En Colima, dos de cada cien carpetas de investigación se turnan a un juez

Colima, México, Avanzada (11/12/2017).- En Colima de 100 carpetas de investigaciones sólo 2.5 se judicializan, es decir, que son conocidas por un juez para dictaminar una resolución.

Los datos anteriores corresponden a información de 2016, y se encuentran dentro del estudio, “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación Criminal”, el cual fue elaborado por el CIDAC y presentado el pasado 9 de noviembre.

Los datos para el estado muestran que se iniciaron el 100 por ciento de las carpetas de investigación, el 34.6 se encuentran determinadas, y sólo el 2.5 por ciento fueron judicializadas.

Es decir que el rezago en materia de determinación de casos es superior al 50 por ciento, debido a que ni si quiera se ha determinado libertad con base a las facultades del Ministerio Público.

Mientras que el Índice Global de Impunidad en México (IGI-MEX) 2016, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, mostró que en Colima el 67 por ciento de los delitos que se cometen no son castigados por la autoridad correspondiente, es decir que permanecen impunes.

Mientras que el 90.3 por ciento de los delitos que se cometen en Colima no son denunciados ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), es decir que permanecen como cifra negra.

El estudio expone que la cifra de delitos cometidos por cada 100 mil habitantes a nivel nacional fue de mil 444, mientras que en Colima fue de mil 655.

En cuanto a la cifra negra, los números refieren que Colima tiene el 90.3 por ciento, en tanto que a nivel nacional la situación se ubica en el 92.8 por ciento.

 

“Premia” el Senado a María Elena Díaz Rivera, exdelegada de la PA cuestionada

Colima, México, Avanzada (09/12/2017).- María Elena Díaz Rivera, nombrada por el Senado de la República como nueva magistrada numeraria del Tribunal Electoral del Estado (TEE), había sido removida el año pasado de la titularidad de la Delegación de la Procuraduría Agraria en Colima, en medio de denuncias de haber contribuido al aumento del divisionismo y la violencia en la comunidad indígena de Zacualpan.

Tras movilizarse en 2013 contra la explotación de una mina de oro plata, cobre y manganeso, integrantes del Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan (CIDTZ) acusaron a la entonces funcionaria federal de respaldar a un grupo vinculado al PRI y al gobierno estatal.

Con el tiempo, los señalamientos crecieron hasta que en marzo de 2016 Díaz Rivera fue separada del puesto, aunque la dependencia federal no aclaró los motivos de esa decisión.

Antes, el CIDTZ y más de 20 organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), la habían denunciado por “actos intimidatorios, parciales, ilegales y de abuso de autoridad” contra la comunidad indígena de Zacualpan, demandando que se le investigara “para considerar su remoción y deslinde penal”.

Activistas defensores del medio ambiente también la responsabilizaron de presuntas agresiones físicas y amenazas de muerte proferidas por allegados de la exfuncionaria, con el propósito de que desistieran de la lucha.

En 2004, la ahora magistrada electoral —hermana del exprocurador general de Justicia, Arturo Díaz Rivera— había sido nombrada magistrada supernumeraria del TEE por un periodo de ocho años.

El presidente del Consejo Político del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Vldimir Parra Barragán, expresó este viernes su “rechazo enérgico” al nombramiento de María Elena Díaz como magistrada del TEE, ya que “en su actuar, ha demostrado total parcialidad en favor del PRI y de los grupos de poder en la entidad”.

Estimó que ello fue “un premio” del Senado a “tan cuestionada funcionaria” con un nombramiento que “debería otorgarse a personas con probada ética y responsabilidad democrática, características de las que adolece Díaz Rivera”.

Añadió: “No olvidamos que por su complicidad con el gobierno del estado y con personas ligadas al PRI, (la ahora magistrada) fue una de las principales causantes de la situación de violencia y división en la comunidad indígena de Zacualpan, cuando se desempeñó como delegada de la Procuraduría Agraria, mostrando una nula disposición para atender las demandas de los afectados y favoreciendo a grupos violentos al interior de la comunidad, desatendiendo la petición de hacer respetar la voluntad del pueblo que optó por no permitir la instalación de un proyecto minero y peor aún, aliándose con los empresarios mineros”.

Asimismo, “tampoco olvidamos que fue ella quien inició una campaña de odio y criminalización contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos que solidariamente se sumaban a los esfuerzos de la comunidad por preservar su territorio y su medio ambiente”.

Parra Barragán consideró que es claro que el desempeño de la exdelegada de la PA es apoyar y consumar los atropellos que el régimen de corrupción lleva a cabo contra el pueblo. Además, “es preocupante que ante las elecciones que se avecinan, los grupos de poder en Colima, estén moviendo sus piezas para preparar otro fraude electoral porque saben que los resultados en las urnas no les favorecerán”.

Cuatro muertos y un herido durante ataque armado en Manzanillo


Colima, México, Avanzada (08/12/2017).- Cuatro personas murieron y una resultó herida durante un ataque perpetrado por hombres armados en una vivienda de la colonia Nuevo Miramar, Delegación Santiago, en el municipio de Manzanillo.

Según versiones extraoficiales, en el momento de la agresión, ocurrida la tarde de este viernes, murieron tres personas y dos más fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica, pero una de ellas murió en el trayecto.

Trascendió que la víctima que perdió la vida camino al nosocomio era menor de edad del sexo masculino, mientras que las edades de los tres fallecidos restantes oscilaban entre 25 y 30 años.

De acuerdo con datos preliminares, los atacantes se introdujeron a la vivienda para dispararles a sus ocupantes y posteriormente huyeron a bordo de un vehículo cuyas características se desconocen.

Hasta esta noche, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no había emitido información oficial respecto de este suceso.

Ninguna prospera, ex gobernador MAM enfrenta denuncias ante PGR, PGJE, y Comisión de Responsabilidades

 

Colima, México, Avanzada (08/12/2017).- Desde el 2015, cuando concluyó su gobierno, Mario Anguiano Moreno se ha visto envuelto en un escándalo de corrupción, por el cual tiene por lo menos 2 denuncias penales en el ámbito estatal, 11 en el federal, y tres procesos abiertos en la Comisión de Responsabilidades en el Congreso local, pero ninguno de ellos ha prosperado.

El proceso más reciente que deberá enfrentar el ex gobernador de Colima se deriva de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, la última de su gobierno y de ella se desprende una sanción por 66 millones de pesos en contra del titular del Ejecutivo, así como varios de sus funcionarios por la simulación de actos jurídicos para disponer de recursos públicos para fines distintos a lo programado.

En la Comisión de Responsabilidades, el ex mandatario colimense, y su ex secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos tendrán que aportar pruebas suficientes para echar abajo las propuestas de sanción que aprobó el Congreso local por la fiscalización de dicha cuenta.

Las sanciones propuestas son la inhabilitación para ocupar cargos públicos por un periodo de 14 años a cada uno y sancionarlos económicamente con el resarcimiento de 66 millones de pesos a las arcas estatales.

Sin embargo, este martes, durante la apertura del juicio en la Comisión de Responsabilidades, el ex gobernador Mario Anguiano Moreno y Blanca Isabel Ávalos decidieron no asistir, ni tampoco enviar a algún abogado para que los represente, en cambio hicieron llegar al titular de dicha Comisión, el legislador, Riult Rivera Gutiérrez, una serie de documentos con los cuales pretenden desvirtuar los señalamientos.

Ante esta situación, el diputado Riult Rivera Gutiérrez manifestó que el juicio continuará y la información que envió el ex gobernador y Blanca Isabel Ávalos será analizada como partes de las pruebas, sin embargo los dos personajes implicados perdieron la oportunidad de presentar testigos al no haber asistido al llamado que le hizo dicha comisión.

Además de ese juicio, Mario Anguiano Moreno, enfrenta dos denuncias penales en la Procuraduría General de Justicia del Estado, una de ellas fue interpuesta por el Órgano de Fiscalización derivado de la Auditoría Excepcional que se hizo a los tres últimos años de Anguiano Moreno y en la que se documentó el presunto desvío de más de 2 mil millones de pesos.

La otra denuncia también la interpuso el OSAFIG y es por el uso indebido de 66 millones de pesos, según la fiscalización de la Cuenta Pública 2015.

Además, La Auditoría Superior de la Federación presentó 11 denuncias en contra del gobierno de Colima durante el periodo de Mario Anguiano Moreno por la simulación de reintegros de recursos federales.

De igual forma, Anguiano tiene abierto dos juicios políticos en la Comisión de Responsabilidades, uno de ellos interpuesto por la pasada legislatura, otro más por la perredista Martha Zepeda del Toro.

También tiene abierto un proceso de responsabilidad administrativa por la contratación del crédito de 638 millones de pesos.

Hasta el momento, ninguno de los procesos ha concluido.

OSAFIG podría ser cómplice de la corrupción tras la renuncia del auditor

Avanzada, México, Comunicado (08/12/2017).- El representante de Movimiento Ciudadano (MC) en Colima, Leoncio Morán Sánchez señaló que tras la renuncia del Auditor Superior en la entidad, Armando Zamora, se corre el riesgo de que los entes fiscalizadores sean cómplices de la corrupción de los gobiernos.
Indicó que antes del 2015, fecha en la que Armando Zamora arribó al OSAFIG, era difícil que ese Órgano de Fiscalización sancionara a algún funcionario público, pese a las evidentes pruebas de irregularidades.
"Con la llegada de Armando no sólo supimos el tamaño de la corrupción en el Estado, también las formas que utilizaban para saquear las finanzas públicas y al detectar eso, el Auditor hizo lo que nunca en Colima, denunciar penalmente a servidores públicos, como el ex gobernador Mario Anguiano Moreno".
Indicó que antes del 2015, los Auditores solapaban a los gobernantes y se convertían en cómplices de los malos manejos financieros.
"Ahí está el caso de Mario Anguiano, durante su gobierno el OSAFIG y el Congreso le aprobaron las Cuentas Públicas, jamás hubo observaciones graves y llegó Armando Zamora al OSAFIG y con una sola Auditoría mostró que en tres años hubo un desvío de más de 2 mil millones de pesos ".
Morán Sánchez afirmó que a partir del 15 de diciembre cuando el actual auditor deje el cargo se corre el riesgo de que el OSAFIG se convierta nuevamente en un ente que solape las irregularidades.
"Por eso es grave que Armando se vaya, confío en que su renuncia sea por motivos personales porque sé de su compromiso y responsbilidad".
Más adelante consideró lamentable que el Congreso local no haya estado a la altura del combate a la corrupción, "y hayan dejado sólo al Osafig en esta lucha, ahora el riesgo es de que todo lo que se hizo en dos años se puede perder y los saqueadores de Colima seguirán impunes".