a los 14 millones de pesos, de los cuales 10 millones 887 mil 258 pesos no han podido ser solventados por la autoridad correspondiente.

Refirió que la Universidad Tecnológica de Manzanillo carece de una infraestructura administrativa adecuada y por eso hubo deficiencias en el manejo adecuado de los recursos públicos que se le asignaron como parte del presupuesto.

Por ello expresó que debido a los resultados de la fiscalización, se estarán aplicando las sanciones correspondientes.

Indicó que entre las observaciones que la Contraloría detectó fue deficiencias en el proceso de promoción de profesores de dicha universidad, una de las causas que llevaron al conflicto de estudiantes con las autoridades de la Universidad Tecnológica.

Águeda Solano Pérez dijo que están revisando todas las instituciones que reciben subsidios y expresó que en el caso de los CENDIS Tierra y Libertad (los cuales pertenecen al PT en Colima) se tienen varias observaciones de la Auditoría Superior de la federación, “por una cantidad importante de recursos. Los CENDIS presentaron una carpeta de aclaración que se está analizando” y por eso dijo que no se podía ahondar en más detalles.

Convoca la PUC a asamblea pública sobre acoso de PGR a Arnoldo Vizcaíno

 


Colima, México, Avanzada (10/11/2017).- La organización Productores Unidos por Colima (PUC) anunció una asamblea pública en el Jardín Libertad, que se realizará el próximo lunes, para analizar los riesgos contra las libertades constitucionales, derivados de la “persecución y acoso” de la Procuraduría General de la República (PGR) contra su dirigente, Arnoldo Vizcaíno Rodríguez.

Tras su participación en una protesta contra el gasolinazo el 12 de enero pasado frente a las instalaciones del puerto de Manzanillo, Vizcaíno fue denunciado por la Administración Portuaria Integral (API) ante la PGR, que inicialmente lo acusó de apología del delito y posteriormente añadió el cargo de sabotaje.

Bajo esas circunstancias, el líder campesino compareció el 30 de octubre pasado ante una jueza de control a la audiencia de imputación, pero ésta se difirió para el 16 de noviembre por petición de la defensa del acusado, que ahí se enteró del nuevo cargo en su contra.

En entrevista, Arnoldo Vizcaíno informó que en la asamblea pública, a la que se ha invitado a la ciudadanía en general, se definirán también las estrategias que se seguirán en torno a la audiencia de imputación del próximo jueves.

De acuerdo con la abogada Adriana Ruiz Visfocri, representante legal de Vizcaíno, si la juez de control decide vincularlo a proceso se le dictaría prisión preventiva hasta que concluya el juicio y se emita la sentencia, dada la gravedad del delito de sabotaje del que se le acusa.

Sin embargo, Vizcaíno Rodríguez señaló: “No tengo ninguna preocupación personal, la cárcel no me asusta, pero el mensaje hacia afuera es ominoso, con esto el gobierno está buscando criminalizar la protesta, diciéndole a la sociedad que no se mueva, porque si lo hace, se expone a estos actos de represión”.

En este sentido, añadió, “la lucha no es para proteger a Arnoldo Vizcaíno, es para buscar rescatar y mantener vivo el derecho que tenemos de la libre manifestación, que son libertades constitucionales, y que en nuestra opinión están atentando contra ello”, por lo que en la asamblea pública se realizará un diagnóstico sobre la situación del país en el contexto de los ataques contra estas garantías.

Consideró que es “muy burda e irracional” la forma como la PGR está llevando a cabo la acusación en su contra, “inventando delitos que no se pueden acreditar, como el sabotaje, pero confiamos en el Poder Judicial Federal, que no se dejará influenciar ni someter por personeros de otro poder”.

TEPJF definirá el futuro del Parque Regional en Colima

Colima, México, Avanzada (09/11/2017).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el encargado de definir si en Colima procede el plebiscito que está solicitando la perredista Martha Zepeda del Toro para echar abajo la concesión que el gobernador Ignacio Peralta entregó a un particular para privatizar el Parque Regional Metropolitano.

El recurso interpuesto por la lideresa perredista consiste en un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, a través del cual pretende hacer valer la figura de la participación ciudadana (plebiscito) en la decisión de los asuntos públicos.

Dicho recurso, interpuesto el pasado 3 de noviembre, pretende combatir el resolutivo del Tribunal Electoral del Estado (TEE), a través del cual ratificó la negativa del IEE a organizar el plebiscito solicitado.

En agosto pasado, Martha Zepeda remitió al IEE, junto con un grupo de ciudadanos, la solicitud de que se realizara un plebiscito para decidir el futuro del Parque Regional Metropolitano, actualmente concesionado por el gobierno estatal a un particular.

La presidenta del órgano electoral, Nirvana Fabiola Rosales Ochoa, rechazó tal solicitud, con el argumento de que la misma debe ser turnada a la autoridad, en este caso el gobierno estatal, para que éste determine la viabilidad del mismo y entonces sí, turne la solicitud al IEE

Por esa decisión, Martha Zepeda acudió al TEE para impugnar esa decisión. El órgano jurisdiccional le dio la razón, con el argumento de que el asunto debió ser discutido por el pleno del Instituto Electoral del Estado, no unilateralmente por su presidenta.

Así lo hizo el órgano electoral, tomando la decisión de rechazar la solicitud de plebiscito. Ese nuevo acuerdo fue ratificado por el TEE, resolutivo que es nuevamente impugnado por Martha Zepeda del Toro, esta vez ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

 

 

 

Sanciones impuestas por el Congreso a MAM son "una burla" para los colimenses: Morena

Colima, México, Avanzada (09/11/2017).- El dirigente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado sostuvo que las sanciones impuestas por el Congreso local en contra de Mario Anguiano Moreno son “una burla para el pueblo de Colima”.

Además advirtió que mientras continúe el mismo régimen administrando el poder, los delincuentes, “de cuello blanco seguirán impunes, mientras sus malas acciones, su corrupción e irregularidades seguirán afectando gravemente al pueblo”.

Jiménez Bojado afirmó que el actual gobernador, Ignacio Peralta Sánchez no tiene interés en sancionar a su antecesor y compañero de partido y expresó que sólo basta revisar que por parte de la administración estatal no existe ninguna acción clara y contundente en contra del ex gobernador de Colima, “ni si quiera dentro de su mismo partido el gobernador Ignacio Peralta ha promovido algo”.

Por su parte sentenció que los panistas tampoco están interesados en llevar a la justicia a aquellos que son señalados por corrupción, “porque ellos también son beneficiarios de ello, también en detrimento de los colimenses negocian de forma soterrada, reciben beneficios y para muestra ahí está lo que sucede actualmente en el PAN, la actual dirigencia local está relacionada con el PRI o personas cercanas al gobernador”.

El líder de Morena afirmó que el cambio de régimen de gobierno es lo único que garantiza que se castigue a los malos servidores públicos, y recordó que en el próximo proceso electoral en el estado de Colima se renovarán el Congreso local, y las 10 alcaldías.

“Es la oportunidad que tienen los colimenses de que se haga algo, porque mientras el Congreso siga sometido, continuará simulando que sanciona a aquellos que los han salpicado con la corrupción, además, se necesitan representantes que de verdad le exijan al gobernador cuentas claras y hasta ahora no vemos en Colima que eso suceda”.

Por último dijo que la inhabilitación por 23 años y una responsabilidad resarcitoria de poco más de 40 millones de pesos, no corresponde al saqueo que se cometió durante la pasada administración estatal, “son una bofetada a la población, representan una burla al pueblo de Colima”.

Localizan bolsas con restos humanos en distintos puntos de Manzanillo

Colima, México, Avanzada (09/11/2017).- Por segundo día consecutivo los hechos violentos se concentraron en Manzanillo donde este jueves se localizaron bolsas con restos humanos en diferentes partes del municipio.

Además se encontró el cuerpo de un hombre decapitado, y junto a su cadáver se detectó una cartulina con un mensaje escrito, el cual no fue revelado por la autoridad.

Hasta las 11 de la mañana de este día, la policía encontró en un primer reporte dos bolsas con restos humanos en Fuente las Perlas en el puerto de Manzanillo, horas después en el Libramiento al Naranjo se localizó otras dos bolsas que también contenían restos humanos.

Mientras que en las Brisas fue asesinado un hombre, al parecer que caminaba por una de las calles de ese lugar.

Ayer en Manzanillo, cinco personas fueron asesinadas, dos de ellas desmembradas y sus restos se colocaron en dos bolsas negras.

El pasado mes de agosto se implementó un operativo especial en la zona costera de Colima, en el cual participaron Fuerzas federales, no obstante fuentes extraoficiales revelaron que desde el pasado 30 de septiembre los elementos del Ejército y la Marina ya se retiraron del estado y por ello la violencia recrudeció en las zonas que patrullaban.

En agosto cuando se anunció el plan de Seguridad, el especialista en temas de esa índole, el general José Francisco Gallardo advirtió que una vez que se retiraran las fuerzas federales, la violencia se recrudecería por el vacío de autoridad que se generó.

Gallardo le sugirió al gobernador Ignacio Peralta Sánchez que en vez de cederle el control de la seguridad a la Federación se dedicara a diseñar un plan de atención a las causas de la violencia, por ejemplo que implementara un programa emergente de empleo para los jóvenes y las personas de las zonas afectadas por los hechos delictivos.

Además reforzara el tema educativo, asignara becas a jóvenes de escasos recursos, y ofreciera oportunidades de apoyo a aquellos que tienen proyectos que puedan beneficiar al estado.

El general afirmó que mientras se siga reaccionado ante los hechos delictivos, la ciudadanía seguirá tan expuesta como hasta ahora.