Durante el gobierno de MAM se elevó al triple el gasto en publicidad oficial

 


Colima, México, Avanzada (21/10/2016).- Durante la administración del gobernador Mario Anguiano Moreno (2009-2015) se triplicó el monto de los recursos destinados a publicidad oficial, en relación con el total del presupuesto ejercido durante el sexenio anterior, de acuerdo con una revisión de las cuentas públicas anuales de ambos periodos de gobierno.


Según los datos asentados en las cuentas públicas anuales, consultados por el reportero, durante los seis años del periodo 2004-2009 —cubierto por los gobernadores Gustavo Alberto Vázquez Montes y Jesús Silverio Cavazos Ceballos— fue erogado un total de 55 millones 889 mil 267 pesos bajo el concepto de “gastos de difusión e información”, cifra que se elevó a 176 millones 431 mil 219 pesos en el periodo 2010-2015, del mandatario Mario Anguiano Moreno.


Pero eso no es todo. Otro elemento que destaca dentro de los gastos en este sector es el sobreejercicio de recursos en comparación con el monto del presupuesto autorizado por el Congreso del Estado. Si bien el gobernador posee la facultad de reacomodar de manera discrecional las partidas presupuestales, con ampliaciones o reducciones, los excesos ocurridos en el área de comunicación social llaman la atención porque se encuentran entre los más altos de los diversos apartados del Presupuesto de Egresos del Estado.


Aunque en el periodo 2004-2009 se registró un menor nivel de sobreejercicio que en el siguiente, el exceso alcanzó 41 por ciento, pues a lo largo de los seis años el Congreso aprobó un presupuesto total de 39 millones 609 mil 851 pesos para publicidad, pero el Ejecutivo gastó en realidad 55 millones 889 mil 267 pesos. No obstante, resulta singular la cuenta pública de 2004 —durante el efímero gobierno de Gustavo Alberto Vázquez Montes—, por ser el único año de los dos últimos sexenios en que el presupuesto ejercido fue exactamente el aprobado.


A diferencia de la administración precedente, el sobreejercicio del gasto en publicidad oficial durante el gobierno de Mario Anguiano Moreno adquirió tintes de escándalo, pues el monto erogado en los seis años fue más de cinco veces mayor que la cantidad aprobada en ese mismo lapso, con un exceso que llegó a 434.3 por ciento. En el periodo 2010-2015 las partidas aprobadas por el Congreso del estado sumaron 33 millones 019 mil 217 pesos —cifra inferior a la del sexenio previo—, pero el gasto ejercido realmente fue de 176 millones 431 mil 219 pesos.


Ante la crisis financiera que ya se perfilaba, la administración de Mario Anguiano publicó el 21 de diciembre de 2013 en el periódico oficial El Estado de Colima las Reglas de Racionalización, Austeridad y Disciplina del Gasto Público Estatal para 2014, con el propósito de ahorrar recursos mediante el recorte de gastos de telefonía, combustible, fotocopiado y suplencias laborales, entre otras erogaciones.


Suscrito por el entonces secretario de Finanzas y Administración, Clemente Mendoza Martínez, y el contralor general del estado, Luis Gaitán Cabrera, el documento, con una vigencia anunciada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, establecía en su artículo 43:


“Se reducen los gastos de comunicación social y de eventos especiales. Las dependencias y entidades que requieran la utilización de estas partidas, se sujetarán al procedimiento establecido por la Coordinación General de Comunicación Social y por la Dirección de Eventos Especiales, procurando en todo momento minimizar los gastos y cumplir con el propósito de informar objetivamente a la población sobre las acciones gubernamentales de trascendencia”.


En su artículo 63 abundaba: “Los servidores públicos deberán evitar la utilización de recursos públicos en la búsqueda de privilegios, beneficios económicos, la promoción de la imagen personal para sí o para terceros, evitando en todo caso el detrimento de los recursos públicos o utilizar la influencia del cargo encomendado”.


Paradójicamente, con todo y las reglas de austeridad y la supuesta reducción de gastos de comunicación social, el año 2014 —previo a la elección del nuevo gobernador— fue cuando mayores recursos se ejercieron en publicidad oficial. El presupuesto aprobado efectivamente fue el menor en los últimos doce años: 3 millones 698 mil 645 pesos, pero el gasto realizado alcanzó la cifra de 50 millones 619 mil 764 pesos, con un gigantesco sobreejercicio para ese año de 1 mil 268.6 por ciento.


Según el Diagnóstico de la Publicidad Oficial en las Entidades Federativas, que realiza el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización Artículo 19, Colima ocupó en 2012 el lugar 11 entre los estados con mayor gasto per cápita en esa área, con 35 pesos por habitante. En 2013, ambas organizaciones informaron que el gasto de Colima se había elevado a 46 pesos, en tanto que con base en una comparación realizada entre el presupuesto ejercido y la población colimense estimada en 2014, el gasto en publicidad oficial de ese año fue de 71 pesos por habitante.


A menos de un año de haber concluido su mandato, el exgobernador Mario Anguiano enfrente diversas denuncias penales y demandas de juicio político por presuntos malos manejos de recursos públicos.

NOTA DE INTERÉS:

Exhiben violaciones legales del gobierno en proyectos de regasificadora y Zeta Gas

Márgenes de comercialización de limón mexicano en ciudades seleccionadas

 

*El margen de comercialización más alto (360 %) se registró en la Ciudad de Tijuana, B. C.  *El margen de comercialización más bajo (226 %) se identificó en la Ciudad de Guadalajara, Jal.

En el mes de septiembre pasado (2016), el seguimiento de los precios para el limón mexicano (agrio) de origen Colima, observados en el valle de Tecomán, Col., y en tres ciudades seleccionadas Guadalajara, Jal., Monterrey, N. L., y Tijuana, B. C., se registraron las siguientes cotizaciones:


Precios Pagados al Productor ($/Kg)

El precio pagado al productor de limón en el valle de Tecomán, Col., el más alto fue de $ 4.62 Kg., y el precio más bajo
$ 4.27 Kg. (CONASIPROLIM).


Precios de Venta al Mayoreo ($/kg)
El precio más alto de venta al mayoreo se registró en el Mercado de Abasto de Guadalajara, Jal.: $ 15.97 Kg.
El más bajo se captó en el Mercado “Estrella” de San Nicolás de los Garza, N. L.: $ 13.31 Kg. (SNIIM).

Precios de Venta al Consumidor ($/Kg)
El precio más alto de venta al menudeo se observó en tiendas de autoservicio y tradicionales ubicadas en la ciudad de Tijuana, B. C.: $ 21.24 Kg.
El precio más bajo se identificó en la ciudad de Guadalajara, Jal.: $ 15.05 Kg. (INEGI).

Márgenes de Comercialización (%)
El margen de comercialización más alto se ubicó en la ciudad de Tijuana, B. C., MC: 360 %.
El más bajo se identificó en la ciudad de Guadalajara, Jal., MC: 226 %.


El margen de comercialización más alto marcó una diferencia en pesos corrientes de $ 16.62 Kg., observados entre el precio pagado al productor en el valle de Tecomán, Col., $ 4.62 Kg., y el precio más alto de venta al consumidor registrado en la ciudad de Tijuana, B. C.: $ 21.24 Kg.


El margen de comercialización más bajo registró una diferencia en números absolutos de $ 10.43 Kg., observados entre el precio pagado al productor en el valle de Tecomán, Col., $ 4.62 Kg., y el precio más bajo de venta al consumidor registrado en la ciudad de Guadalajara, Jal., de $ 15.05 Kg. (ver gráficas 1, 2, 3 y 4).

 

 

 

Recomienda CDHEC cubrir atención médica a Meyly Pastora Beltrán por abuso de policías



Colima, México, Avanzada (11/10/2016).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima determinó que agentes de la Policía Estatal Preventiva violaron los derechos de Meyly Pastora Beltrán Rolón, excandidata panista a diputada local, cuando la detuvieron en mayo pasado mientras videogrababa un operativo policial en el centro de la ciudad.


Tras cuatro meses y medio de investigaciones, el organismo concluyó que los servidores públicos violaron los derechos a la libertad, integridad y seguridad personales, así como a la inviolabilidad del domicilio de la mujer, dado que la detención se produjo de manera injustificada y sin orden judicial en el interior de un negocio de su propiedad.
Los anteriores hechos motivaron el envío de la recomendación 04/2016 al secretario de Seguridad Pública, Francisco Javier Castaño Suárez, y al director de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Juan Ramón Bachomo Munguía, en la que la CDHEC les solicita garantizar la reparación del daño a la afectada, que requiere una cirugía, pues como consecuencia de los malos tratos recibidos durante la detención sufrió daños derivados de una antigua fractura de la clavícula izquierda.


El costo de la operación y el tratamiento de recuperación, de acuerdo con un presupuesto presentado por la víctima, es de 109 mil pesos, ante lo que el organismo humanitario planteó que éste “sea solventado por el Sector Salud Público o en su defecto el Estado se haga cargo de la liquidez de acuerdo con la evidencia presentada por la agraviada”.


Difundida a través del sitio web de la CDHEC y signada por su presidente, Sabino Hermilo Flores Arias, la recomendación insta a los funcionarios a dar a conocer los protocolos de actuación e investigación, así como los nuevos criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los que se tienen que ceñir los agentes de la Policía Estatal Preventiva, en especial el trato digno hacia los ciudadanos, la previa identificación de los agentes y los motivos legales en que se funde la posible detención, salvaguardando en todo momento los derechos humanos.


También propone intensificar los cursos de capacitación a los agentes de la PEP para que eviten realizar detenciones arbitrarias que no cuenten con una orden de detención o aprehensión, ni se encuentren en el supuesto de flagrancia en la comisión de un delito, en especial cuando se ejecuta en propiedades privadas con acceso al público y protejan los derechos humanos a la integridad personal y trato digno de los detenidos, cuando éstos se encuentren bajo su resguardo.


Conforme a las indagatorias del organismo humanitario, la detención de Meyly Pastora Beltrán, quien es abogada litigante, se efectúo a las 14:15 horas del 26 veintiséis de mayo pasado en el interior del establecimiento comercial denominado Bongalu, ubicado en el centro de Colima.


“Los agentes de la Policía Estatal Preventiva —expuso la Comisión de Derechos Humanos— se encontraban en el jardín Núñez en esta ciudad (revisando a dos jóvenes), cuando se dieron cuenta que estaban siendo videograbados por una mujer, por lo que acudieron con ella a solicitarle sus datos, pero después uno de los oficiales saco su teléfono celular para videograbar a la mujer acercándole el dispositivo móvil a escasos cuarenta centímetros de su cara, en actitud intimidatoria”.


Lo anterior, de acuerdo con la CDHEC, “ocasionó que la agraviada le sujetara el teléfono logrando desposeer de dicho aparato al agente por un instante y que a pesar de la insistencia de la quejosa porque se lo recibiera de vuelta, el policía ordeno que detuvieran a la agraviada, procediendo dos mujeres policías a la detención ante lo que ellos apreciaron se trataba de la comisión flagrante de un delito de robo”.


Añadió: “La sujetaron y, ante la oposición de la quejosa a ser detenida fue esposada y cuando se encontraba en el piso, fue cargada en peso, interviniendo un policía del sexo masculino, hasta subirla a la patrulla, lo que ocasionó que le lastimaran una fractura antigua aun sin soldar del hombro izquierdo puesto que la asegurada refería dolor; posteriormente al ser trasladada a los separos, la agraviada refiere que los agentes policiacos la amenazaron y humillaron”.


El ombudsman razonó que si bien es cierto que con los medios de prueba se evidencia que el accionar de la quejosa al desposeer al agente de su dispositivo móvil, fue motivado por el propósito de evitar que la siguiera video grabándola, como una reacción a la actitud ilegitima del policía —puesto que los agentes policiacos no se encuentran facultados para videograbar a los ciudadanos, pues mientras que los particulares pueden hacer todo lo que no les está prohibido por la ley, en cambio toda autoridad debe sujetarse al principio de legalidad, lo que implica que no pueden realizar conducta alguna que no les faculte la ley—, contrario a ello la agraviada se encontraba videograbando a funcionarios públicos sin obstruir sus funciones”.


En su testimonio ante el organismo de derechos humanos, Meyly Pastora Beltrán narró que durante su detención y traslado a las oficinas de la PEP sufrió burlas por parte de los agentes denigrantes de su persona.


“Se burlaban sobre si era niño o niña, si era lesbiana, que no tengo valor como persona, que nadie iba venir a ayudarme y que no me iban a poder ayudar, que solamente la sociedad protectora de animales me iba a querer porque era una perra”.


El acoso y hostigamiento fue realizado por elementos masculinos y femeninos, quienes también le tocaron de forma impropia los senos, “me los apretaban, me decían que así les gustaban, ‘machitas’, para dominarlas y quitarles lo cabronas, hacían alusión a que me hacía falta que me dieran una buena ‘cogida’ y en eso se dirige a una de sus compañeras preguntándole que si ella me la quería dar, para que se me quitara lo amargada”.


La afectada prosiguió: “Entre pellizcos en mis brazos, golpes propiciados a mi persona, jalones de mi pelo, patadas y tocamientos indebidos en mi pecho, dijeron que iban a llamar a Greenpeace para ver si ellos hacían algo por mí en conjunto de la sociedad protectora de animales.(…) Aterrada por la situación quedé paralizada del dolor y miedo, me echaron orines y después agua, me dejaron media hora en el sol a ver si así se me quitaba lo ‘machito’, creyeron que yo estaba inconsciente pero yo estaba consciente de todo lo que pasaba. Trajeron un aparato tipo tasser, que desprende descargas eléctricas para someter personas y me lo pusieran en la oreja burlándose, amenazándome con que lo iban a utilizar para reanimarme. Me amenazaron con que me iban a hacer pedacitos y me iban a desaparecer (…) sufrí de violencia física, psicológica y fui víctima de tortura por los elementos adscritos a la Policía de Seguridad Pública”.


No obstante, en su recomendación la CDHEC no sugirió investigar la presunta responsabilidad ni someter a proceso a los autores directos de las violaciones a los derechos humanos relacionadas con este asunto.

Exhiben violaciones legales del gobierno en proyectos de regasificadora y Zeta Gas



Colima, México, Avanzada (10/10/2016).- La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte evidenció las violaciones del gobierno mexicano a la legislación ambiental en la autorización de los proyectos de la Terminal (regasificadora) de Gas Natural Licuado de Manzanillo (TGNLM) y Zeta Gas, construidos en los últimos años en las márgenes de la Laguna de Cuyutlán.


“Ambos proyectos no parecían ser congruentes con el ordenamiento ecológico (2003) aplicable al momento en que la evaluación del impacto ambiental fue presentada”, señaló en un expediente de hechos la organización intergubernamental con sede en Canadá.


Así también, esa comisión presentó elementos que permiten afirmar que las autoridades de Colima modificaron en 2007 el ordenamiento ecológico, que se encontraba vigente desde 2003, con el propósito de otorgar sustento legal a la autorización del proyecto de la TGNLM por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dado que esa fue considerada la principal obra de infraestructura energética del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.


El expediente de hechos, que no incluye conclusiones por parte de la CCA, fue resultado de casi ocho años de investigaciones derivadas de una petición interpuesta el 4 de febrero de 2009 ante ese organismo por la agrupación ecologista colimense Bios Iguana y su coordinadora general, Esperanza Salazar Zenil.


Según el documento consultado por el reportero, las peticionarias aseveraron que México está incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva de los artículos 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental y otras disposiciones legales en relación con los proyectos de la regasificadora y Zeta Gas, y sostienen que en ninguno de los dos se realizó la vinculación correspondiente con el ordenamiento ecológico aplicable en el momento de realizar la evaluación de impacto ambiental.


Así mismo, denunciaron que el Programa de Desarrollo Urbano de Manzanillo (PDUM) se modificó “casi cuatro meses después de que la empresa Zeta Gas del Pacífico presentara la MIA ante la Semarnat”, situación que no consideró la dependencia al momento de autorizar el proyecto de la Terminal GLP, además de que el proyecto es incompatible con las unidades de gestión ambiental (UGA) definidas por el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca Laguna de Cuyutlán (Proetslc) 2003.
Respecto del proyecto de la regasificadora, las peticionarias sostienen que en la manifestación de impacto ambiental “no [se] realiza una vinculación con los instrumentos de planeación e instrumentos jurídicos aplicables” y que ello no ocurrió sino hasta que el estado de Colima modificó el Proetslc en 2007.


LA CCA, organización dedicada al impulso de la cooperación en asuntos ambientales entre los tres socios comerciales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), recordó en el expediente que el proyecto Z Gas fue autorizado y construido mientras se encontraba vigente el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán (Proetslc) 2003, que permitía un aprovechamiento “siempre que se mantenga la fertilidad del suelo, se evite la erosión, se aproveche racionalmente el agua, se reduzcan los niveles de contaminación y degradación de los suelos, las aguas y el aire, y se conserve e incremente la cubierta vegetal”, además de que “uno de los criterios fundamentales de esta política (de conservación) es no cambiar el uso actual del suelo”.


En el caso de la regasificadora, “si bien la autorización del proyecto se emitió luego de la entrada en vigor del Proetslc 2007, la manifestación de impacto ambiental del proyecto fue ingresada a la Semarnat cuando el Proetslc 2003 seguía aún vigente y preveía usos de suelo incompatibles con el proyecto”.


La Comisión de Cooperación Ambiental hace notar que el proceso de modificación del Proetslc 2003 ocurrió de manera simultánea al análisis de la manifestación de impacto ambiental del proyecto de la regasificadora, lo que dio como resultado que el ordenamiento 2007 previera políticas, lineamientos, usos de suelo y criterios ecológicos que permitieron la compatibilidad del proyecto TGNLM con el nuevo ordenamiento.


“La justificación para modificar el Proetslc 2003 se sustenta en que el área contaba con una gran presión derivada de desarrollos: el Complejo Termoeléctrico de Manzanillo, los proyectos de Terminal GLP y TGNLM, la explotación salinera —predominantemente artesanal— y el crecimiento urbano de Manzanillo. Asimismo, se tenían contempladas la construcción de la nueva línea de ferrocarril y un gasoducto, así como la habilitación de un futuro puerto para el recibo de contenedores en el vaso II de la laguna de Cuyutlán”.


En su expediente de hechos, la CCA mostró cómo la Semarnat solicitó en dos ocasiones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un estudio que acreditara la forma en que las condiciones de los cuatro vasos de la Laguna de Cuyutlán mejorarían por la apertura del canal Tepalcates (considerada en el proyecto de la regasificadora) y subrayó la necesidad de contar con “evidencias técnicas y científicas” que demostraran que las obras del proyecto garantizarían la aportación del flujo de agua requerido para mantener o mejorar la hidrodinámica, además de “información relativa al intercambio de volúmenes de agua de mar que ingresarán hacia todo el sistema y [su] repercusión”.


Sin recibir respuesta favorable, el 11 de febrero de 2008, la Semarnat autorizó el proyecto de la TGNLM sujeto al cumplimiento de diversos términos y condicionantes, entre otros la elaboración de un estudio de hidrodinámica “que demuestre de forma integral la manera en que incidirá el flujo hidrológico hacia los cuatro vasos de la laguna, por la apertura del canal de Tepalcates”.


El documento de la CCA establece que sin haber cumplido con la condicionante de elaborar un estudio de hidrodinámica, la CFE inició el 1 de febrero de 2010 los trabajos de dragado “en las áreas de agua” del proyecto TGNLM y fue hasta el 27 de junio de 2012, poco antes de la inauguración de la obra por parte del presidente Calderón que la Semarnat determinó que la condicionante relativa a la información hidrodinámica se tenía por cumplida.


De acuerdo con la opinión de expertos consultados por el secretariado de la CCA, el primer aspecto a resaltar es que en la manifestación de impacto ambiental del proyecto de la regasificadora “faltan datos e información ‘dura’ sobre las características ecológicas del manglar, incluyendo: área basal, densidad, características del suelo, hidroperiodo, productividad, zonificación de tipología y condición, entre otras”.


De acuerdo con otro experto consultado por la CCA, el estado trófico de la laguna ha mejorado con el tiempo debido a la apertura del canal Tepalcates, principalmente en los vasos II y III. La condición del vaso I depende del canal Ventanas, mientras que el vaso IV recibe escasa influencia del canal Tepalcates, pero podría recibir más influencia del estero Palo Verde.


“A pesar de los escasos datos de calidad del agua, la información disponible indica que hay aportes de aguas residuales domésticas e industriales, lo que representa un factor de deterioro de la laguna”.


Aunque la apertura del canal Tepalcates ha beneficiado la hidrodinámica general de la laguna, principalmente la de los vasos II y III, es muy probable que la diversidad biológica y ecología trófica de la laguna se haya modificado en ambos vasos. La falta de monitoreo ecológico sistemático de largo plazo impide hacer observaciones respecto de este factor.


En suma, sostiene el expediente, a pesar de algunas mejoras en el ecosistema de manglar de la laguna de Cuyutlán en Manzanillo, “éste ha sufrido serios impactos y reducción en su cobertura por perturbaciones hidrológicas, derivadas de las modificaciones tanto del sistema ambiental regional como del local”.

Colima, el estado más violento, carece de estrategia de combate a la impunidad



COLIMA, México, Avanzada (07/10/2016).- Pese a que según las cifras oficiales se encuentra colocado como el estado más violento del país, Colima carece de una estrategia de combate a la impunidad, según se desprende de un estudio elaborado por la Fundación Impunidad Cero.

Denominado “Estudio sobre disponibilidad presupuestal para el combate a la impunidad”, el análisis establece que sólo los estados de Nuevo León, Tabasco, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Hidalgo, San Luis Potosí y Durango ubican en sus planes de desarrollo al combate a la impunidad como prioridad, misión o eje rector del ejercicio gubernamental.

El documento, consultado por Avanzada en la liga de internet https://es.scribd.com/document/326705215/Disponibilidad-Gubernamental-para-Combatir-la-Impunidad establece en uno de sus apartados que de acuerdo con un análisis cualitativo de los planes de desarrollo de los 32 estados, que consistió en identificar si estos mencionan de manera expresa el tema de impunidad y en qué contexto se habla de este último, se encontró que en promedio la palabra impunidad se menciona 4.31 ocasiones en cada uno de estos documentos, con una desviación estándar es de 3.34 veces.

“El máximo de repeticiones del término es de 17 en el PED de Jalisco 2013-2016 y el mínimo es 0, que corresponde a los estados de Yucatán 2012-2018 y Zacatecas 2010-2016”, señala el estudio, que ubica a Colima en los últimos lugares con una sola mención del término impunidad dentro de su plan.

En general los planes de desarrollo incluyen el tema de impunidad como parte del diagnóstico de la situación que atraviesan los distintos estados:

“Varios expresan la situación con respecto a la impunidad como una de las amenazas más relevantes que enfrentará la administración. En la mayoría de los casos, los diagnósticos asocian la impunidad con la falta de participación ciudadana en la denuncia del delito; se expone, como caso generalizado, la pérdida de confianza de la sociedad en las autoridades, principalmente aquellas encargadas de la impartición de justicia, incluyendo las instituciones policiacas. En ese sentido, se asocia la impunidad con falta de profesionalismo y corrupción”.

Derivado del análisis anterior, indica el documento, es posible concluir que si bien los estados incluyen el combate a la impunidad dentro de sus planes de desarrollo, en la gran mayoría de los casos ésta se encuentra asociada a un eje u objetivo específico distinto y no como un fin en sí.

“En general se asocia corrupción y falta de profesionalismo y eficiencia con la falta de confianza que presenta la sociedad para con las instituciones de gobierno, principalmente aquellas encargadas de la impartición de justicia incluyendo las instituciones policiacas”.
Respecto de la asignación presupuestal, Colima se encuentra en el lugar número 13 del gasto per cápita en procuración de justicia, con alrededor de 300 pesos por habitante, rubro en el que Chihuahua se encuentra a la cabeza con más de 1,100 pesos y Querétaro está en el último sitio con menos de 50 pesos.

En el presupuesto asignado a seguridad pública, Colima se encuentra en el escalón 16, con menos de 600 pesos por habitante, mientras que Campeche está en la cima con casi 2 mil pesos y Guanajuato se ubica al final con alrededor de 300 pesos per cápita.

En sus conclusiones, el estudio precisa que las cuentas públicas de las entidades federativas hacen difícil una comparación directa de los recursos que las mismas destinan al combate a la impunidad, por lo que el análisis se centró en el presupuesto ejercido en las funciones de seguridad pública, impartición y procuración de justicia.

“Existen —subraya— diferencias importantes entre lo que destinan las entidades federativas al combate a la impunidad. Los estados que menos gastan en estos rubros destinan menos de una tercera parte que aquellas que más recursos utilizan en dichas funciones”.

A juicio de los analistas, parece existir una relación negativa entre el monto ejercido en las funciones relacionadas con combatir la impunidad y el índice de impunidad. Si bien no es posible establecer una relación causal, se debe notar que las entidades que más destinan recursos a combatir la impunidad son aquellas que presentan menores índices de impunidad.

En suma, “el combate a la impunidad tiene un diferente grado de prioridad en los planes estatales de desarrollo de las entidades federativas, lo cual en principio explica las diferencias en los montos destinados a dicho fin, ya que los planes de desarrollo constituyen la base de la presupuestación