Aumentan los suicidios de policías

**En sólo tres meses Colima reporta al menos dos suicidios de agentes, uno de ellos era mujer; este sábado hubo otro intento **Las trágicas historias se repiten en el país y el mundo.

Colima, México (22 de julio de 2013).- Este sábado pasado un elemento de la Policía Estatal Preventiva intentó quitarse la vida consumiendo veneno para ratas en el interior de su vivienda. Según la prensa local, el sujeto, de nombre Ricardo, ingirió la sustancia tóxica sin hacerle reacción en un primer momento; sin embargo, al llegar a su trabajo empezó a sentirse mal.
Luego de que sus compañeros lo auxiliaran, el agente les confesó que había intentado suicidarse con veneno, por lo que enseguida lo trasladaron a bordo de una patrulla a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Colima.
Por el momento no hay más información al respecto. Las autoridades se mantienen herméticas. No obstante, intentos y hechos consumados de suicidios se han reportado durante los últimos meses tanto en el estado como en el país.
En lo local destacan dos casos ocurridos en menos de tres meses:
El primero se dio el viernes 5 de abril de este año, cuando una mujer de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se privó de la vida en las instalaciones de la corporación.
El incidente fue confirmado por el coordinador general de Seguridad Pública en el estado, Félix Humberto Vuelvas Aguilar, quien expuso que todo ocurrió alrededor de las 18:20 horas, en el sanitario para damas de la corporación, “y aunque de inmediato se le brindaron los primeros auxilios debido a la lesión producida perdió la vida momentos después”, precisó.
A más de tres meses, aún no se ha dado a conocer la causa que llevó a la agente a disparase en la cabeza con un arma de fuego. Trascendió que la finada es la agente Patricia Medina Morgan, de 30 años, quien presentó una herida en el cráneo con orificio de salida. Tenía alrededor de 8 años trabajando en la Policía Estatal y desde hace varios meses fue incorporada a la Policía Estatal Acreditable.
Exactamente dos meses después, y justo el día de su cumpleaños, el ex agente estatal Ramón Pérez Bejarano se quitó la vida el miércoles 05 de junio. El columnista Abel González Sánchez publicó en el Diario de Colima que el motivo se dio ante su situación precaria luego de haber sido despedido por el gobierno de Mario Anguiano Moreno.
Luego de 19 años de servicio, el hombre fue dado de baja de la corporación policiaca, "lo que le provocó una gradual depresión psicológica al verse frustrado por no encontrar otro empleo fijo para sostener los estudios profesionales de sus dos hijas, tomando la peor decisión de suicidarse".
Sus hijas, huérfanas de madre hace 5 años, y ahora de su padre también -relata el texto-, "le habían acondicionado la habitación a su papá, por motivo de su cumpleaños, con mensajes de felicitación para reanimarlo, ya que lo vieron muy deprimido por su infructuosa lucha para recuperar su trabajo, ya que le cerraron las puertas gubernamentales al intentarlo varias veces; al final, acudió a instancias legales particulares sin solución alguna, por lo que decidió mejor quitarse la vida".
Ramón Pérez ingresó como servidor público a los 23 años de edad y escogió su cumpleaños como el día de su muerte, cumplía 42 años. La mitad de su vida prácticamente la ocupó en su empleo en el gobierno. Su trabajo lo sostenía a base de esfuerzo y dedicación, no por recomendación ni influencias, por ser de familia humilde; acumuló diplomas y reconocimientos que le dieron y que tienen guardados hoy su familia; inclusive las autoridades le habían asegurado aumentar su sueldo si estudiaba el bachillerato, que lo terminó hace poco más de un año para mejorar; "pero de nada le sirvió", lamentó Abel González.
El culpable del despido, reflexiona, fue el famoso aparato llamado detector de mentiras o polígrafo que les aplican a quienes laboran en áreas de la policía de los diferentes niveles, "que aunque no está científicamente comprobado para medir el grado de confianza de los elementos policíacos, ni normado legalmente, lo usan aquí y en todo el país por razones de control interno por diferentes motivos, pero lo arbitrario es que a los que no lo pasan, sólo les dicen verbalmente que lo reprobaron sin registro documental, dejándolos en pleno estado de indefensión, pues era incongruente que si había sido distinguido constantemente como el policía del mes, inclusive del año, y estudiaba su bachillerato, era porque deseaba progresar. ¿Cuál será la garantía y seguridad laboral de los policías no pueden tampoco reubicarlos?".

ECO EN EL PAÍS

Esta ola de suicidios entre agentes policiacos no es exclusivo de Colima, a lo largo y ancho del país se repiten historias lamentables, como es el caso del gente patrullero de la Policía Municipal de Tijuana, sección turística, Hugo García Aguilar, quien con su propia arma de cargo se dio un balazo en la cabeza.
Los hechos se dieron el sábado 29 de junio por la mañana. Se presume que el joven discutió con su esposa antes de quitarse la vida en su domicilio.
Contaba con más de dos años en la corporación, y se preparaba para irse a trabajar en su turno en la Sección Turística.
Según versión que dieron algunos vecinos a la prensa de la ciudad del norte, se pudo saber que poco antes de las 09:00 horas, es decir momentos después de que el agente había pasado su lista de orden de servicio por sus superiores a las 08:00 horas, llegó a este lugar donde vive la joven con la que tenía vida marital y ahí duró algunos minutos tocándole la puerta.
Indican los vecinos que así transcurrieron algunos momentos ya que él le pedía que regresara, le perdonara, sin embargo su pareja sentimental le contestaba que se fuera que ya no era posible estar juntos, que todo había terminado entre ellos. Fue en esos momentos cuando escucharon una detonación de arma de fuego, por lo que salieron a ver y encontraron ahí tirado sobre las escaleras el cuerpo ensangrentado del agente policiaco.
Antes, a principios de mayo, un policía de la Ciudad de México sintió que sus oportunidades se habían escapado y prefirió morir, dejando una carta en donde decía "Lo siento pero ya no puedo".
El policía preventivo se dio un balazo en la sien derecha cuando se encontraba a bordo de su patrulla frente al cuartel ubicado en la Unidad San Juan de Aragón primera sección, en la delegación Gustavo A. Madero. Alejandro Rosales Rodríguez murió esa noche de domingo en el Hospital Mocel donde nada pudieron hacer para salvarle la vida. Tenía 24 años de edad estaba adscrito al sector Cuchilla de la Secretaría de Seguridad Pública local.
Ese día, a las 18:10 horas, sus compañeros escucharon un balazo, de inmediato salieron y lo encontraron sangrando de la cabeza en el asiento del conductor de su automóvil, un Chrysler Spirit, negro con placas 232 UFE.
Rosales Rodríguez era soltero y vivía con sus padres. Sus compañeros coincidieron en mencionar que era bastante tranquilo. En el asiento trasero del automóvil encontraron su arma de cargo, mientras que en el asiento del copiloto fue hallado un recado que decía:
“Lo siento pero ya no puedo. Mamá y los demás cuídense mucho que yo los estaré cuidando je, je, je. Te amo mucho mamá: papá: Adri: María del Carmen: Adriana: en fin.”
En abril, otro elemento se suicidó tras atropellar a dos por persecución. Reyes Castellanos, Policía de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, perdió el control de su patrulla y se estrelló contra un puesto de jugos. Ahí arrolló a dos hombres uno de los cuales perdió la vida y el otro quedó lesionado.
De acuerdo con las indagatorias hechas por la procuraduría capitalina, los elementos Carlos Reyes Castellanos y su compañero David Cortés Mora perseguían a un taxista que se pasó un alto y no se detuvo. Cuando Carlos se dio cuenta de que había matado a una persona y herido a otra, se sintió más desesperado debido a que vecinos, familiares y testigos de los hechos comenzaron a rodear la patrulla para tratar de lincharlos. No soportó la presión, sacó su arma de cargo y se disparó en la cabeza al ver que algunos de los vecinos comenzaron a filmarlo con sus teléfonos celulares.

ALREDEDOR DEL MUNDO

Los hechos se repiten en el orbe. Recientemente, el 5 de julio pasado, un patrullero de la Policía Nacional en Colombia decidió matar a su hijo de solo 5 años de edad y luego se suicidó para vengarse de su esposa, con quien aparentemente había discutido, según un mensaje que dejó previamente en Facebook.
El agente Mauricio Pico Meldivieso se desempeñaba como escolta del alcalde, viajó llevando a su pequeño hijo a Pasto a bordo del vehículo oficial del burgomaestre. En la capital nariñense se hospedó en un motel, donde, con su arma de dotación le pegó un tiro al niño y luego se autoeliminó de forma similar.
Tras conocerse el hecho, los investigadores encontraron un mensaje del uniformado en Facebook, dirigido a su esposa, en el cual detalló las causas de su fatal determinación: “Somos dos angelitos y estaremos en el cielo descansando. Gracias caro pero te voy a condenar a muerte en vida y me llevo lo más preciado para ti”, escribió el policía en Facebook.
También en Sudamérica, en Bagua (Amazonas), un policía proveniente de Lima, Perú, se quitó la vida al disparase en la boca con su arma. Se trató del suboficial de tercera, Cristian Pérez Huamaní, quien según investigaciones preliminares, habría decidido acabar con su vida por problemas familiares.
Al ver dicha escena, su padre trató de quitarse la vida arrojándose en las guas del río Utcubamba; no obstante, fue rescatado por moradores. El suboficial había salido hace dos años y medio de la escuela de policías de la provincia de Utcubamba y prestaba servicios en esta zona.
Hugo Müller Solón, abogado, investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos/Perú, escribe en su texto "Policías Suicidas": los policías también son seres humanos y su salud debe ser un tema prioritario para la Institución Policial. Una crisis emotiva parece ser el móvil, pero no sabemos sus causas, celos, problemas familiares, enfermedad, depresión, inestabilidad de la vida familiar, el estrés laboral, la vulneración de sus derechos, sus bajas remuneraciones, el maltrato de sus superiores, no lo sabemos.

El gobierno espía todo y a todos, al servicio de Washington

Con el beneplácito de dos presidencias panistas sucesivas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos instalaron en México diversos sistemas de intercepción de comunicaciones, mismos que operan con apoyo de las dependencias del gobierno mexicano. La red de espionaje de Washington no sólo está avalada por México sino que funciona con la intervención directa de la Policía Federal, la Sedena y la PGR, entre otros organismos. El internet y la telefonía de los mexicanos tienen encima, todo el tiempo, los ojos y los oídos de Washington pero también los del propio gobierno federal, ahora encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto. 

La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.

No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.

En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.

El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001.

De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.

 

 

 

Este es un adelanto del número 1915 de la revista Proceso, ya en circulación.

 

Juicios orales no garantizan que delincuentes estén en la cárcel


**El nuevo sistema judicial penal vendrá a agilizar y transparentar los casos, sobre todo porque hay muchas personas que permanecen en los Ceresos mucho tiempo sin ser sentenciados, pondera el abogado Carlos de la Madrid al advertir de algunos riesgos con los juicios orales.


Colima, México (10 de julio de 2013).- Aunque en general los juicios orales que pretenden aplicarse en algunos meses para la impartición de justicia tanto en el estado como en el país tienen muchas ventajas, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, Carlos de la Madrid Virgen, advierte que al igual que en el proceso escrito, también con este método se corren algunos riesgos.
Tras apunta que es obligación por mandato constitucional que los estados apliquen este sistema acusatorio adversarial de juicios orales, el abogado reconoce que en Colima todavía se está trabajando en ello, y los juicios que ya se iniciaron con el sistema tradicional escrito van a seguir, "pero los juicios nuevos van a ser de acuerdo al sistema de juicios orales".
Este fin de semana pasado el gobernador Mario Anguiano Moreno señaló que en Colima se trabaja en serio para adoptar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que la entidad está cumpliendo con la parte que le corresponde y se espera que para el 2016 haya juicios orales en el estado.
El académico expone en entrevista con Avanzada que los juicios orales vendrán a darle mayor transparencia y rapidez a los casos que se estén procesando, porque si nos damos una vuelta por el Cereso podremos darnos cuenta que hay muchos internos que tienen años ahí y no han sido sentenciados, porque es muy lento el sistema actual (escrito), sostiene.
Reconoce que de cualquier forma, al igual que con los juicios por escrito, con los orales se corren riesgos de que por ejemplo algunos delincuentes no sean sentenciados adecuadamente, sobre todo si no hay capacitación de las partes acusadores, del Ministerio Público, o si los peritos no saben bien hacer su papel.
"Si esto sucede no podrán emitir un dictamen adecuado y puede haber libertad de delincuentes", añade al recordar que hace un año se dio el caso de un juicio oral en Chihuahua donde se dejó en libertad a un individuo y la mamá de la víctima hizo un escándalo y después hasta la mataron a ella, "creo que hasta detuvieron a los jueces".
Sobre por qué lo dejaron en libertad, Carlos de la Madrid responde: Quiero pensar, a favor de los jueces, que a lo mejor, como sucede ahora en la Corte; no le llevaron bien la acusación y lo tuvieron que dejar salir -al delincuente-. Pero la gente, y más la víctima, no se siente satisfecha, al contrario, se siente afectada.
Pero en general los juicios orales vendrán a agilizar los casos y a hacerlos más transparentes, concluye el director de la Facultad de Derecho, "si hubiera alguna componenda, como puede haberlas en el sistema escrito, a nivel de juicio oral no es fácil tenerlas". 
 

'Cadena de fallas' pone en libertad a delincuentes en Colima

 

Colima, México (09 de julio de 2013).- Varios casos de delincuentes que fueron detenidos y posteriormente liberados para cometer asesinatos ensucian el trabajo de las autoridades en el estado. De entre ellos destacan dos asuntos, al menos uno de ellos relacionado con la muerte del exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos.


El primer caso se dio durante la administración del priista Fernando Moreno Peña, cuando en 2001, el presunto asesino intelectual del exgobernador Silverio Cavazos, Gerardo Mendoza Chávez, fue detenido y liberado por el delito de posesión ilegal de arma de fuego.


El aparente líder de 'La Familia Michoacana' fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el 2 de septiembre de ese año y puesto a disposición del Ministerio Público Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, la anterior procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, aseguró que tras la intervención del padre de Samuel Rodríguez Moreno (sobrino del ex gobernador FMP), el abogado Samuel Rodríguez Salas; el detenido salió de prisión el 5 de octubre de 2001.


Otro caso ocurrió apenas semanas atrás durante la actual administración de Mario Anguiano Moreno. Aunque en mayo de 2011 se dio a conocer que en un operativo policiaco en la colonia El Mezcalito fue detenido José Bernabé Brizuela Meraz, alias El Berna o La Vaca; dos años después -el 23 de mayo pasado en Comala-, el Ejército detuvo aparentemente a la misma persona.


El mandatario estatal mencionó que José Bernabé tiene cinco casos relacionados con homicidio. Cuestionado sobre si era el mismo delincuente detenido en 2011, Mario Anguiano dijo no tener datos de que en ese año se haya detenido a 'La Vaca'.


El que delincuentes como estos hayan sido detenidos y posteriormente liberados para ahora ser señalados como asesinos se puede deber a diferentes factores, entre ellos una mala integración de la averiguación previa, posibles errores del juez o una cadena de fallas, sostiene el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima, Mario García Solórzano.

FACTORES 

"Cuando una persona es detenida y al mes sale en libertad, puede suceder que a lo mejor la averiguación previa vaya deficiente, que el juzgado penal dentro del término de 72 horas debe de ser dejado en libertad o auto de formal prisión, o puede suceder que le determinaron el auto de formal prisión que esté deficiente", explica en entrevista con Avanzada.


Anota que todo lo anterior es motivo para que la defensa interponga un amparo indirecto y consecuentemente el juez federal conceda el amparo y protección de la justicia federal y ordene al juez penal que deje insubsistente dicho auto de formal prisión y dicte otro, donde se analicen los puntos.


Puede suceder nuevamente que el juez penal vuelva a dictar auto de formal prisión sin tomar en cuenta lo que el juez federal le ordenó en el amparo, añade, "entonces la defensa vuelve a exigirle al juez federal que no se está cumpliendo con el fallo protector. En este ir y venir de cosas se lleva un mes, mes y medio, y el juez del fuero común le da cabal cumplimiento al fallo protector del juez federal y dicta una nueva resolución constitucional en la que lo deja en libertad".


--¿Hay huecos en la impartición y administración de justicia que provocan este suceso? -se le cuestionó.


--Simple y sencillamente se trata de que los jueces penales al momento de dictar la resolución constitucional lo hagan apegado a derecho, y más tratándose de personas del crimen delincuencial


"Los jueces penales tienen sus normas y reglas constitucionales para dictar su resolución, pero es una cadena de fallas: que si la averiguación previa llega mal, la consignación, entonces el juez va a analizar y decir 'esto está mal'.


Mario García recuerda que ha sucedido que llegan consignaciones con personas que fueron detenidas de manera ilegal, fuera de todo procedimiento, quizá estuvieron por más de 48 horas en un Ministerio Público, por lo que se violan los derechos humanos y va para atrás, y al detenido lo tienen que dejar en libertad inmediatamente, aunque sea culpable. "Ahí ya no es falla del juez, si se apega a derecho lo tiene que dejar en libertad porque la consignación está mal".


En otros casos puede haber responsabilidad del MP por no integrar bien las averiguaciones o por retener a una persona más de las 48 horas, indica, al consignarlo puede hacerlo de manera deficiente e ilegal y en el acto de radicación del juez lo suelta, "así es como debe de ser".


El especialista en materia penal aclara que el juez es un administrador de justicia y la procuraduría imparte justicia, dos poderes republicanos diferentes, uno el Judicial y el otro el Ejecutivo; por lo que puede haber fallas tanto en uno como en otro que lleven a la liberación de los presuntos delincuentes.

PRIMER CASO: RESPONSABILIDADES

En relación a cómo una persona es detenida, en un mes liberada y años después se le señala como autor intelectual del crimen de un exgobernador y líder de un grupo delincuencia, García Solórzano da varias hipótesis de lo que pudo haber sucedido.


Sobre qué responsabilidad tienen las autoridades, dice, "es una responsabilidad grande que está establecida en la Constitución, los Códigos Penales, hay una ley de responsabilidades, puede haber sucedido en estos dos casos, sin tener conocimiento exacto".


En el caso de Gerardo Mendoza, abunda, "nos damos cuenta por la prensa o por corrillos, realmente sólo ellos saben cómo trabajan, pudo haber sucedido que hicieron ese tipo de maniobras y probablemente en ese tiempo todavía no se veía muy públicamente la actuación de este señor como cabeza visible de un grupo delincuencia en Colima".


Al ser detenido por la portación de un arma el procedimiento tarda alrededor de un mes en que puede una persona lograr su libertad, pondera, "habría que ver quién lo juzgó en ese entonces, si fue un juez federal por la portación de alguna arma, o un juez del fuero común por el mismo delito".


--¿Pero sí hay responsabilidad?


--Lo que pasa es lo siguiente: un arma que tú portas, dependiendo cuál sea, tiene derecho a fianza. O llegas, desahogas pruebas y no es conveniente la fianza, a veces renuncias a todos los medios de prueba que puedes ofrecer y te viene una sentencia mínima, en ese momento le pides al juez en el momento procesal que te conceda la conmutación de la pena que te vaya a imponer, porque la mínima son dos años y la conmuta por un pago, pudo suceder así, pero desconozco la situación en sí.

SEGUNDO CASO: CORTINAS DE HUMO

El otro caso de José Bernabé, agrega, "es público que se han generado cortinas de humo y no se ha precisado, no han salido a dar declaraciones a la prensa, como hemos sugerido. Es importante que se dé una rueda de prensa y se explique cuáles son los delitos por los que fue detenida esta persona, digan dónde se encuentra, qué autoridad lo tiene, si está o no preso, ver cuál es su situación.


El presidente del Colegio de Abogados Penalistas refiere que tiene entendido que "La Vaca" tenía varias órdenes de aprehensión en Colima, pero desconoce si se han cumplimentado o no, "porque una persona que es detenida como el caso de él y se hace público, la PGE es quien tiene las órdenes de aprehensión y tiene que dar información".


Tras manifestar que el detenido el 23 de mayo se encuentra en México, según le comentó el ombudsman Roberto Chapula, subraya que las autoridades estatales "nos tienen qué aclarar en dónde está, si se encuentra arraigado por las autoridades federales, porque si no van a proceder en contra de él que lo pongan a disposición de las autoridades de Colima para que sea juzgado y procesado por los delitos por los cuales tienen las órdenes de aprehensión en su contra".


Finalmente Mario García Solórzano advierte que aunque pareciera que a la sociedad colimense no le interesan estas situaciones, de delincuentes que son detenidos y posteriormente liberados por una 'cadena de fallas, "en realidad sí le importan, la gente es muy cuidadosa de estar debidamente informada y las autoridades tienen que dar más datos sobre lo que sucede".





Ola de asesinatos de candidatos rumbo al 7 de julio


Colima, México (julio de 2013).- A unos días de que se realicen este domingo elecciones en 14 de 32 estados del país, la inseguridad, incertidumbre y amenazas empañan el proceso. En las últimas tres semanas han asesinado a al menos cinco personas en campaña, tres de ellos candidatos a diferentes cargos públicos. 
Apenas ayer lunes elementos del Ejército mexicano encontraron el cadáver del candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía del San Dimas, un municipio serrano de Durango, José Ricardo Reyes Zamudio. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue hallado por la tarde en un paraje conocido como El Sauz, cerca de la comunidad minera de Tayoltita, de la cual era originario.
El cadáver tenía disparos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo. Miembros de su equipo de campaña informaron que Reyes Zamudio había desaparecido por la mañana antes de iniciar sus actividades proselitistas, presuntamente plagiado por un grupo de desconocidos.
Dos días antes, el pasado sábado 29 de junio, un atentado contra Rosalía Palma, candidata del PRI-PVEM a diputada en Oaxaca, dejó dos personas muertas, su esposo y su sobrina. Sujetos desconocidos balearon con armas de alto poder a la aspirante a legisladora, presuntamente desde otro vehículo en movimiento que los rebasó. Se reportó que la candidata fue trasladada a una clínica de la capital oaxaqueña para ser intervenida quirúrgicamente.
La acometida ocurrió pocos días después de que apareciera muerto con tres disparos en la cabeza el presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Nicolás Estrada Merino, tras haber sido secuestrado.
Los hechos ocurrieron a la altura de la población de San Juan Teposcolula, en donde la candidata de la coalición “Compromiso por Oaxaca” por el Distrito Electoral 14-Teposculula, viajaba a bordo de una camioneta Ford, en compañía de su asistente Talía Cruz Ibáñez y su esposo Efraín Cruz Bruno.
Sin embargo, en el kilómetro 1, en el tramo Yucudá-Teposcolula de la carretera federal 125 “Alfonso Pérez Gasga”, fueron interceptados por personas desconocidas a bordo de un vehículo marca Nissan, quienes efectuaron disparos de arma de fuego de alto poder, de R-15 y de 9 milímetros en contra de la unidad automotriz.
Palma López resultó herida con dos disparos de arma de fuego en el brazo y el pectoral izquierdo. Fue canalizada y escoltada por elementos de la PGJE a una clínica particular en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para recibir atención especializada.
Por otro lado, el miércoles 24 de junio, fue asesinado Eleazar Armenta Acuña, candidato suplente a regidor por la planilla de la coalición Unidos Ganas Tú, que encabeza Esteban López; en las inmediaciones de El Gatal, en Sinaloa.
Armenta Acuña había sido levantado en su propia casa, ubicada en la comunidad de Máripa, 12 kilómetros al oriente de la cabecera municipal, la noche del domingo. Trabajaba como auxiliar de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Sinaloa y había solicitado permiso para incorporarse a la campaña.
Anteriormente se había ventilado que en el municipio de Sinaloa, grupos armados estaban presionando a los brigadistas y operadores de la coalición Unidos Ganas Tú, y que la campaña estuvo paralizada durante al menos 15 días.
Casi diez días antes, el jueves 13 del mismo mes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Jaime Orozco Madrigal, fue encontrado muerto, luego de que fuera sacado a la fuerza de su domicilio la noche del lunes anterior por hombres armados.
El político recibió 13 balazos calibre 7.62x39 del que usan los rifles de asalto AK-47, llamados cuernos de chivo, según dio a conocer la Fiscalía del estado. Su cuerpo se localizó en una brecha cercana a la cabecera municipal; tenía atadas las manos y presentaba golpes.
Pese a ello, el gobernador César Duarte dijo que no existen riesgos para el proceso electoral del 7 de julio, en el que se renovarán 67 alcaldías y 33 diputaciones. “Los chihuahuenses están claros que la alta cresta de violencia la hemos superado. No vamos a permitir que eventos como estos lastimen la convivencia y menos el proceso electoral”, expuso.
Hace tres años, a finales de junio de 2010, el candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, resultó muerto durante una balacera. A la lista de aspirantes políticos asesinados también se suman José Francisco Fuentes Esperón (candidato a diputado en Tabasco, 2009), y Luis Donaldo Colosio Murrieta (candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994), entre otros.