El gobierno espía todo y a todos, al servicio de Washington

Con el beneplácito de dos presidencias panistas sucesivas, las agencias de inteligencia de Estados Unidos instalaron en México diversos sistemas de intercepción de comunicaciones, mismos que operan con apoyo de las dependencias del gobierno mexicano. La red de espionaje de Washington no sólo está avalada por México sino que funciona con la intervención directa de la Policía Federal, la Sedena y la PGR, entre otros organismos. El internet y la telefonía de los mexicanos tienen encima, todo el tiempo, los ojos y los oídos de Washington pero también los del propio gobierno federal, ahora encabezado por el presidente priista Enrique Peña Nieto. 

La entrega comenzó con Vicente Fox. Y Felipe Calderón cedió cuanto pudo. Los gobiernos panistas decidieron hacer de México un territorio abierto al espionaje de Estados Unidos y ambos tuvieron al mismo operador: Genaro García Luna, quien terminó como el gran espía del panismo y, al mismo tiempo, como un facilitador para la intromisión estadunidense.

No fue el único que la propició. También lo hizo Eduardo Medina Mora, director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y secretario de Seguridad Pública de Fox, procurador general con Calderón y actual embajador en Estados Unidos.

En diciembre de 2005, mucho antes de que México y Estados Unidos comenzaran las negociaciones de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado inició el proceso de licitación para la compra de un equipo capaz de “interceptar, analizar y usar la información captada de todo tipo de sistemas de comunicación que operan en México”.

El consentimiento de Fox para el espionaje de Estados Unidos en el país fue resultado de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte, firmada en marzo de 2005 por Estados Unidos, Canadá y México a iniciativa de Washington, luego de los ataques de Al Qaeda en territorio estadunidense en septiembre de 2001.

De acuerdo con la licitación S-INLEC06R4042, el propósito del Departamento de Estado fue muy claro: ayudar a disuadir, prevenir y mitigar actos de importantes delitos federales en México, que incluyan narcotráfico y terrorismo. La agencia directamente involucrada fue la Oficina Internacional de Narcóticos y Asuntos de Cumplimiento de la Ley.

 

 

 

Este es un adelanto del número 1915 de la revista Proceso, ya en circulación.

 

Juicios orales no garantizan que delincuentes estén en la cárcel


**El nuevo sistema judicial penal vendrá a agilizar y transparentar los casos, sobre todo porque hay muchas personas que permanecen en los Ceresos mucho tiempo sin ser sentenciados, pondera el abogado Carlos de la Madrid al advertir de algunos riesgos con los juicios orales.


Colima, México (10 de julio de 2013).- Aunque en general los juicios orales que pretenden aplicarse en algunos meses para la impartición de justicia tanto en el estado como en el país tienen muchas ventajas, el director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, Carlos de la Madrid Virgen, advierte que al igual que en el proceso escrito, también con este método se corren algunos riesgos.
Tras apunta que es obligación por mandato constitucional que los estados apliquen este sistema acusatorio adversarial de juicios orales, el abogado reconoce que en Colima todavía se está trabajando en ello, y los juicios que ya se iniciaron con el sistema tradicional escrito van a seguir, "pero los juicios nuevos van a ser de acuerdo al sistema de juicios orales".
Este fin de semana pasado el gobernador Mario Anguiano Moreno señaló que en Colima se trabaja en serio para adoptar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, ya que la entidad está cumpliendo con la parte que le corresponde y se espera que para el 2016 haya juicios orales en el estado.
El académico expone en entrevista con Avanzada que los juicios orales vendrán a darle mayor transparencia y rapidez a los casos que se estén procesando, porque si nos damos una vuelta por el Cereso podremos darnos cuenta que hay muchos internos que tienen años ahí y no han sido sentenciados, porque es muy lento el sistema actual (escrito), sostiene.
Reconoce que de cualquier forma, al igual que con los juicios por escrito, con los orales se corren riesgos de que por ejemplo algunos delincuentes no sean sentenciados adecuadamente, sobre todo si no hay capacitación de las partes acusadores, del Ministerio Público, o si los peritos no saben bien hacer su papel.
"Si esto sucede no podrán emitir un dictamen adecuado y puede haber libertad de delincuentes", añade al recordar que hace un año se dio el caso de un juicio oral en Chihuahua donde se dejó en libertad a un individuo y la mamá de la víctima hizo un escándalo y después hasta la mataron a ella, "creo que hasta detuvieron a los jueces".
Sobre por qué lo dejaron en libertad, Carlos de la Madrid responde: Quiero pensar, a favor de los jueces, que a lo mejor, como sucede ahora en la Corte; no le llevaron bien la acusación y lo tuvieron que dejar salir -al delincuente-. Pero la gente, y más la víctima, no se siente satisfecha, al contrario, se siente afectada.
Pero en general los juicios orales vendrán a agilizar los casos y a hacerlos más transparentes, concluye el director de la Facultad de Derecho, "si hubiera alguna componenda, como puede haberlas en el sistema escrito, a nivel de juicio oral no es fácil tenerlas". 
 

'Cadena de fallas' pone en libertad a delincuentes en Colima

 

Colima, México (09 de julio de 2013).- Varios casos de delincuentes que fueron detenidos y posteriormente liberados para cometer asesinatos ensucian el trabajo de las autoridades en el estado. De entre ellos destacan dos asuntos, al menos uno de ellos relacionado con la muerte del exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos.


El primer caso se dio durante la administración del priista Fernando Moreno Peña, cuando en 2001, el presunto asesino intelectual del exgobernador Silverio Cavazos, Gerardo Mendoza Chávez, fue detenido y liberado por el delito de posesión ilegal de arma de fuego.


El aparente líder de 'La Familia Michoacana' fue detenido por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el 2 de septiembre de ese año y puesto a disposición del Ministerio Público Federal y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, la anterior procuradora Yolanda Verduzco Guzmán, aseguró que tras la intervención del padre de Samuel Rodríguez Moreno (sobrino del ex gobernador FMP), el abogado Samuel Rodríguez Salas; el detenido salió de prisión el 5 de octubre de 2001.


Otro caso ocurrió apenas semanas atrás durante la actual administración de Mario Anguiano Moreno. Aunque en mayo de 2011 se dio a conocer que en un operativo policiaco en la colonia El Mezcalito fue detenido José Bernabé Brizuela Meraz, alias El Berna o La Vaca; dos años después -el 23 de mayo pasado en Comala-, el Ejército detuvo aparentemente a la misma persona.


El mandatario estatal mencionó que José Bernabé tiene cinco casos relacionados con homicidio. Cuestionado sobre si era el mismo delincuente detenido en 2011, Mario Anguiano dijo no tener datos de que en ese año se haya detenido a 'La Vaca'.


El que delincuentes como estos hayan sido detenidos y posteriormente liberados para ahora ser señalados como asesinos se puede deber a diferentes factores, entre ellos una mala integración de la averiguación previa, posibles errores del juez o una cadena de fallas, sostiene el presidente del Colegio de Abogados Penalistas en el Estado de Colima, Mario García Solórzano.

FACTORES 

"Cuando una persona es detenida y al mes sale en libertad, puede suceder que a lo mejor la averiguación previa vaya deficiente, que el juzgado penal dentro del término de 72 horas debe de ser dejado en libertad o auto de formal prisión, o puede suceder que le determinaron el auto de formal prisión que esté deficiente", explica en entrevista con Avanzada.


Anota que todo lo anterior es motivo para que la defensa interponga un amparo indirecto y consecuentemente el juez federal conceda el amparo y protección de la justicia federal y ordene al juez penal que deje insubsistente dicho auto de formal prisión y dicte otro, donde se analicen los puntos.


Puede suceder nuevamente que el juez penal vuelva a dictar auto de formal prisión sin tomar en cuenta lo que el juez federal le ordenó en el amparo, añade, "entonces la defensa vuelve a exigirle al juez federal que no se está cumpliendo con el fallo protector. En este ir y venir de cosas se lleva un mes, mes y medio, y el juez del fuero común le da cabal cumplimiento al fallo protector del juez federal y dicta una nueva resolución constitucional en la que lo deja en libertad".


--¿Hay huecos en la impartición y administración de justicia que provocan este suceso? -se le cuestionó.


--Simple y sencillamente se trata de que los jueces penales al momento de dictar la resolución constitucional lo hagan apegado a derecho, y más tratándose de personas del crimen delincuencial


"Los jueces penales tienen sus normas y reglas constitucionales para dictar su resolución, pero es una cadena de fallas: que si la averiguación previa llega mal, la consignación, entonces el juez va a analizar y decir 'esto está mal'.


Mario García recuerda que ha sucedido que llegan consignaciones con personas que fueron detenidas de manera ilegal, fuera de todo procedimiento, quizá estuvieron por más de 48 horas en un Ministerio Público, por lo que se violan los derechos humanos y va para atrás, y al detenido lo tienen que dejar en libertad inmediatamente, aunque sea culpable. "Ahí ya no es falla del juez, si se apega a derecho lo tiene que dejar en libertad porque la consignación está mal".


En otros casos puede haber responsabilidad del MP por no integrar bien las averiguaciones o por retener a una persona más de las 48 horas, indica, al consignarlo puede hacerlo de manera deficiente e ilegal y en el acto de radicación del juez lo suelta, "así es como debe de ser".


El especialista en materia penal aclara que el juez es un administrador de justicia y la procuraduría imparte justicia, dos poderes republicanos diferentes, uno el Judicial y el otro el Ejecutivo; por lo que puede haber fallas tanto en uno como en otro que lleven a la liberación de los presuntos delincuentes.

PRIMER CASO: RESPONSABILIDADES

En relación a cómo una persona es detenida, en un mes liberada y años después se le señala como autor intelectual del crimen de un exgobernador y líder de un grupo delincuencia, García Solórzano da varias hipótesis de lo que pudo haber sucedido.


Sobre qué responsabilidad tienen las autoridades, dice, "es una responsabilidad grande que está establecida en la Constitución, los Códigos Penales, hay una ley de responsabilidades, puede haber sucedido en estos dos casos, sin tener conocimiento exacto".


En el caso de Gerardo Mendoza, abunda, "nos damos cuenta por la prensa o por corrillos, realmente sólo ellos saben cómo trabajan, pudo haber sucedido que hicieron ese tipo de maniobras y probablemente en ese tiempo todavía no se veía muy públicamente la actuación de este señor como cabeza visible de un grupo delincuencia en Colima".


Al ser detenido por la portación de un arma el procedimiento tarda alrededor de un mes en que puede una persona lograr su libertad, pondera, "habría que ver quién lo juzgó en ese entonces, si fue un juez federal por la portación de alguna arma, o un juez del fuero común por el mismo delito".


--¿Pero sí hay responsabilidad?


--Lo que pasa es lo siguiente: un arma que tú portas, dependiendo cuál sea, tiene derecho a fianza. O llegas, desahogas pruebas y no es conveniente la fianza, a veces renuncias a todos los medios de prueba que puedes ofrecer y te viene una sentencia mínima, en ese momento le pides al juez en el momento procesal que te conceda la conmutación de la pena que te vaya a imponer, porque la mínima son dos años y la conmuta por un pago, pudo suceder así, pero desconozco la situación en sí.

SEGUNDO CASO: CORTINAS DE HUMO

El otro caso de José Bernabé, agrega, "es público que se han generado cortinas de humo y no se ha precisado, no han salido a dar declaraciones a la prensa, como hemos sugerido. Es importante que se dé una rueda de prensa y se explique cuáles son los delitos por los que fue detenida esta persona, digan dónde se encuentra, qué autoridad lo tiene, si está o no preso, ver cuál es su situación.


El presidente del Colegio de Abogados Penalistas refiere que tiene entendido que "La Vaca" tenía varias órdenes de aprehensión en Colima, pero desconoce si se han cumplimentado o no, "porque una persona que es detenida como el caso de él y se hace público, la PGE es quien tiene las órdenes de aprehensión y tiene que dar información".


Tras manifestar que el detenido el 23 de mayo se encuentra en México, según le comentó el ombudsman Roberto Chapula, subraya que las autoridades estatales "nos tienen qué aclarar en dónde está, si se encuentra arraigado por las autoridades federales, porque si no van a proceder en contra de él que lo pongan a disposición de las autoridades de Colima para que sea juzgado y procesado por los delitos por los cuales tienen las órdenes de aprehensión en su contra".


Finalmente Mario García Solórzano advierte que aunque pareciera que a la sociedad colimense no le interesan estas situaciones, de delincuentes que son detenidos y posteriormente liberados por una 'cadena de fallas, "en realidad sí le importan, la gente es muy cuidadosa de estar debidamente informada y las autoridades tienen que dar más datos sobre lo que sucede".





Ola de asesinatos de candidatos rumbo al 7 de julio


Colima, México (julio de 2013).- A unos días de que se realicen este domingo elecciones en 14 de 32 estados del país, la inseguridad, incertidumbre y amenazas empañan el proceso. En las últimas tres semanas han asesinado a al menos cinco personas en campaña, tres de ellos candidatos a diferentes cargos públicos. 
Apenas ayer lunes elementos del Ejército mexicano encontraron el cadáver del candidato del Movimiento Ciudadano a la alcaldía del San Dimas, un municipio serrano de Durango, José Ricardo Reyes Zamudio. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cuerpo fue hallado por la tarde en un paraje conocido como El Sauz, cerca de la comunidad minera de Tayoltita, de la cual era originario.
El cadáver tenía disparos de arma de fuego en diversas partes del cuerpo. Miembros de su equipo de campaña informaron que Reyes Zamudio había desaparecido por la mañana antes de iniciar sus actividades proselitistas, presuntamente plagiado por un grupo de desconocidos.
Dos días antes, el pasado sábado 29 de junio, un atentado contra Rosalía Palma, candidata del PRI-PVEM a diputada en Oaxaca, dejó dos personas muertas, su esposo y su sobrina. Sujetos desconocidos balearon con armas de alto poder a la aspirante a legisladora, presuntamente desde otro vehículo en movimiento que los rebasó. Se reportó que la candidata fue trasladada a una clínica de la capital oaxaqueña para ser intervenida quirúrgicamente.
La acometida ocurrió pocos días después de que apareciera muerto con tres disparos en la cabeza el presidente del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Nicolás Estrada Merino, tras haber sido secuestrado.
Los hechos ocurrieron a la altura de la población de San Juan Teposcolula, en donde la candidata de la coalición “Compromiso por Oaxaca” por el Distrito Electoral 14-Teposculula, viajaba a bordo de una camioneta Ford, en compañía de su asistente Talía Cruz Ibáñez y su esposo Efraín Cruz Bruno.
Sin embargo, en el kilómetro 1, en el tramo Yucudá-Teposcolula de la carretera federal 125 “Alfonso Pérez Gasga”, fueron interceptados por personas desconocidas a bordo de un vehículo marca Nissan, quienes efectuaron disparos de arma de fuego de alto poder, de R-15 y de 9 milímetros en contra de la unidad automotriz.
Palma López resultó herida con dos disparos de arma de fuego en el brazo y el pectoral izquierdo. Fue canalizada y escoltada por elementos de la PGJE a una clínica particular en la ciudad de Oaxaca de Juárez, para recibir atención especializada.
Por otro lado, el miércoles 24 de junio, fue asesinado Eleazar Armenta Acuña, candidato suplente a regidor por la planilla de la coalición Unidos Ganas Tú, que encabeza Esteban López; en las inmediaciones de El Gatal, en Sinaloa.
Armenta Acuña había sido levantado en su propia casa, ubicada en la comunidad de Máripa, 12 kilómetros al oriente de la cabecera municipal, la noche del domingo. Trabajaba como auxiliar de la Dirección de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Sinaloa y había solicitado permiso para incorporarse a la campaña.
Anteriormente se había ventilado que en el municipio de Sinaloa, grupos armados estaban presionando a los brigadistas y operadores de la coalición Unidos Ganas Tú, y que la campaña estuvo paralizada durante al menos 15 días.
Casi diez días antes, el jueves 13 del mismo mes, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, Jaime Orozco Madrigal, fue encontrado muerto, luego de que fuera sacado a la fuerza de su domicilio la noche del lunes anterior por hombres armados.
El político recibió 13 balazos calibre 7.62x39 del que usan los rifles de asalto AK-47, llamados cuernos de chivo, según dio a conocer la Fiscalía del estado. Su cuerpo se localizó en una brecha cercana a la cabecera municipal; tenía atadas las manos y presentaba golpes.
Pese a ello, el gobernador César Duarte dijo que no existen riesgos para el proceso electoral del 7 de julio, en el que se renovarán 67 alcaldías y 33 diputaciones. “Los chihuahuenses están claros que la alta cresta de violencia la hemos superado. No vamos a permitir que eventos como estos lastimen la convivencia y menos el proceso electoral”, expuso.
Hace tres años, a finales de junio de 2010, el candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, resultó muerto durante una balacera. A la lista de aspirantes políticos asesinados también se suman José Francisco Fuentes Esperón (candidato a diputado en Tabasco, 2009), y Luis Donaldo Colosio Murrieta (candidato del PRI a la Presidencia de la República en 1994), entre otros.