Impide Semarnat a SCT construir puente en El Chical; es el segundo revés en dos meses


Colima, México, Avanzada (17/08/2017).- Por segunda ocasión en menos de dos meses, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) autorización para construir una obra en el sector rural de Colima: ahora se trata de un puente en el camino de acceso a El Chical, en el municipio de Coquimatlán.

Antes, la dependencia federal del área ambiental había negado a la SCT la autorización para modernizar el camino rural de Minatitlán, Colima, a Tolimán, Jalisco, por no presentar la información suficiente y adecuada para evaluar su viabilidad ambiental.

El proyecto consistía en la modernización de 9 kilómetros de un camino actualmente en operación, con una inversión estimada de 110 millones 998 mil 087 pesos, equivalentes a 8 millones 538 mil 314 dólares según el tipo de cambio del día en que se elaboró el proyecto.

Ahora, tras analizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), correspondiente al proyecto denominado “Estudios y Proyecto para la Construcción del Puente ‘Armería’, de la carretera ‘Acceso al Chical’, en el Estado de Colima", presentado por el Centro SCT Colima, del 3 de noviembre de 2016, la Semarnat resolvió rechazar la solicitud al determinar que el proyecto viola diversos ordenamientos legales en materia ambiental.

De acuerdo con el documento, el propósito de la construcción del puente es brindar a las comunidades de Coquimatlán, El Chical, El Poblado y circunvecinas una vialidad con las condiciones adecuadas y seguras para el tránsito de una comunidad a otra, en virtud de que actualmente existe un camino de terracería en mal estado, así como un paso de concreto hidráulico dividido en dos secciones, así como por un camino de terracería en mal estado dentro del cauce.

Lo anterior, abunda, “provoca que el paso sea difícil para los habitantes de la región y para los medios de transporte, aunado a esto durante la época de lluvia se genera un peligro mayor para los habitantes de la zona que utilizan esta vía de comunicación al cruzar la corriente de agua con mayor caudal”.

Durante la revisión de la MIA, la Semarnat consideró necesario contar con los elementos necesarios que serían utilizados durante la identificación y evaluación de los impactos ambientales, por lo que solicitó a la SCT mediante el oficio número SGPA/DGIRA/DG/01807 de fecha 09 de marzo de 2017, lo siguiente:

El estudio hidráulico e indicar el gasto de diseño del puente Armería que se considera con el desarrollo del proyecto, especificar si durante el desarrollo del proyecto se tiene considerado efectuar alguna desviación del cauce del Río Armería, señalar la superficie de afectación en la zona federal del Río Armería, indicar si serán desmantelados los tres ramales existentes, que actualmente comunican a las comunidades de Coquimatlán y al Chical, una vez que se encuentre en operación el puente Armería, precisando todas las actividades que conllevaría dicha acción.

Sin embargo, la SCT no presentó la información solicitada, que “representa un insumo para la valoración del impacto ambiental que puede ser generado en el cuerpo de agua por el desarrollo del proyecto”.

En virtud de lo anterior, la dependencia estimó que no se aportaron los elementos suficientes que permitieran realizar el análisis y evaluación de la viabilidad ambiental del proyecto, para determinar que la infraestructura proyectada "puente" es suficiente para el gasto del cuerpo de agua, además de no contar con la descripción de la totalidad de las obras y/o actividades que comprende éste, como la superficie de afectación dentro de la zona federal del Río Armería, con lo que se pudiera determinar el alcance de las superficies adicionales que resultarían afectadas por su desarrollo.

En el oficio de la resolución, la Semarnat informa a la SCT que tiene a salvo sus derechos para ejercer de nueva cuenta las acciones correspondientes para someter ante esta Unidad Administrativa el proyecto, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables.

Llegada de fuerzas castrenses a Colima implica asesinatos extrajudiciales y desaparición de inocentes: General

Colima, México, Avanzada (16/08/2017).- El general José Francisco Gallardo Rodríguez advirtió que la llegada de Marinos y Militares a Colima no solucionará el problema de violencia y por el contrario se corre el riesgo de que se comentan asesinatos extrajudiciales y aumenten las desapariciones en contra de personas inocentes.

El especialista en asuntos militares refirió que el tema de seguridad es complejo y expresó que las acciones gubernamentales no pueden centrase únicamente en la implementación de políticas represivas hacia la sociedad o los delincuentes.

El general Gallardo señaló que recientemente el gobernador Ignacio Peralta Sánchez declaró que estuvo una reunión en la Conago donde le solicitó la intervención del secretario de la Defensa Nacional para mitigar el tema de la seguridad en Colima, “al hacerlo también debió presentar su renuncia al cargo porque la seguridad es su responsabilidad”.

Indicó que en diversos momentos del país, se documentó cómo las fuerzas federales estuvieron detrás de hechos violentos que atentaron en contra de la vida y la dignidad de personas inocentes.

“Para la sociedad es sumamente riesgoso lo que se está haciendo en Colima porque el gobierno piensa combatir a la delincuencia a través de la represión y hemos visto que con esas acciones los más perjudicados son los ciudadanos”.

El general José Francisco Gallardo Rodríguez puntualizó que hace meses estuvo en Tecomán la policía militar y en ese periodo bajó la criminalidad, “pero hicieron detenciones arbitrarias, hubo ejecutados, desaparecidos, secuestrados, y eso es lo que hace el Ejército, la Marina y la Policía Federales, extorsionan a la gente”.

Advirtió que en Colima las fuerzas federales suplirán en el tema de la seguridad a los municipios y al Estado, “y cuando estas acciones que emprendan mitigue un poco la delincuencia, porque lógico que van a mitigar pues los delincuentes no son tontos, entonces se retirarán (las fuerzas federales) y con ello se generará un vacío de poder y ese espacio lo ocupará nuevamente la delincuencia”.

El general José Francisco Gallardo Rodríguez sentenció mientras Ignacio Peralta Sánchez no haga lo que le corresponde como gobernador, “no va a terminar la delincuencia ni hoy, ni en los próximos cinco años, y el problema es que mucha gente inocente va a morir”.

Más adelante expresó que la inseguridad se terminará cuando la violencia llegue a la cúpula del poder, “cuando veamos a altos funcionarios de gobierno, senadores, directores secuestrados, agredidos, violentados, asesinados, que ya lo estamos viendo”.

Señaló que para poder ir mejorando la situación de seguridad, el gobierno de Colima debe legitimarse “porque llegaron ilegítimamente en el poder, porque compraron votos, y una vez legitimados se debe hacer una convocatoria donde participen todas las fuerzas sociales para hacer un diagnóstico y a partir de ahí tomar las decisiones pertinentes”.

Aseguró que si en Colima existiera educación gratuita, fuentes de trabajo, y no hubiera abuso de autoridad por parte del gobierno, “entonces se tomarán las decisiones adecuadas donde se involucre a la sociedad y a todos los sectores sociales”.

Ley antibullying en Colima es letra muerta pese a casos de acoso escolar

Colima, México, Avanzada (16/08/2017).- Se anunció como una de las leyes “de avanzada” para combatir el maltrato infantil en Colima, pero prácticamente, la Ley Integral de Seguridad Escolar es letra muerta pues no cuenta con reglamentación que permita atender la problemática.

La llamada ley contra el bullying fue aprobada en mayo de 2014, por los 25 diputados locales y eso se hizo después de que se informó que en Coahuila un menor de edad había falleció tras ser atacado por sus compañeros de clase.

En el caso de Colima, la Ley de Seguridad Escolar contempla la creación del Consejo Estatal de Seguridad Integral Escolar, que diseñará la política de seguridad integral de las escuelas en el estado, el cual estará integrado por: el gobernador, los secretarios de Educación, de Gobierno, de Seguridad Pública, de Salud, así como el Procurador General de Justicia, el Director General de la Unidad Estatal Protección Civil, el titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

Sin embargo, dicho Consejo ni si quiera se ha conformado, por lo tanto no existe una política de seguridad integral que permita atender los casos de acoso escolar que se registran en Colima y que son uno de los motivos recurrentes por los cuales los padres de familia deciden cambiar de plantel educativo a sus hijos.

La ley tienen como finalidad prevenir cualquier conducta que pueda ser perjudicial para los menores de edad, pero después de que se aprobó, publicó y difundió, ésta quedó en el olvido y hasta la fecha ninguna autoridad la ha desempolvado.

 

Presunta corrupción en el Gobierno de Colima enciende la alarma en el Congreso 

Colima, México, Avanzada (16/08/2017).- La diputada local Martha Sosa Govea afirmó que el Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez está incurriendo en presuntos actos de corrupción, por ello solicitó al Congreso local levantar la voz, “y no guardar silencio como sucedió en el sexenio pasado porque ya conocemos las desastrosas consecuencias de la omisión en la que se incurrió”.

La legisladora explicó que existen elementos suficientes para que el Congreso realice su función y no permita los errores financieros, las contrataciones o gastos sospechosos y los excesos en los que está incurriendo el gobierno del estado.

“Por eso en la pasada sesión les pedía a los compañeros que con lo que hemos visto, hagamos un pronunciamiento porque la legislatura anterior no dijo nada de Mario Anguiano y se acabó todo, pero la mayoría de los actuales diputados rechazaron mi petición”.

La panista refirió que en el actual gobierno se han realizado acciones “preocupantes que deberían alertarnos para estarle pidiendo al gobernador que tenga cuidado, y que él en marzo emitió un acuerdo de confidencialidad que está incumpliendo”.

Sentenció que prueba de ello es el pago, en este último año, de 10 millones de pesos en vehículos, “algunos de ellos costaron hasta 600 mil pesos, así que me parece un gasto innecesario cuando realmente hay necesidades prioritarias, pues por ejemplo 10 millones se gastaron en vehículos y justo son 10 millones los que ya no tienen para pagarle a los maestros de inglés”.

La legisladora local dijo que además hay información de que el gobierno contrató servicios con empresas señaladas por otras instancias, “vemos que hay en el gobierno un mala planeación financiera, hay actos que levantan sospechas y nosotros tenemos que advertir eso”.

Recordó que existen fuertes críticas por la adquisición del predio La Campana, la concesión del Parque Regional, el Mercado de Pescadores, “hay hechos pero no hay transparencia”.

Sosa Govea puntualizó que el gobernador sería el que debería poner orden, “pero no lo hace así que el Congreso debe levantar la voz, pero no quieren hacerlo, los diputados de la mayoría se negaron a pedirle al gobernador que siga las acciones de racionalidad que el mismo aprobó”.

Este viernes vence plazo para que IEE se pronuncie sobre plebiscito


Colima, México, Avanzada (16/08/2017).- El próximo viernes el Instituto Electoral del Estado (IEE) deberá pronunciarse sobre la solicitud de plebiscito que la delegada política del PRD, Martha Zepeda del Toro pidió se realizara con la finalidad de echar a bajo la privatización del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez.
La perrediista indicó que pasado mañana concluye el plazo legal para que los consejeros electoral determinen si procede o no la solicitud para que los colimenses determinen en las urnas el destino del Parque, el cual fue concesionado por el gobierno del Estado a la empresa Fiesta Safari, propiedad de José Ernesto Zazueta.
No obstante Zepeda del Toro señaló que posiblemente el IEE les anuncie la decisión de tomarse más días para discutir la fundamentación legal en la que basaran la respuesta que estarán ofreciendo a los más de 13 mil solicitantes del plebiscito.
Luego añadió que, de acuerdo a los plazos, los consejeros electorales tendrían que sesionar pasado mañana para resolver la solicitud del plebiscito, “pero hemos acordado que haya flexibilidad en los tiempos”.
La perredista colimense refirió que la autoridad electoral tiene que realizar diversas valoraciones legales y técnicas antes de emitir la resolución, “por nuestra parte no hay mayor inconveniente, siempre y cuando no se excedan de algunos días para cumplir con esas consultas”.
Zepeda del Toro expresó que el Instituto Electoral del Estado, Hasta el momento, no ha requerido mayor documentación, además de las firmas y el escrito de solicitud que ya fue presentado.
La delegada del CEN del PRD recordó que en Colima es la primera vez que los ciudadanos pretenden activar la figura de plebiscito para llevar a consulta una decisión del gobernador Ignacio Peralta.