Asesinan menores de edad en Colima

Colima, México, Avanzada (10/05/2017) José Alexis, Marco Antonio, Lino, Maximiliano Olivera, Kevin, Irma Jazmín y tres menores de edad más fueron asesinados en Colima, el estado más violento del país, y sus crímenes permanecen impunes y prácticamente en el olvido gubernamental.

Desde 2011 la ola de violencia que afecta a Colima cobró víctimas inocentes a las que la autoridad catalogó como “daños colaterales”, el caso más reciente es el ocurrido ayer 9 de mayo en el centro de Colima, cuando un joven de 17 años de edad perdió la vida al recibir una "bala perdida".

José Alexis de 17 años de edad decidió vender flores en una esquina de la calle Guerrero, en frente del Mercado Obregón. Vestido con unos tenis color morado y un pantalón de mezclilla deshilachado, que hacían juego con su juventud, José Alexis instaló su botes repletos de coloridas flores para ofrecerlas a los paseantes, cuando una bala acabó con su vida.

Testigos del hecho señalan que un grupo de personas que viajaban en dos automóviles comenzaron a intercambiar disparos justo en el lugar donde se encontraba el menor de edad, quien fue alcanzado por una bala que lo asesinó.

Hasta el momento, el gobierno del Estado no ha emitido ningún mensaje para condenar este asesinato y en su cuenta oficial de twitter, el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez los últimos mensajes que emitió son para felicitar a Claudia Ruiz Massieu por su llegada a la secretaría nacional del PRI, así como una felicitación a las mamás en su día social y otra felicitación a los priistas, Alfredo del Mazo y Manuel Cota.

José Alexis no es el único menor de edad asesinado en Colima, Kevin, un niño de 4 años de edad, murió el 30 de marzo de este año, después de recibir un impacto de bala en el estómago en la comunidad de Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán.

El 18 de marzo de 2016, los menores de 14 y 17 años de edad fueron torturados, asesinados y sus cuerpos arrojados al río que se encuentra cerca de las instalaciones que conducen al ISENCO en el municipio de Cuauhtémoc.

Los menores tenían su domicilio en la colonia Mirador de la Cumbre en la capital colimense, se llamaban Marco Antonio y Lino de 14 y 17 años de edad

El 16 de diciembre de 2016, un comando armado asesinó a cuatro personas, integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, de quien no se revelaron más datos.

Las personas asesinadas se encontraban afuera de una vivienda sobre la calle Torres Quintero en la colonia Valle Querido de Tecomán, el municipio más violento de Colima.

En septiembre del año pasado, un menor de 15 años de edad, estudiante de secundaria, fue asesinado en la comunidad de El Colomo en Manzanillo; el joven se encontraba realizando una tarea escolar en una vivienda de la calle Lázaro Cárdenas.

Mientras que el 17 de octubre de 2011 fue asesinada una familia completa, entre ellos un bebé de 2 años de edad, de nombre Maximiliano Olivera.

El 16 de diciembre de 2016, una menor de 16 años de edad, estudiante de bachillerato fue asesinada afuera de su casa cuando se encontraba platicando con su novio de 23 años de edad, quien también perdió la vida, cuando un grupo de personas pasaron por el lugar y abrieron fuego contra ellos.

En enero de 2013, Irma Jazmín de 10 años de edad, fue mutilada y asesinada en Tecomán. Su asesinato indignó a la sociedad de ese municipio quien exigió a la autoridad castigo a los responsables del hecho. En febrero de ese año, el gobierno del Estado sentenció que ya había capturado al asesino de la menor.

A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales

CIMACFoto: César Martínez López.

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.

En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.

“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.

A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.

En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.

Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.

Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.

Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.

Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.

Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.

MIENTRAS, EN MÉXICO

El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.

Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.

La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.

“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.

Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.

Violencia intrafamiliar, sólo 5% de las víctimas denuncian a sus agresores en Comala


Colima, México, Avanzada (17/04/2017).- La violencia contra las mujeres es una problemática social preocupante a nivel mundial, en tal sentido, diversas convenciones internacionales se han firmado al respecto para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, que buscan el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de toda forma de discriminación.

Las mujeres nos sólo se enfrentan a condiciones desigualdades y a la discriminación sino también a situaciones de violencia, que frecuentemente ocurren en ámbitos privados, provenientes del esposo o pareja, aunque existen muchos otros posibles agresores dentro del espacio de las relaciones familiares y afectivas, como el padre, hermanos u otros parientes consanguíneos o políticos, cuñados, suegro, etcétera.

En este sentido, se realizó un estudio cuantitativo de 46 personas que denunciaron haber sido violentadas (45 mujeres y 1 persona transexual), todas radican en el municipio de Comala, con la finalidad de detectar las modalidades y tipo de violencia que sufrieron, las edades de las personas, el estado civil, la escolaridad, su actividad económica y el tipo de población (rural o urbana), que nos permitan tener un panorama de la situación de violencia que viven muchas mujeres en dicho municipio. Estas personas acudieron al Instituto Municipal de la Mujer Comalteca, en los meses de junio a diciembre del 2016.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que es responsabilidad de los gobiernos la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres; además se estableció la consecución de la igualdad de género y se formuló una declaración explícita sobre la responsabilidad de los Estados de cumplir los compromisos asumidos. (ONUMUJERES)

Muchos países, entre ellos México, han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), con la finalidad de poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres por razones de sexo; sin embargo, en la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo, incluido nuestro país.

En México se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue publicada en 1º de febrero de 2007, donde se establece un marco jurídico, bajo el orden de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de Violencia. En el 2008 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, la cual ha sido reformada en tres ocasiones: 2011, 2013 y 2016.

Recordemos que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, que señala que de un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, 11 millones 018 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas.

En esa misma encuesta se señala que 1 millón 288 mil 793 mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia sexual, que representan el 11.7% de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia.

VIOLENCIA DE PAREJA

En el caso de Colima, ENDIREH 2011 evidencia que nuestro estado ocupa el nada honroso primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.01 por ciento de incidencia, cuando la media nacional es de 7.3 por ciento. Asimismo, 39 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de género por su pareja en los últimos 12 meses previos a la encuesta y poco más de la mitad (52 de cada 100) de las mujeres mayores de 15 años casadas o en pareja, dijeron haber vivido eventos violentos en algún momento de su relación. Su porcentaje es casi 7 puntos más alto que el presentado a nivel nacional. El valor de la entidad lo posiciona en el lugar 4 del país, en donde el sitio más elevado lo ocupa el Estado de México con 56.7% y Chiapas el menor con 27.9 por ciento. Colima también ocupa el quinto lugar nacional en violencia general contra las mujeres, rubro en el que se agrupan las diferentes formas de agresión que ocurren en el ámbito privado, y que son: violencia física, emocional, sexual y económica.

El municipio de Comala no cuenta con estadísticas oficiales o públicas que indiquen la violencia que se vive en esta localidad, por lo que con este análisis se pretende tener una aproximación de las situaciones que se tienen en cuestiones de violencia contra las mujeres.

De las 46 personas entrevistadas, 42 de ellas sufrieron violencia familiar, en su mayoría por su pareja, sólo un caso fue abuso sexual por parte del padre, 1 por parte de un ex novio; 2 sufrieron violencia en la comunidad, una de ellas por parte de una vecina y la segunda, (chica transexual) por parte de policías municipales y 1 de ellas sufrió violencia institucional, por parte de su Director de oficina. La violencia familiar fue la que más predominó en la muestra, lo que nos habla que es dentro de los hogares donde más se vive la violencia y donde más se violentan los derechos humanos de las mujeres.

Dentro de la modalidad de violencia familiar, los tipos de violencia que predominaron fueron 37 por violencia psicológica; 25 violencia física; 10 violencia patrimonial, 26 violencia económica y 8 violencia sexual. En la modalidad en la Comunidad el tipo de violencia que refirieron fueron 2 por violencia psicológica y 2 por violencia física. En la modalidad de la comunidad, la violencia que se señaló fue psicológica. La mayoría de las personas sufrieron más de un tipo de violencia.

En el caso de las personas separadas, la mayoría de los señalamientos es por incumplimiento de sus ex parejas con el pago de pensión alimenticia para sus hijos/as.

PORCENTAJE MÍNIMO DE DENUNCIAS

Destaca el hecho de que más del 50% de las mujeres que denunciaron violencia por parte de sus parejas, indicaron que éstos consumen bebidas alcohólicas de manera frecuente y en algunos casos, otro tipo de enervantes. En algunas comunidades este tipo de violencia se incrementa durante las fiestas patronales. Algunas de las mujeres que sufre violencia física dijeron haber sido amenazadas con pistolas, machetes, cuchillos y han estado en riesgo de ser asfixiadas. Sólo un porcentaje mínimo (5%) ha presentado denuncias ante el Ministerio Público.

Las edades de la muestra abarcan los siguientes rangos de edades: 1 de 0-14 años; 2 de 15-19 años; 7 de 20-24 años; 12 de 25-29 años; 6 de 30-34 años; 3 de 35-39 años; 6 de 40-44 años; 3 de 45-49 años; 2 de 50-54 años; 3 de 55-59 años; 1 de más de 60 años. Estos resultados muestran que la violencia se presentó mayormente en parejas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 44 años.

El estado civil de la muestra fueron 6 solteras, 21 casadas, 11 en unión libre y 8 divorciadas o separadas. La escolaridad que prevaleció fue de 1 analfabeta, 7 con primaria; 20 con secundaria; 16 con preparatoria y 1 con carrera profesional. La escolaridad de estas mujeres es reducida, lo que vulnera a estas mujeres, que carecen de instrucción académica que les permita obtener un mejor empleo o en caso de emplearse el poder acceder a mayores recursos económicos.

El tipo de población al que pertenecen son 22 de la zona rural y 24 de la zona urbana. De la zona rural provenían principalmente de los municipios de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Zacualpan y La Caja. De la zona urbana eran de la cabecera municipal de Comala. En este caso los resultados no son determinantes hacia una zona en particular, aunque se presume que las zonas rurales viven mayores niveles de violencia; sin embargo, poco se denuncia.

Las actividades a las que se dedican fueron 30 al hogar, 14 eran empleadas y 2 estudiantes (ambas menores de edad). Estos resultados muestran que la mayoría de las mujeres que sufrieron violencia son dependientes económicas de sus parejas, se han dedicado a las actividades domésticas y el cuidado de hijos/as, lo que en muchas ocasiones limita el que ellas quieran emprender acciones legales en contra de ellos, por el temor de quedarse sin sustento.

SUBORDINACIÓN Y DESIGUALDAD

Las mujeres a lo largo de nuestra vida se enfrentan a situaciones de discriminación, violencia y desigualdad, lo que propicia que las condiciones de las mujeres y niñas en cualquier lugar del mundo sean de subordinación, aunado a que las leyes e instituciones han contribuido para que los derechos de éstas sean violentados y no tengan las mismas oportunidades de acceso a la salud, educación, derechos laborales y maritales, que le permitan su empoderamiento y les permitan salir de la violencia.

Nuestra sociedad sigue basada en la cuestión cultural de la división sexual del trabajo, basándose en los roles que se asigna a los hombres y mujeres, sea remunerado o no, ya que en el caso de los varones se les educa como proveedores, como jefes de familia, mientras que a las mujeres se les vincula con lo doméstico y los cuidados.

Lo anterior, sigue dejando en desventaja a las mujeres, porque muchas mujeres son dependientes económicas de sus parejas, no tienen trabajos formales y carecen de la educación necesaria que les permita acceder a mejores oportunidades de empleo, por lo que en muchos casos las mujeres prefieren aguantar la violencia para no quedar desamparadas junto con sus hijos/as.

Los resultados de este estudio muestran que existen muchas similitudes con la violencia que se registra a nivel nacional y estatal y que falta mucho por hacer en materia de derechos humanos para las mujeres que les garanticen que puedan vivir libres de violencia.

En el caso de Comala, se debe considerar que mucha de la población es rural, se padece de pobreza y alta de acceso a la educación. La mayoría de sus habitantes se dedican a labores del campo, carecen de seguridad social y sus sueldos son reducidos. Al no tener muchas actividades de esparcimiento, los días de descanso es común ver a sus habitantes varones tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que puede ser un detonante para la violencia contra las mujeres que normalmente se registra en estas comunidades, derivado de una cultura patriarcal donde predominan ideas machistas y de subordinación hacia las mujeres.

* Alumna de la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”, del municipio de Comala, Colima.

Sin servicios de emergencia, mueren estudiantes en escuelas de Colima

Escuela Secundaria en Minatitlán, Colima.

Colima, México, Avanzada (28/03/2017).- El fallecimiento de una alumna de la secundaria Enrique Corona Morfín de 14 años de edad, por un presunto aneurisma cerebral según información extraoficial, se suma a una serie de casos de muertes de menores ocurridas en los últimos años en planteles escolares de la entidad.

Las versiones preliminares de este suceso, ocurrido la mañana de este martes 28, señalaron que los paramédicos de la Cruz Roja tardaron en llegar porque el sistema de denuncias 911 no pasó el reporte de inmediato.

Apenas hace un año, a finales de febrero de 2016, el diario Avanzada dio a conocer la muerte de una alumna de segundo grado de la secundaria 12 del municipio de Minatitlán, en un hecho en el que se presumió negligencia en la atención de la menor por parte de la directora del plantel.

De acuerdo con los testimonios publicados en este portal, cuando la menor empezó a sentirse mal sus amigas le avisaron a la directora, pero ésta habría restado importancia al asunto al decir que se trataba de “un berrinche”.

Fue hasta que la alumna empezó a convulsionar cuando fue trasladada al centro de salud de la localidad, donde murió.

También en febrero, pero de 2015, en el municipio de Cuauhtémoc un estudiante de primaria de 10 años de edad tuvo una crisis de asma en su plantel escolar y fue trasladado al centro de salud del lugar, pero en el lugar no había los medicamentos ni el equipo necesario para su atención, por lo que murió antes de ser trasladado a un hospital de la capital del estado.

En su momento, este caso conmocionó fuertemente a la opinión pública.
En julio de 2013 se había presentado el caso de una niña de 12 años de edad que murió cuando desayunaba en la secundaria Silverio Cavazos, sufrió convulsiones, cayó al suelo y perdió la vida.

Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja ya no pudieron hacer nada por reanimarla.

Frente a casos de este tipo, en febrero de 2015 el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes, declaró a Avanzada que para garantizar la salud de la población estudiantil el gobierno estatal debería adquirir una póliza de seguro médico para todos los alumnos de nivel básico o asignar personal clínico para todos los planteles escolares.

Dijo que desde el sexenio del gobernador Silverio Cavazos Ceballos la agrupación había propuesto a esa medida, pero no fue atendida.

“Propusimos la adquisición de una póliza de seguro médico, la empresa con la que habíamos hecho la cotización iba a cobrar 12 pesos por niño; la ventaja es que el maestro ya no iba a tener la preocupación sobre qué hacer, sino que ya teniendo los números de teléfono de una clínica que tiene ambulancia para emergencias, de inmediato cualquier incidencia iba a ser atendida por un hospital privado”, expuso Magaña Cervantes.

Sin embargo, la respuesta de la autoridad estatal fue que los estudiantes no requerían de una póliza, pues podrían ser atendidos a través del Seguro Médico Popular de la Secretaría de Salud.

En esa ocasión, cuando faltaban unos meses para el final del sexenio de Mario Anguiano Moreno, el presidente de la Asociación de Padres de Familia consideró que el tema podría plantearse nuevamente para que las autoridades pudieran considerar esa posibilidad,
sin esperar a que ocurriera otra circunstancia como la del niño que murió en Cuauhtémoc.

“La Secretaría de Salud y la de Educación deben analizar una propuesta viable, porque no queremos que ningún niño arriesgue su salud y mucho menos que pierda la vida”, concluyó en esa ocasión Magaña Cervantes.

Desde entonces, se ha conocido la muerte de al menos dos menores más en circunstancias similares: la de Minatitlán y ahora la de Colima en la secundaria Enrique Corona Morfín.

Violencia política, obstétrica y acoso callejero, otros “focos rojos”

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2017 El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.

Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.

La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada, pero tardó más de un año en concretarse.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA

El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.

Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.

Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.

Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.

Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.

LEGISLATURA RETRASADA

Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.

En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.

La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.

La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.

El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.

“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.

Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.

En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.

Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.

Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.