Dos años después piden a Contraloría investigar impago en Educación

Colima, México, Avanzada (06/10/2017).- El Congreso de Colima solicitó a la Contraloría del Gobierno del Estado que inicie con una investigación y sanciones a quienes son los responsables por impago de algunas prestaciones a los trabajadores de la educación adheridos a la sección 39 del SNTE durante el 2014 y 2015.

Sin embargo la petición la realizaron los tribunos dos años después de haber asumido el cargo como legisladores locales y justo en el marco de las protestas que realizan las dirigencias sindicales de las secciones 6 y 39 del SNTE para exigirle al gobernador Ignacio Peralta Sánchez el cese del titular de Educación, Óscar Javier Hernández Rosas, a quien acusan de dañar al magisterio estatal.

En la sesión del Congreso, el grupo de legisladores independientes encabezado por Nicolás Contreras Cortés propuso que la Contraloría del Congreso abriera una investigación para saber por qué no se les cubrió el pago al magisterio estatal cuando el dinero ya estaba presupuestado.

Refirió que se les deben prestaciones legales y convencionales a las que tienen derecho y expresó que en término de la ley se debe aplicar las sanciones correspondientes a los responsables, así como el resarcimiento de los daños que causaron los implicados al erario estatal.

El punto de acuerdo fue avalado por la mayoría, entre ellos el diputado de Nueva Alianza, José Adrián Orozco Neri, quien era el líder de la sección 39 del SNTE en el 2014 y 2015 y jamás levantó la voz públicamente para denunciar las irregularidades.

Durante el periodo que deberá investigar la Contraloría, el secretario de Educación era Guillermo Rangel Lozano hermano del actual coordinador de los diputados del PRI, Federico Ragel Lozano y como titular de Finanzas se desempeñaba Blanca Isabel Avalos.

Además, los legisladores coincidieron en la necesidad de solicitar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) que concluya y entregue al Congreso la auditoría excepcional que se solicitó a la Secretaría de Educación, dependencia señalada por tener uno de los mayores quebrantos financieros durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno.