Fiscalización de los recursos públicos: ineficiencia e impunidad


Colima, México, Avanzada (11/10/2017).- Desde finales de la década de los noventas, durante la Legislatura LII del Congreso del Estado —dividida con diez diputados priistas y diez de la oposición— se marcó una nueva época en materia de fiscalización del uso de los recursos públicos en Colima, con la Contaduría Mayor de Hacienda… encabezada en aquel tiempo por Mario Anguiano Moreno.

A partir de entonces abundaron las amonestaciones, sanciones económicas e inhabilitaciones contra exalcaldes, exfuncionarios municipales, exintegrantes de los poderes y de organismos descentralizados y autónomos, en una dinámica que se ha repetido año tras año, pero a pesar de que las multas representan a veces decenas o centenas de miles de pesos, y en algunos casos millones, hasta ahora no se han conocido públicamente evidencias de que algún exfuncionario haya reintegrado recursos públicos al erario.

Aunque nunca antes se había propuesto sancionar e inhabilitar a un exgobernador, en los informes de auditoría entregados el año pasado y el actual al Congreso por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), se han manejado diversos tipos de sanciones contra el otrora fiscalizador y ahora fiscalizado Mario Anguiano Moreno y algunos de sus excolaboradores.

Sin embargo, a pesar de que en uno de los casos el juicio político y las denuncias penales contra Anguiano fueron interpuestas hace más de un año, nada se ha resuelto. Y en estos días, el pleno del Congreso conocerá el nuevo dictamen de la auditoría excepcional 2013-2015, en la que se fija determinada cantidad de años de inhabilitación para el exmandatario y sus excolaboradores, así como la obligación de resarcir al erario más de 148 millones de pesos entre todos.

Aunque la inhabilitación probablemente no preocupe al exmandatario ni a muchos de sus exfuncionarios, la investigación del Osafig y las confirmaciones que se realicen durante el proceso que siga la Comisión de Responsabilidades podrían servir para que el Congreso, el Ejecutivo y/o las instancias fiscalizadoras acusen a Mario Anguiano y corresponsables de delitos tan serios como Coalición de servidores públicos, defraudación fiscal y peculado.

Todo dependerá de la voluntad política que tengan los actuales gobernantes de hacer justicia en este caso, que podría ubicarse como uno de los mayores saqueos del erario en la historia reciente de Colima. De ahí la importancia que las autoridades informen públicamente el momento en que los exservidores públicos responsables reintegren el dinero y que den a conocer en qué se van a utilizar esos recursos.

Si lo anterior no ocurre, quedará en la sociedad una sensación de impunidad, como ha sido lo común en los últimos años, o bien durante las dos décadas recientes.

Tan sólo a finales de 2016 el Congreso propuso sancionar a 92 exfuncionarios de los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez, como resultado de la revisión de las cuentas públicas del periodo fiscal 2015.

Los Informes de Resultados del Ejercicio Fiscal 2015 realizados por el Osafig, propusieron en conjunto sanciones económicas directas, subsidiarias y solidarias por 29 millones 515 mil 527 pesos.

En Armería, se propusieron sanciones administrativas y económicas para 10 funcionarios y dos empresas, por un monto de 1 millón 868 mil 382 pesos. En Colima fueron seis los exfuncionarios para los que se aprobaron sanciones por un monto de 10 mil 843 pesos. En Comala, el Congreso del Estado propuso sancionar a 12 exfuncionarios con 5 millones 532 mil 428 pesos. Se propuso también sancionar al Municipio con dos reintegros a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, uno del año 2015 por 3 millones 385 mil pesos y otro del año 2014 por 100 mil pesos.

En Coquimatlán fueron 15 los exfuncionarios municipales para los que se propusieron sanciones, de las cuales las económicas ascienden a 1 millón 664 mil 690 pesos; en Cuauhtémoc se propuso sancionar a 22 funcionarios, a dos contratistas y a una empresa, de las cuales las económicas son por 2 millones 230 mil 433 pesos.

El total de sanciones económicas propuestas en Ixtlahuacán ascendió a 1 millón 010 mil 565 pesos y fueron 13 los funcionarios a los que se propuso sancionar, mientras en Villa de Álvarez las sanciones económicas propuestas fueron por 17 millones 198 mil 186 pesos, planteándose sancionar a 14 funcionarios, 3 empresas y al Municipio para que reintegre 1 millón 547 mil pesos a la cuenta bancaria del FAISM 2015.

Y así ha sido cada año. El problema es que a pesar de la difusión que se le dan a las propuestas de sanciones, tanto en ese año como en los anteriores, no ocurre lo mismo cuando la Comisión de Responsabilidades determina las sanciones y menos aún cuando el sancionado reintegra los recursos, si es que lo hace, ni se informa hacia dónde se destina ese dinero.

Además, todavía la fiscalización de los recursos públicos en Colima se encuentra en tela de juicio, por la recurrente sospecha de que se realiza bajo tintes partidistas, según la fuerza política que domine el Congreso y por lo tanto el nombramiento de los titulares del órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos.

El 74 por ciento de los colimenses se sienten inseguros: ENVIPE

Colima, México, Avanzada (10/10/2017).- Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que realiza el INEGI muestran que el 74.5 por ciento de los colimenses consideran que Colima es un estado inseguro.

Además, el 72 por ciento de quienes participaron en dicha encuesta se sienten susceptibles de ser víctima de algún delito dentro en el territorio estatal.

La ENVIPE más reciente (septiembre) incluye los meses de marzo y abril, por lo que aún falta conocer cómo se encuentran las estadísticas desde mayo hasta la fecha.

Los resultados de la encuesta que se encuentra disponible en la página del INEGI muestran que 67 por ciento de los colimenses, les preocupa principalmente la inseguridad.

Mientras que a un 35.2 por ciento el incremento de precios; en tercer lugar se encuentra la corrupción, con 32.9 por ciento; en cuarto sitio aparece el desempleo, con 32.8 por ciento; así como los asuntos relacionados con la salud, con 25.9 por ciento y el narcotráfico, con 25.2 por ciento.

En el desglose de información aparece que el 74.5 por ciento de la población considera que el estado de Colima es inseguro, y sólo un 24.9 por ciento menciona que la entidad es segura.

Asimismo, un 72 por ciento de la población en Colima se siente susceptible de ser víctima de un delito e incluso el 65.1 por ciento de los colimenses se ve como posible víctima de robo o asalto en la calle o en el transporte público.

Un 24.1 por ciento considera que la situación en Colima mejorará, un 8.7 dice que seguirá igual de bien; un 31.6 que seguirá igual de mal y 33.4 por ciento que empeorará.

La Marina es la institución con el mayor respaldo de los colimenses, ya que 55 por ciento dijo tenerle mucha confianza; el 47.5 por ciento al Ejército y el 20.3 por ciento a la Policía Federal.

En contraste las instituciones que se perciben con mayor corrupción son la Policía de Tránsito, con un 63.2 por ciento; la Policía Ministerial, con un 60.1; así como los jueces, con un 58.1 por ciento.

 

 

 

 

Este jueves inicia el proceso electoral en medio de crisis de seguridad

 

Colima, México, Avanzada (10/10/2017).- Este jueves 12 de octubre inicia el proceso electoral 2017-2018 en medio de una grave crisis de seguridad que no ha sido controlada sobre todo en los municipios donde se concentra el mayor número de electores: Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa de Álvarez.

En este proceso electoral, Colima cuenta con la tasa más alta de homicidios de todo el país, por encima de entidades como Guerrero o Sinaloa, además, Tecomán, Manzanillo y la capital del estado se encuentran entre los 10 municipios más violentos de México, según los datos del Gobierno Federal.

Con este panorama, y con la instalación del Consejo General del IEE este el próximo jueves 12 de octubre iniciará formalmente el proceso electoral local 2017-2018 donde se elegirán 10 alcaldes y 25 diputados.

El calendario establece que las campañas electorales comenzarán hasta el 29 de abril del próximo año y culminarán el 27 de junio, tres días antes de la elección local y la federal, en ésta última se renovará la presidencia del país y el Congreso de la Unión.

Con la instalación del Consejo General del IEE quedará abierto el periodo de registro para las personas que deseen participar como observadoras y observadores electorales.

Además, la fecha establece que entre el 20 y 27 de noviembre se iniciará con la instalación de los Consejos Municipales Electorales, y después se procederá con la aprobación de la documentación y el material electoral.

Del 15 de diciembre al 05 de enero el IEE publicará la convocatoria donde se estipularán las condiciones a las que deberán sujetarse los aspirantes a candidaturas independientes.

Asimismo se acordó que del 15 de diciembre y hasta el 23 de enero, los partidos políticos registrarán los convenios de coalición para diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos.

El proceso electoral se llevará a cabo en Colima en la peor crisis de seguridad que la entidad ha tenido por lo menos en los últimos cuatro sexenios.

Osafig actuó con dolo, señala Gustavo Allen Ursúa; prepara demanda

Colima, México, Avanzada (10/10/2017).-

Gustavo Allen Ursúa Calvario, exsecretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, anunció que presentará una demanda contra el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), al que acusó de actuar de manera dolosa en la revisión de las cuentas públicas relativas al manejo de los recursos del área de seguridad.

Dentro del informe de Auditoría Excepcional de los periodos 2013-2015, entregado por el organismo al Congreso del Estado, aparecen 13 observaciones relacionadas con el SESP, en las que se establece que el exfuncionario tendría que reintegrar alrededor de 34 millones de pesos cuyo uso no habría sido debidamente comprobado.

En rueda de prensa, Ursúa Calvario señaló que todos los puntos a que se refiere el Osafig ya habían sido fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que acreditó el buen uso del presupuesto.

Además, dijo, desde que se divulgó el informe él mismo entregó a la Comisión de Hacienda del Congreso un legajo de más de mil páginas en las que se comprueba que no existieron las supuestas irregularidades que menciona el Osafig.

Ante los reporteros, Gustavo Allen Ursúa exhibió en una pantalla los documentos probatorios de dos de las trece observaciones que se le hicieron y comentó que el resto los difundirá a través de la página de internet de su despacho jurídico, cuya dirección es www.gustavoallendefensapenal.com.mx

Aseguró que el Osafig tuvo toda esa información antes de emitir su informe, por lo que a su juicio la única razón por la que el organismo actuó sin ética profesional con los intereses de actores políticos partidistas vinculados al Partido Acción Nacional.

Entre los ejemplos que mencionó se encuentra la observación 22.9.3 del Osafig, donde este organismo manifiesta que se realizó la adquisición de un servicio de suministro e instalación de UPS y banco de baterías en los sitios de la red estatal de telecomunicaciones por parte de la empresa Hema Teleinformática SA de CV, “observándose la falta de dictamen u oficio de excepción emitido por el subcomité respectivo o el titular de la dependencia, fundando y motivando en criterios de eficiencia y eficacia, economía, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, oportunidad o financiamiento para el estado, en el que se justifique plenamente el ejercicio de la opción de compra para no llevar a cabo la licitación pública”.

Así mismo, el Osafig dice que “no hubo evidencia de los inventarios y registrados correspondientes, ni evidencia de las memorias técnicas de instalación elaboradas por la empresa, fotografías, etcétera”, por lo tanto, el estatus es “parcialmente solventada” y fija una sanción de un millón 310 mil pesos para Ursúa Calvario, equivalentes al “monto de los daños y perjuicios que se determinaron”, aunque también sanciona con la misma cantidad a la empresa, por considerar que no se llevaron a cabo esos trabajos.

Al respecto, Gustavo Allen Ursúa dijo tener las pruebas de las 13 observaciones que realizó el Osafig, que “además ya están revisadas por la ASF y las cuentas públicas federales están aprobadas”. Mostró un documento donde la ASF dice que el asunto clasificado como 22.9.3 por el Osafig no hay observaciones y que se cumplió con lo estipulado en la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Estado de Colima, entre otras leyes.

Otra de las observaciones del Osafig, la 22.9.7, se refiere a la adquisición de un servicio de suministro e instalación de dos conmutadores para el Centro Estatal de Seguridad y Emergencias de Colima y Manzanillo, a la empresa HS Colima SA de CV, donde concluye que “no se solventa, por lo que no se comprueba la real y efectiva prestación de los servicios pagados por el gobierno estatal”, por lo que le impone a Ursúa Calvario la devolución de casi cuatro millones de pesos, igual que a la empresa.

“Esto —sostuvo— hace ver de manera dolosa que los recursos no se ejercieron, cuando los bienes se encuentran registrados actualmente dentro del patrimonio del gobierno estado, no se esfumó el dinero de seguridad”.

Aclaró que esos conmutadores que según el Osafig no aparecen, son los que se están usando actualmente dentro del sistema de emergencias 911.

Así mismo, añadió el exfuncionario, este rubro también fue auditado por la ASF y resultó sin observaciones, con la anotación de que se revisaron los anexos técnicos, el procedimiento de compra y “al respecto se verificó que la entidad sí contó con los contratos y convenios para la formalización de los servicios prestados por los proveedores en cumplimiento del artículo”.

En lo que se refiere a los servicios prestados y los bienes adquiridos “se verificó que fueron recibidos y entregados en tiempo y forma conforme a la fecha establecida” y “por lo que respecta a la inspección física realizada se verificó la asignación adecuada, el estado actual de los bienes adquiridos y su correcto uso”.

Comentó que él no discute que dentro de la auditoría excepcional el Osafig haya revisado las cuentas, sino “que lo haya hecho mal”.

Crece 25% robo de vehículos en Colima; van 1076 en ocho meses

Automóvil robado el 2 de octubre de 2017, mediante redes sociales piden ayuda para su localización.
Colima, México, Avanzada (10/10/2017).- Durante los primeros ocho meses de 2017 se incrementó 25 por ciento el robo de vehículos en la entidad, en comparación con el mismo periodo del año anterior, al pasar de 860 a 1076 casos denunciados, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización “¿Cómo vamos? Colima”, con base en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Esto significa que entre enero y agosto del presente año fue robado un promedio de 4.42 vehículos cada día, y se registró una tasa de 143.89 automotores sustraídos por cada 100 mil habitantes, notoriamente superior a la registrada en 2016, que fue de 116.89, y a la de 2015, de 88.05.

La tasa correspondiente a 2017 coloca a Colima en quinto lugar nacional en la incidencia de robo vehicular, sólo debajo de Baja California, Querétaro, Estado de México y Sinaloa, además de que supera en más de 44 por ciento la tasa nacional, que fue de 99.35.

El aumento constante en la incidencia de hurto de vehículos en Colima durante los últimos años ubica al estado lejos del logro de la meta que marca el compromiso del gobierno estatal de posicionar a Colima como uno de los tres estados más seguros del país para el año 2021, advierte el estudio de la agrupación.

En el caso de robo de automotores, recuerda “¿Cómo vamos? Colima”, la meta del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, es disminuir la incidencia a una tasa de 10.2 casos por cada cien mil habitantes al concluir el sexenio en 2021.

A lo largo de 2017, el mes en que fue robada la mayor cantidad de vehículos fue en enero, con 168 unidades, mientras que en febrero se dio la cifra más baja, con 103. Durante 2016, los meses en que hubo mayores hurtos fue en noviembre y diciembre, con 190 y 195, en tanto que en enero se dio la menor cantidad, con 65.

De acuerdo con los datos del SNSP, los estados que han tenido la incidencia más baja de robo de vehículos en el lapso de enero a agosto de este año son Yucatán, Campeche, Nayarit, Coahuila y Oaxaca.