El rechazo del PRI a regular publicidad oficial va contra posturas de la ONU, CIDH y SCJN



Colima, México, Avanzada (07/12/2017).- La negativa de la fracción del PRI y sus aliados en el Congreso local para exhortar al gobierno estatal a que establezca criterios objetivos y transparentes en la asignación de publicidad oficial, se contrapone con las posturas expresadas recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El pasado 15 de noviembre la Corte ordenó al Congreso de la Unión regular para antes del 30 de abril próximo el uso del dinero público destinado a la publicidad oficial, ante la omisión de legislar el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a lo que estaba obligado desde febrero de 2014.

La resolución de la SCJN se produjo al conceder un amparo a la organización Artículo XIX, dedicada a promover y defender la libertad de expresión en el mundo.

Una semana después, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó la sentencia de la SCJN con el argumento de que “el uso discrecional de la publicidad oficial puede tener un efecto disuasivo, comparable en términos prácticos al de la censura y a veces servir para premiar o no a medios de comunicación en función de sus líneas informativas”.

Este 5 de diciembre, en tanto, los relatores especiales de la ONU y de la CIDH para la libertad de expresión, la libertad de prensa en el país se encuentra en peligro ante las prácticas del gobierno como la asignación discrecional de la publicidad oficial, pues “es el pretexto para esperar que la prensa mexicana ofrezca una cobertura favorable al gobierno en turno”.

Mientras tanto, en su sesión del miércoles 6, la bancada panista presentó una propuesta de punto de acuerdo para hacer un segundo llamado al Poder Ejecutivo a cumplir la recomendación 08/2016 de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), emitida hace casi un año con la solicitud de que se regule la publicidad oficial, pues su manejo discrecional en las condiciones actuales es violatoria de los derechos a la libertad de expresión, a la información a la legalidad y a la seguridad jurídica de la sociedad colimense y de los medios de comunicación.

Presentado por la legisladora panista Mirna Edith Velázquez, en nombre de su compañera Martha Leticia Sosa Govea, la iniciativa fue rechazada por la fracción del PRI, de los tres diputados independientes, Nueva Alianza y PVEM, sin ofrecer ningún argumento de su decisión.

A principios de julio de este año, seis meses después de la emisión de la recomendación, la diputada Sosa Govea ya había presentado una primera propuesta de punto de acuerdo en ese mismo sentido, esa sí aprobada por todos los diputados, pero no atendida por el gobierno estatal hasta la fecha.

En esta ocasión, la fracción panista señaló en su propuesta que es necesario que en Colima la asignación de recursos relacionados con la publicidad se sujete a reglas y parámetros claros, para evitar que su asignación se use como medio coercitivo del gobierno hacia los medios de comunicación.

En la resolución de una queja presentada cuatro años antes por el director del diario digital Avanzada, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, la CDHEC recomendó al gobierno estatal el 19 de diciembre de 2016 la emisión de lineamientos y criterios objetivos, imparciales y transparentes, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el otorgamiento y distribución de publicidad oficial en favor de los distintos medios de comunicación.

El director de Avanzada denunció haber sufrido la cancelación total del contrato de publicidad y un boicot publicitario instrumentado por el gobierno estatal con motivo de la orientación editorial crítica del medio.

En Colima, 15% de los niños de 5 a 17 años de edad realizan una actividad laboral

Colima, México, Avanzada (08/12/2017).- Ángel tiene 12 años de edad, estudia en la Escuela Secundaria Nocturna en la Capital del Estado y es uno de los tres miembros de su familia que cada semana aportan recursos económicos para el sostenimiento de su hogar.

Es aficionado a los juegos de video pero a esa actividad le dedica poco tiempo de su día, pues trabaja en una florería donde debe cumplir un horario de por lo menos seis horas de lunes a viernes y por lo cual recibe una paga semana de 500 pesos.

No le gusta estudiar en una escuela nocturna porque a las 9 de la noche comienza a darle sueño, pero su horario de trabajo le impidió inscribirse en una escuela matutina o vespertina, pues a la florería que se encuentra cerca del Jardín de San Francisco entra a las 9 de la mañana y sale a las 3 de la tarde.

Ángel nació en Colima, estado que a nivel nacional tiene el mayor porcentaje en trabajo infantil, principalmente en la zona rural, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo a la información, el 15.8 por ciento de la población infantil de entre 5 y 17 años de edad realiza alguna actividad laboral y de este porcentaje, el 8 por ciento no estudia.

Los motivos por los que los niños laboran son los siguientes: 23.3 por ciento lo hace para pagar sus gastos o la escuela; el 22.5 por ciento de los casos, sus familias necesitan que trabajen para completar el gasto de sus hogares, y 22.4 lo hace sólo por ayudar. Únicamente 13.5 por ciento labora para aprender un oficio.

Además, sólo uno de cada cuatro niñas y niños trabajadores concluye la educación básica, situación que deriva en analfabetismo y ausentismo escolar, altos porcentajes de deserción, reprobación o escaso aprovechamiento.

 

La desventaja financiera de Villa de Álvarez

Villa de Álvarez es, por su economía y desarrollo humano, uno de los municipios más importantes del estado de Colima. Es el tercero más poblado, por debajo de Manzanillo y de la capital. Es también uno de los más urbanos, con el noventa y ocho por ciento de sus habitantes viviendo en la cabecera municipal. Las Naciones Unidas lo coloca como el municipio con mayor desarrollo humano de toda la entidad y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal lo evalúa como el de menor rezago y marginación social de entre los diez municipios colimenses.
Además, las Naciones Unidas lo ha calificado como el onceavo municipio con mayor desarrollo humano de todo el país, con indicadores inmejorables en vivienda, salud, educación e infraestructura pública. Sin embargo, esto podría cambiar pronto. Su población crece a un ritmo de 16% cada año y tiene uno de los índices de construcción de vivienda más altos, siendo conocido por muchos años como “el dormitorio de la capital”. Su zona urbana crece a tal grado que el 38.7% de sus colonias aún no están municipalizadas, en detrimento de la calidad de vida de su población y en perjuicio de una prestación eficiente de los servicios básicos.
Así, Villa de Álvarez está siendo presa de su propio éxito. Buena calidad de vida, alto nivel de desarrollo humano, adecuada infraestructura pública y óptimo acceso a educación y salud han traído consigo un crecimiento de la población y de su mancha urbana, que no coinciden con el desarrollo económico ni con el progreso de las finanzas públicas del municipio. Es claro que a más población y a más viviendas es también mayor la demanda de servicios como alumbrado, recolección de basura, banquetas, calles en buen estado, agua potable, drenaje, alcantarillado y seguridad pública; para lo cual se requiere más dinero público, por lo que la realidad que enfrenta el municipio, ubica a las finanzas públicas como su mayor problema y desventaja para responder a lo que pide su gente.
No se trata solamente de la debilidad financiera del presupuesto con que cuenta el Ayuntamiento. Una debilidad cuyos principales síntomas son que el 65% del mismo se va directamente al pago de nómina del personal, o que cada año se erogan casi 12 millones de pesos para el pago de deuda pública, es decir, 3.6% del presupuesto total. El principal problema financiero de Villa de Álvarez es que vive una desventaja financiera de carácter estructural frente a sus municipios pares. Ejemplo de ello es que, aunque Colima y Villa de Álvarez tienen una población de tamaño similar, el presupuesto anual del segundo representa apenas el 55.5% del primero y el 38.6% del presupuesto que tiene Manzanillo, un municipio con una población apenas mayor.
De esta manera, Villa de Álvarez debe enfrentar problemas similares o, en ocasiones, más grandes que los experimentados por Colima o Manzanillo, pero con un presupuesto público ínfimo, que representa apenas la mitad o un tercio de lo que tienen los otros. Sin importar qué gobierno llegue o el color que represente, el reto es igual de invencible: los recursos son tan pocos y los problemas tan grandes, que adquirir más deuda o quedarse en la inacción parecen los únicos caminos posibles. Para muestra de ello, en 2017 Villa de Álvarez cuenta con un presupuesto de 334.5 millones de pesos, mientras que Colima lo tiene de 602.8 millones de pesos y Manzanillo de 867.4 millones de pesos.
Esto requiere una revisión mayor y la identificación de las causales de una desventaja financiera con impactos ya incuantificables en el crecimiento y progreso de un municipio que se ha considerado modelo nacional en desarrollo humano. Es claro que hay recursos que no están llegando a Villa de Álvarez, pero sí a otro lado. También es claro que existe una falla financiera de la que parece no se ha advertido lo suficiente o nada, pues no se han hecho las preguntas ni se han buscado las respuestas sobre por qué, como si fuese el “patito feo” del estado, Villa de Álvarez tiene proporcionalmente mucho menos dinero público del que merece por su tamaño poblacional, dinámica de crecimiento y desarrollo.

 

Por refinanciar crédito bancario, denunciarán penalmente al gobernador de Colima

 

Colima, México, Avanzada (07/12/2017).- La delgada del PRD en Colima, Martha Zepeda del Toro adelantó que el próximo lunes acudirá al Ministerio Público a interponer una denuncia en contra del gobernador Ignacio Peralta Sánchez.

Indicó que el mandatario estatal incurrió en una ilegalidad al haber refinanciado el crédito de 638 millones de pesos que solicitó el gobierno de Mario Anguiano Moreno unas semanas antes de dejar la gubernatura.

La perredista sostuvo que el actual gobernador Ignacio Peralta Sánchez es un mentiroso al anunciar, a través de un video que se difunde en redes sociales, que gracias al manejo eficiente y honesto de los recursos logró un refinanciamiento que permitirá pagar con menos intereses las deudas heredadas por la administración pasada.

Ante ello, Martha Zepeda del Toro adelantó que el lunes acudirá al Ministerio Público a denunciar las “falsedades e ilegalidades en que ha incurrido (el gobernador) con el refinanciamiento del crédito ilegal de los 638 millones de pesos”.

Sentenció que además presentará la acusación ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, instancia que se ha negado a registrar como deuda dicho empréstito que solicitó el ex mandatario Mario Anguiano Moreno, pero que se ejecutó durante el interinato de Ramón Pérez Díaz.

La perredista Zepeda del Toro señaló que tanta burla por parte del ejecutivo “es ofensiva”, y por ello sentenció que procederá en consecuencia.

La semana pasada, la mayoría de los diputados locales autorizaron que el gobernador contratara uno o varios créditos hasta por mil 400 millones de pesos para refinanciar empréstitos por esa misma cantidad, uno de ellos un crédito de 638 millones de pesos.

 

Gobierno de Colima debe implementar la Alerta Alba para localizar a Kelsy Naomi

Colima, México, Avanzada (07/12/2017).- La diputada presidenta de la Comisión de Equidad de Género en el Congreso local, Gabriela Sevilla Blanco, solicitó al Gobierno de Colima la implementación de la Alerta Alba para buscar a la niña Kelsy Naomi Castañeda Córdova, desaparecida desde el pasado 19 de mayo en el municipio de Tecomán.

Indicó que en varios estados del país, entre ellos Jalisco, desde el 2016 se puso en marcha el Protocolo Alba que permite articular esfuerzos de diversas instituciones y autoridades para localizar con vida a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas.

La legisladora urgió a la autoridad estatal a implementar este mecanismo, sobre todo debido a los nulos resultados que tiene la PGJE para localizar a Kelsy Naomi, menor de 9 años de edad, quien lleva 7 meses desaparecida.

Recientemente familiares de Kelsy Naomi acusaron a la PGJE de haber abandonado el caso y sentenciaron que por cuenta propia estaban realizando recorridos en diferentes puntos de la zona de Colima y Michoacán, para conocer cualquier información que les permita encontrar a la menor.

Lo anterior a pesar de los escasos recursos económicos con los que cuenta la familia de Kelsy Naomi.

De acuerdo a la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia en México (CONAVIM), el Protocolo Alba, contempla la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío.

Cuenta con un grupo Técnico de Colaboración, el cual está conformado por diversas dependencias federales y locales, quienes despliegan las acciones oportunas para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, y que continúa operando hasta su localización.

Los integrantes del Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba son: Secretaría de Seguridad Pública Municipal a través de la Policía Municipal; Dirección de Tránsito; Policía Estatal Única; Procuraduría de Asistencia Jurídica y Social (DIF); Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Coordinación de Seguridad Regional, así como de los Centros de Respuesta Inmediata (CERI).

De igual forma la Procuraduría General de la República a través Policía Federal Ministerial, Agregadurías, SEIDO y de la Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer y Trata de Personas; Policía Rural y Comisarías Ejidales; Secretaría de Gobernación a través de la Conavim y del Instituto Nacional de Migración; Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría de Relaciones Exteriores.

En México dicho Protocolo entró en vigor desde el 26 de julio de 2016 y consta de tres fases:

La primera es la presentación de la denuncia y la toma de muestras de ADN para enseguida ingresar la información a un banco de datos, lo que lleva una o dos horas.

La segunda consiste en alertar a 17 dependencias municipales, estatales, federales e internacionales, así como a organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, para buscar a las extraviadas con familiares y amigos, en escuelas, hospitales, el Servicio Médico Forense y otras dependencias, e incluso en el extranjero.

Cada parte debe rendir informes al Ministerio Público en 12 y 24 horas. Cada dependencia tiene tareas asignadas por acuerdos previos.

Si la persona no es localizada en ese lapso, se pasa a la tercera fase, la indagatoria a partir de la presunción de un delito.