Fiscalización de los recursos públicos: ineficiencia e impunidad


Colima, México, Avanzada (11/10/2017).- Desde finales de la década de los noventas, durante la Legislatura LII del Congreso del Estado —dividida con diez diputados priistas y diez de la oposición— se marcó una nueva época en materia de fiscalización del uso de los recursos públicos en Colima, con la Contaduría Mayor de Hacienda… encabezada en aquel tiempo por Mario Anguiano Moreno.

A partir de entonces abundaron las amonestaciones, sanciones económicas e inhabilitaciones contra exalcaldes, exfuncionarios municipales, exintegrantes de los poderes y de organismos descentralizados y autónomos, en una dinámica que se ha repetido año tras año, pero a pesar de que las multas representan a veces decenas o centenas de miles de pesos, y en algunos casos millones, hasta ahora no se han conocido públicamente evidencias de que algún exfuncionario haya reintegrado recursos públicos al erario.

Aunque nunca antes se había propuesto sancionar e inhabilitar a un exgobernador, en los informes de auditoría entregados el año pasado y el actual al Congreso por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), se han manejado diversos tipos de sanciones contra el otrora fiscalizador y ahora fiscalizado Mario Anguiano Moreno y algunos de sus excolaboradores.

Sin embargo, a pesar de que en uno de los casos el juicio político y las denuncias penales contra Anguiano fueron interpuestas hace más de un año, nada se ha resuelto. Y en estos días, el pleno del Congreso conocerá el nuevo dictamen de la auditoría excepcional 2013-2015, en la que se fija determinada cantidad de años de inhabilitación para el exmandatario y sus excolaboradores, así como la obligación de resarcir al erario más de 148 millones de pesos entre todos.

Aunque la inhabilitación probablemente no preocupe al exmandatario ni a muchos de sus exfuncionarios, la investigación del Osafig y las confirmaciones que se realicen durante el proceso que siga la Comisión de Responsabilidades podrían servir para que el Congreso, el Ejecutivo y/o las instancias fiscalizadoras acusen a Mario Anguiano y corresponsables de delitos tan serios como Coalición de servidores públicos, defraudación fiscal y peculado.

Todo dependerá de la voluntad política que tengan los actuales gobernantes de hacer justicia en este caso, que podría ubicarse como uno de los mayores saqueos del erario en la historia reciente de Colima. De ahí la importancia que las autoridades informen públicamente el momento en que los exservidores públicos responsables reintegren el dinero y que den a conocer en qué se van a utilizar esos recursos.

Si lo anterior no ocurre, quedará en la sociedad una sensación de impunidad, como ha sido lo común en los últimos años, o bien durante las dos décadas recientes.

Tan sólo a finales de 2016 el Congreso propuso sancionar a 92 exfuncionarios de los municipios de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez, como resultado de la revisión de las cuentas públicas del periodo fiscal 2015.

Los Informes de Resultados del Ejercicio Fiscal 2015 realizados por el Osafig, propusieron en conjunto sanciones económicas directas, subsidiarias y solidarias por 29 millones 515 mil 527 pesos.

En Armería, se propusieron sanciones administrativas y económicas para 10 funcionarios y dos empresas, por un monto de 1 millón 868 mil 382 pesos. En Colima fueron seis los exfuncionarios para los que se aprobaron sanciones por un monto de 10 mil 843 pesos. En Comala, el Congreso del Estado propuso sancionar a 12 exfuncionarios con 5 millones 532 mil 428 pesos. Se propuso también sancionar al Municipio con dos reintegros a la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, uno del año 2015 por 3 millones 385 mil pesos y otro del año 2014 por 100 mil pesos.

En Coquimatlán fueron 15 los exfuncionarios municipales para los que se propusieron sanciones, de las cuales las económicas ascienden a 1 millón 664 mil 690 pesos; en Cuauhtémoc se propuso sancionar a 22 funcionarios, a dos contratistas y a una empresa, de las cuales las económicas son por 2 millones 230 mil 433 pesos.

El total de sanciones económicas propuestas en Ixtlahuacán ascendió a 1 millón 010 mil 565 pesos y fueron 13 los funcionarios a los que se propuso sancionar, mientras en Villa de Álvarez las sanciones económicas propuestas fueron por 17 millones 198 mil 186 pesos, planteándose sancionar a 14 funcionarios, 3 empresas y al Municipio para que reintegre 1 millón 547 mil pesos a la cuenta bancaria del FAISM 2015.

Y así ha sido cada año. El problema es que a pesar de la difusión que se le dan a las propuestas de sanciones, tanto en ese año como en los anteriores, no ocurre lo mismo cuando la Comisión de Responsabilidades determina las sanciones y menos aún cuando el sancionado reintegra los recursos, si es que lo hace, ni se informa hacia dónde se destina ese dinero.

Además, todavía la fiscalización de los recursos públicos en Colima se encuentra en tela de juicio, por la recurrente sospecha de que se realiza bajo tintes partidistas, según la fuerza política que domine el Congreso y por lo tanto el nombramiento de los titulares del órgano encargado de revisar el manejo de los recursos públicos.