Ejecuciones colectivas, otra cara de la violencia en Colima

Colima, México, Avanzada (08/02/2017).- A la par del notable incremento de homicidios dolosos que colocó al estado en el primer lugar nacional en la incidencia de ese delito, se consolida en Colima un nuevo rasgo de la violencia: las ejecuciones colectivas de personas, de las que durante el último año se contabilizaron al menos 14 casos en los que el número de víctimas osciló entre tres y siete.

El más reciente fue el de la mañana de este miércoles en el poblado de Salagua, municipio de Manzanillo, donde fueron encontrados los cuerpos de cuatro hombres ejecutados, que habían sido abandonados en una de las calles del fraccionamiento Marimar.

Según versiones extraoficiales los cadáveres se encontraban envueltos individualmente con bolsas de plástico y a un costado del lugar del hallazgo había un narcomensaje.

El sábado 21 de enero fueron encontrados en el interior de un taxi abandonado sobre el libramiento El Naranjo los cuerpos mutilados de seis hombres y una mujer; un día después aparecieron cinco cadáveres más con signos de haber sufrido tortura, en las inmediaciones de la comunidad Punta de Agua, mientras que el día 26 en las cercanías del boulevard Adolfo López Mateos fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

A mediados de diciembre pasado en la colonia Valle Querido, de la cabecera municipal de Tecomán, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia, entre ellos un adolescente, una mujer y dos varones.

El 5 de octubre fueron localizados cuatro cadáveres —tres hombres y una mujer— con huellas de tortura en la carretera Manzanillo-Minatitlán, mientras que cuatro días antes habían sido hallados los cuerpos de tres hombres en las afueras de un rancho del municipio de Tecomán, dos de ellos con señales de haber recibido el llamado “tiro de gracia”.

En septiembre fue ubicada en los límites de Colima y Jalisco, por el rumbo de Tonila, una fosa clandestina en cuyo interior había restos humanos de por lo menos cinco personas, que según las autoridades podrían ser un grupo de habitantes de la comunidad El Terrero secuestrados días antes.

En la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona oriente de la ciudad de Colima, se registró una triple ejecución, en la que murieron dos hombres adultos y un menor de 14 años que se encontraban en el exterior de una vivienda.

En la última semana de agosto, fue reportado el hallazgo de los cadáveres de cinco personas, atados de pies y manos, con huellas de impactos de bala, en una brecha que conduce del municipio de Minatitlán a Comala.

En el mes de julio, la PGJE descubrió siete cadáveres que estaban sepultados en tres fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Manzanillo. Dos de las víctimas eran dos jóvenes reportados previamente por sus familiares como desaparecidos.

En otro caso, el 7 de abril la PGJE localizó una fosa clandestina con seis cadáveres del sexo masculino en la carretera que conduce a Playa Pascuales, a la altura de la colonia Ladislao Moreno, en el municipio de Tecomán.

A finales de junio, un joven de 19 años de edad asesinó a su novia de 16 y a la madre de ésta luego de una discusión en la comunidad de Santa Rita, municipio de Manzanillo, y finalmente el agresor se suicidó.

A principios de febrero, en el municipio de Cuauhtémoc cerca de la zona limítrofe con Tonila, Jalisco, fueron encontrados los cadáveres de tres personas en el interior del mismo número de vehículos.

En la escena del crimen fue encontrado un narcomensaje.

“Estamos entre la opresión de los jefes y la incomprensión de la sociedad”: Policías


Colima, México, Avanzada (25/01/2017).- Responsables de garantizar la seguridad de la población en el estado más violento del país, policías colimenses levantan la voz y exigen condiciones laborales decorosas, mejor equipo de trabajo y respeto a sus derechos humanos al interior de la corporación.

Con ese propósito, crearon la asociación Seguridad, Dignificación Social y Amparo Laboral al Trabajador (Segdsal), desde la cual pretenden respaldar los derechos de sus compañeros, así como reivindicar la imagen policiaca ante la población, expone en entrevista su presidente, Juan Nazario Alfaro Palacios, agente de la Policía Estatal.

“Estamos —dice— entre la espada y la pared: entre la opresión de los jefes y la incomprensión de la sociedad, ya que nuestros superiores no nos respetan y nos tratan como trabajadores de tercera, mientras que los ciudadanos a veces no entienden que nuestro trabajo es muy delicado, es una labor en la que debemos analizar bien lo que hacemos porque si sometemos a alguien y sale con una leve lesión, nos acusa de abuso de autoridad cuando no es así”.

Aunado a lo anterior, refiere Alfaro, el trabajo policial es de alto riesgo: “Puedes salir por la mañana y despedirte de tu familia, pero nadie te da la certeza de que vas a volver; puede ser que a lo mejor llegues, pero encajonado”.

En menos de tres meses han sido asesinados siete policías, cuatro de la Procuraduría General de Justicia del Estado y tres de la Policía Estatal, en un contexto en el que Colima registró un total de 600 homicidios dolosos durante 2016 y se colocó con la tasa más alta de este delito en el país: 80 por cada cien mil habitantes.

Añade Alfaro Palacios: “Quienes nos dedicamos a esta actividad vivimos en constante estrés; hay muchos compañeros con problemas de salud como hipertensión y diabetes, así como daños del oído, por ir a prácticas de tiro sin protectores, y de los ojos, por forzar la vista en los horarios nocturnos”.

Los policías piden alza salarial de 50 por ciento, aumento del aguinaldo de 45 a 90 días de sueldo, para igualarlo al de los burócratas; pago de horas extras; aumento del seguro de vida, que es de 195 mil pesos; dos uniformes cada 6 meses (reciben uno cada año), bono de alto riesgo e incremento al bono de antigüedad, entre otras.

“HORARIO INFRAHUMANO”

Así también, demandan la reducción de la jornada de 24 horas de servicio por 24 de descanso a 8 por 24 horas, pues “tenemos un horario infrahumano considerado explotación laboral, y cuando hay situaciones extraordinarias nos dejan acuartelados hasta 36 horas consecutivas sin pago de horas extras”, afirma el dirigente de la asociación.

Otra de las quejas de los policías tiene que ver con el examen de control de confianza, pues de acuerdo con Alfaro “en lugar de dar certeza jurídica para que los policías puedan cumplir bien su servicio, genera incertidumbre porque ha sido mal manejado y sólo ha servido para dar de baja a buenos elementos policiales sin justificación, lo que ha ocurrido como en el 90 por ciento de los casos”.

Considera que el mecanismo más adecuado para la depuración de las corporaciones es hacer realmente una investigación personalizada para demostrar las irregularidades y poder decidir si algún elemento no puede pertenecer a las filas policiacas.

Por otra parte, mientras la población de la entidad y los índices delictivos se han incrementado, la Policía Estatal continúa trabajando con un número de elementos de hace 15 años, además de que no hay patrullas suficientes para atender los requerimientos de la población u otras se encuentran en mal estado.

“Si a mí me preguntan por qué no llego a tiempo a un servicio, digo que tenía otras llamadas o que había mucho tráfico, pero la verdad es que somos muy pocos y no nos damos abasto”, dice el policía José Gabriel Pérez López, miembro de la Segdsal.

La desprotección laboral de los policías, agrega, llega al grado de que cuando se quedan acuartelados no se les otorgan los alimentos y muchos de ellos se quedan sin comer, o se han dado casos como el de hace unos días en Manzanillo, cuando los manifestantes contra el gasolinazo regalaron comida a los agentes que habían sido enviados a vigilarlos.

Un problema adicional es el de las jubilaciones, apunta Nazario Alfaro, pues “hay compañeros que ya cumplieron 30 años trabajando y no les autorizan la jubilación, pedimos a las autoridades que hagan algo, porque no es justo que sigan trabajando; también solicitamos que por las características del trabajo a los hombres nos igualen el plazo de jubilación a los 28 años de servicio, como a las mujeres”.

El presidente de la Segdsal cuenta que las demandas de los policías ya fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el Congreso del Estado y el Gobierno estatal e indica que a partir de que se hizo público el asunto él sufrió como represalia el cambio de adscripción del Palacio de Gobierno, donde se encontraba comisionado, a la zona arqueológica La Campana, en situación de aislamiento.

INCERTIDUMBRE ANTE LAS AMENAZAS

A juicio de Nazario Alfaro, actualmente “casi nadie quiere ser policía por las condiciones en que nos encontramos, con el salario que tenemos y por la inseguridad que se vive; las leyes y el gobierno ordenan que el policía debe ser alguien con estudios, pero alguien que estudió no creo que quiera venir a exponer su integridad y a perder su vida en la calle”.

El agente Guillermo Soto Arreola, también integrante de la Segdsal, cuenta que en las circunstancias actuales y por la naturaleza de su trabajo los policías quisieran tener segura a su familia, pero no es así.

“Yo he detenido a delincuentes de alto riesgo y me han amenazado, han dicho que me van a matar, hasta me han hablado por teléfono a mi casa, pero como dice nuestro director, esto es el pan de cada día, aunque luego de ver lo que ha pasado con los compañeros caídos uno piensa las cosas; no sabemos si en verdad lo van a hacer o no”.

Soto Arreola añade que mientras están en servicio, los policías se sienten seguros porque andan armados, pero al salir de descanso van desarmados.

“Nos dicen: vístete de civil, pero de nada sirve porque de todos modos el mono es el mismo y al salir te van a dar; a mí ya van dos veces que se me cierran en la vía pública cuando voy en mi camioneta, lo único que han dicho es ‘ese no es’ y se van. ¿Qué hago? Si me pongo a seguirlos me van a dar, entonces mejor dejo que se vayan”.

José Gabriel Pérez dice que a otros de sus compañeros les han mandado coronas fúnebres a sus domicilios y viven con miedo e incertidumbre sobre lo que pueda pasarles no sólo a ellos, sino a sus familiares.

“Todo mundo sabe quiénes somos, porque nos ven con uniforme, saben cuándo salimos de nuestras casas, a qué hora regresamos y la gente no piensa eso; muchos nos tratan mal, nos dicen corruptos, nos escupen, pero nosotros vamos a sus casas cuando llaman y atrapamos a los delincuentes, lo que pase con ellos ya no es decisión de nosotros”.

—¿Qué medidas toman ustedes para protegerse?

—Ninguna, salimos solos y desarmados a nuestras casas, en motos, en carritos destartalados, en bicicleta o a pie; somos personas como cualquier otra y no por ponernos un uniforme nos convertimos en criminales como mucha gente cree; queremos el respeto de la gente, de nuestros jefes y de nuestro gobernador.

—Pero hay compañeros suyos que sí cometen abusos contra los ciudadanos, ¿verdad?

—Como en todos lados, desgraciadamente hay malos elementos, que por suerte son la minoría, podríamos decir que a lo mejor un diez por ciento, pero por culpa de ellos la gente cree que todos somos ladrones, prepotentes o golpeadores. La verdad es que tú no llegas a la policía y te haces malandro, corrupto o mordelón, no, quien es así ya venía corrompido desde la sociedad y tiene la suerte de entrar, pero no todos somos así.

SITUACIÓN LABORAL DE POLICÍAS, CONFORME A LA LEY: CASTAÑO SUÁREZ

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, almirante Francisco Javier Castaño Suárez, sostiene que de acuerdo con el diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia laboral la policía de Colima “está bien, conforme a la ley”, pues se encuentra entre los primeros quince estados con mejores percepciones económicas, prestaciones y seguros, con el sueldo más bajo de 11 mil 786 pesos mensuales, superior al promedio nacional, de 10 mil 434.

Advierte: “A nadie se le tiene por la fuerza aquí; si las condiciones laborales que rigen la institución conforme a la ley no les convienen, no les gustan, entonces qué hacen aquí. Malo sería que los tuviéramos a la fuerza, pero a nadie tenemos a la fuerza”.

En cuestión de uniformes, indica, se les acaban de dar nuevos, mientras que el armamento es de primera generación y el equipo se está renovando, por ejemplo este año habrá una inversión de más de 30 millones de pesos en equipamiento, en vehículos, armamento y tecnología.

Castaño Suárez reconoce que en torno a la petición de reducir la jornada de 24 horas de trabajo por 24 de descanso hay casos de otras corporaciones donde están más cómodos con un régimen de 12 por 24, pero “aquí en la Policía Estatal desafortunadamente van dos sexenios que no ha aumentado la cantidad de policías, y en ese tiempo han crecido la población y las necesidades de seguridad”.

Explica que para estar en posibilidades de establecer un horario de 12 por 24 horas y cubrir necesidades extraordinarias se requiere hacer crecer un 100 por ciento la plantilla de policías, que actualmente es de 726 elementos.

“Estamos buscando contratar más gente, ya tenemos una ampliación del presupuesto, pero no hay una tienda de policías; pensamos que este año la plantilla podría crecer un 30 ó 35 por ciento”, dice.

Sin embargo, aduce que las 24 horas de servicio no son todas de trabajo, sino de “estar a disposición”, pero tienen periodos de descanso. “Si les toca patrullar tres veces, pues cuando sea su turno se les va a avisar o si hay una emergencia tienen que incorporarse al servicio, pero no es estar las 24 horas seguidas trabajando como un obrero”.

En relación con las horas extras cuando se quedan acuartelados, Castaño Suárez argumenta que su pago no está considerado dentro de la ley y “no se les pueden pagar si no están en la ley, aunque lo que sí podría hacer el gobernador es otorgar una compensación, que de hecho se está trabajando en eso, a través de un programa para dignificar el régimen laboral de los policías, para que tengan una mayor certeza jurídica en cuestión de ascensos, para que se les proporcione servicio de alimentación, entre otros aspectos”.

Cuestionado sobre las quejas por el examen de control de confianza, el funcionario menciona que no es únicamente la aplicación del polígrafo, pues hay exámenes psicométricos y una serie de estudios más, aunque acepta que “falta complementarlo, pues si aparecen determinados rasgos en el individuo habría que ampliar la información, hace falta más trabajo en los exámenes, no es que estén mal sino que deben ser mejor interpretados; ya estamos trabajando en eso”.

Además, indica que en el proceso de depuración de la policía hay un rezago de más de cien expedientes, aunque “no todos son por cosas graves; la evaluación a veces no es tan objetiva como quisiéramos… necesitamos fundamentar cada caso”.

En el caso del policía Juan Nazario Alfaro, el titular de la SSP niega que su cambio de adscripción haya sido como represalia por sus denuncias públicas y argumenta que se trató de un “proceso normal” de rotación de los agentes, a quienes no se les deja mucho tiempo en un mismo lugar.

“Si yo quisiera tomar represalias en su contra, desde la primera vez le hubiera fincado delitos, por publicar información confidencial que no se debe estar exhibiendo así”, comenta.

Castaño Suárez señala que tanto la ley como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que “no debe haber asociaciones ni sindicatos de policías, soldados ni marinos, por el riesgo que implica que en un momento dato pudieran andar armados y radicalizarse”, pero “sí hemos escuchado a estos señores en todas sus peticiones”.

No obstante, estima que las quejas “son muy ambiguas, no hay nada, son acusaciones muy genéricas, pero Asuntos Internos ya está investigando y si aquí en la secretaría hay alguien que haya cometido una falta ahí se va a determinar y si ellos cometieron una falta ahí se va a determinar también”.

Este martes 24, ocho días después de la ratificación de la queja ante la CDHEC, los representantes de la Segdsal fueron recibidos por el director general de Gobierno,
Ramón Pérez Gutiérrez, quien según el comunicado oficial “escuchó a los policías estatales, quienes demandaron mejores condiciones labores y mayores prestaciones por su trabajo”.

El funcionario de la Secretaría General de Gobierno indicó que las peticiones serán turnadas a las dependencias correspondientes para que se realice un análisis de cada una de ellas y recordó que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez “ha trabajado desde el inicio de su gobierno para contribuir a mejorar las condiciones laborales de los policías, pero sin poner en riesgo las finanzas públicas”.

 

Casi 4 toneladas de cocaína se han decomisado este año en el puerto de Manzanillo

 


Colima, México, Avanzada (09/12/2016).- Cerca de cuatro toneladas de cocaína han sido aseguradas en el puerto de Manzanillo durante el presente año, como resultado de al menos una docena de operativos de elementos de la Secretaría de Marina y otras autoridades federales.


Así también, durante ese periodo fueron incautados cargamentos de otras mercancías que se encontraban contaminadas o tenían diluida esa droga, como madera, sacos de arena y salsa picante.


Estos datos confirman el repunte del tráfico de cocaína en México registrado a partir de 2015, cuando según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se decomisaron en todo el país 5 mil 643 kilogramos de cocaína, cifra muy superior a los mil 313 del año 2014 y 3 mil 052 de 2013.


A punto de concluir 2016, el puerto de Manzanillo se perfila como el principal punto de envío de cocaína a México, con un total de 3 toneladas 961 kilogramos de la sustancia ilícita descubierta y asegurada a lo largo del año, que venía camuflajeada entre diversos productos, como piezas de máquinas, regaderas, tubería y refrigeradores.


Un recuento de los comunicados oficiales emitidos por dependencias federales revelan que si bien portaban banderas de diversos países europeos y orientales, la mayor parte de los buques en que fueron detectados los estupefacientes procedían del puerto de Buenaventura, Colombia.


El más reciente decomiso de droga, anunciado este jueves 8 por la Secretaría de Marina-Armada de México, tuvo un peso de 278 kilogramos y llegó a bordo del buque Laura Maersk, de bandera de Dinamarca y con destino a Manzanillo.


El hallazgo ocurrió tras la inspección de los rodillos de tres máquinas transportadoras magnéticas, donde había 295 paquetes con esa sustancia.


El 8 de noviembre previo, la Sexta Región Naval incautó en el puerto de Manzanillo más de 220 kilogramos de cocaína, que era transportada también dentro de los rodillos de una máquina trituradora, misma que viajaba a bordo del mismo buque con bandera danesa.


Posteriormente, el 19 de noviembre, había sido encontrada más de media tonelada de cocaína también en el interior de rodillos metálicos para molino de caña de azúcar, que llegaron en el barco APL Holland, de bandera de Singapur, embarcado en el puerto de Buenaventura, Colombia.


Según la dependencia, para acceder al interior de las piezas, fue necesario un trabajo de corte especial con láser debido al material del cual están hechos los rodillos metálicos, y fueron encontrados en su interior 555 paquetes en forma de ladrillo con un peso total de 588.6 kilogramos.


Días después, el 24 de noviembre, fueron aseguradas cinco maletas con más de 224 kilos de cocaína, que tenían como destino Mazatlán, Sinaloa y los Ángeles, California.


Los contenedores eran transportados por el Buque APL Turkey embarcado en Buenaventura, Colombia.


El 15 de octubre previo, la Semar anunció el aseguramiento de 136 kilogramos de cocaína, dentro de un contenedor que venía a bordo del buque “Kota Lukis” de bandera de Singapur, procedente de Buenaventura, Colombia, que transportaba regaderas eléctricas.


El 21 de agosto la Armada de México aseguró una embarcación a 93 millas náuticas al suroeste de Manzanillo con un cargamento de 806 kilogramos de cocaína y detuvo a los seis tripulantes: tres mexicanos, dos ecuatorianos y un colombiano.


En el operativo participaron dos aeronaves King Air, dos buques de patrulla oceánica y dos patrullas interceptoras, cuyo personal localizó en el interior de la embarcación 24 bultos con 713 paquetes de la cocaína que arrojaron un peso total bruto de 806.05 kilogramos de la droga.


A bordo del buque APL Holland, de bandera de Singapur, fue asegurado un cargamento de 390 kilogramos de cocaína el pasado 19 de julio, procedente de Buenaventura, Colombia, con destino a Puerto Quetzal, Guatemala.


La carga se localizó en un contenedor que transportaba refrigeradores, tres de ellos en su interior llevaban 319 paquetes de color negro en forma de ladrillos.


Una semana antes habían sido decomisadas 13 toneladas de salsa picante con cocaína diluida en el interior de 217 bidones de plástico que procedían de Guayaquil, Ecuador a bordo del buque CSAV Traiguen, con bandera Liberiana y tenía como destino final el puerto de Mazatlán, Sinaloa.


El 6 de mayo fueron aseguradas dos maletas que contenían cada una 30 paquetes con cocaína, con un peso total de 72 kilogramos, dentro de un contenedor transportado por el buque CMA CGM Ohio, procedente de Buenaventura, Colombia, con destino a Acajutla, El Salvador.


En otro operativo, personal de la Semar y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) incautaron un contenedor en la aduana de Manzanillo, en el que se transportaba casi media tonelada de cocaína el 5 de marzo anterior.


El contenedor que llegó a bordo del buque Coyhaique, de bandera liberiana, trasladaba muebles y fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal.


El 20 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con la Semar y el SAT aseguraron más de 438 kilos de cocaína.


De acuerdo con el MPF, durante la revisión de tres contenedores que arribaron al puerto de Manzanillo procedentes de Buenaventura, Colombia, se descubrió un cargamento de drogas en siete maletas que contenían 363 paquetes, que en conjunto arrojaron un peso de 438 kilos 240 gramos del alcaloide.


Dos semanas antes, el 5 de febrero, la Semar y el SAT aseguraron en Manzanillo, Colima, un cargamento de triplay que mostraba residuos de cocaína, y que tenía como destino Mazatlán, Sinaloa.


El aseguramiento se realizó en el recinto fiscalizado de Contecon, en donde a partir de una inspección de rutina, al revisar uno de los contenedores descargados del buque MSC Susanna, proveniente de Guayaquil, Ecuador, con destino a Mazatlán Sinaloa, se detectó la mercancía ilegal.


El 21 de enero, la Semar y el SAT aseguraron dos contenedores que transportaban mil 920 sacos de aproximadamente 25 kilogramos cada uno, que contenían arena presuntamente contaminada con cocaína.


El aseguramiento se realizó en el recinto fiscalizado de SSA México, en una inspección rutinaria al revisar dos de los contenedores descargados del buque “CMA CGM Ganges”, proveniente de Guayaquil, Ecuador, con destino a Valencia, España.


El primer aseguramiento de droga en el puerto colimense en el presente año ocurrió el 8 de enero, tras la localizaron de tres maletas con 150 paquetes en forma de ladrillo que contenían 173 kilos de sustancia positiva a la cocaína.


Las maletas se encontraron dentro de un contenedor que viajaba a bordo del buque Mataquito, procedente de Buenaventura, Colombia, con destino a Quetzal, Guatemala y cuya declaración de embarque sólo tenía indicada tubería como única mercancía.


La mercancía ilícita fue trasladada a las oficinas de la subsede de la Procuraduría General de la República (PGR) en Manzanillo y posteriormente a las oficinas de la PGR de la capital del estado, escoltadas por personal naval hasta su destino.

Empresas desconocen derecho a los datos personales de la población


Manzanillo, México, Avanzada (05/12/2016).- Cinco de cada diez empresas particulares no tienen conocimiento suficiente sobre los derechos de las personas al acceso, cancelación, rectificación y oposición (ARCO) en torno a sus datos personales, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Internet.


Durante su participación en la edición 46 del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA), la investigadora Jimena Moreno González, secretaria general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó los resultados de ese estudio, que también reveló que 44 por ciento de las empresas no posee conocimiento de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares.


Así mismo, añadió, 28 por ciento de las empresas y 31 por ciento de los usuarios encuestados no supieron definir lo que es un dato personal, situación que “nos lleva a tener un doble reto, sobre todo si queremos proteger la privacidad y los datos personales”.


Con la presencia de representantes de 22 países de la región Asia Pacífico y de organismos garantes de 24 estados de México, los trabajos del foro APPA fueron encabezados por la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora.


Moreno González dijo que entre 2011 y 2016 en México se recibieron 1,801 denuncias amparadas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales del Sector Privado, de las que en 364 ocasiones se orientó al particular sobre el alcance de la ley, en 1,383 se inició un expediente de investigación preliminar y se han emitido 54 recomendaciones.


La mayoría de los casos, 59 por ciento, correspondieron a temas de finanzas y seguros, en tanto que 15 por ciento tuvo que ver con información publicada en medios de comunicación; 12 por ciento tiene relación con el sector profesional y 5 por ciento con el comercio al por menor.


Esta información, consideró la académica, indica que por una parte hay gente preocupada por la privacidad y protección de datos, pero todavía falta la difusión de la materia, pues “empezamos a tener apenas una cultura para la protección de datos”.


Comentó que si bien en México se está haciendo un gran esfuerzo por proteger los derechos del consumidor mediante mecanismos electrónicos, sobre todo en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Condusef, existe la percepción por parte de los usuarios de que no hay suficiente protección para el resguardo de datos personales, por lo que esta opción “casi no se usa, es decir, es un sistema que está quedando muy corto para los usuarios”.


De acuerdo con Jimena Moreno, el diálogo entre sociedad y autoridades tiene que ir empezando a cambiar y generarse en una base de confianza, en la que el indicador más importante es qué van a hacer con la información de las personas, tanto en plataformas digitales como cuando se hace por vía personal.


En el último día de actividades del foro APPA, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en la construcción de un modelo global para proteger la privacidad como un derecho fundamental.


En el panel “Cooperación Internacional. Acuerdos marco de Protección de Datos Personales y cooperación para hacer cumplir la ley”, especialistas de Francia, Australia, Francia, Columbia Británica y Estados Unidos, expusieron que las autoridades de protección de datos personales ya no pueden operar de manera independiente, deben trabajar de manera conjunta para hacer valer la privacidad en el mundo, porque se trata de un derecho que no conoce fronteras.


Durante el panel “Modelos de Autorregulación” expertos de Hong Kong, Estados Unidos y México, destacaron la necesidad de contar con mecanismos de autorregulación en las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para evitar que los datos personales sean utilizados con fines ilícitos.


En el panel “Resoluciones de Controversias”, autoridades de Singapur, Nueva Zelanda y el Reino Unido plantearon que el uso de nuevas tecnologías reduce tiempos y costos para atender quejas de ciudadanos en materia de datos personales y compartieron la experiencia de cada nación.


En el panel “Aplicación de la Ley”, expertos de España, Argentina y el Reino Unido coincidieron en que para hacer valer el derecho a la privacidad y garantizar la aplicación efectiva de la ley, las autoridades de protección de datos personales deberán aplicar sanciones cuando se registren conductas ilícitas.

Se debe proteger información de policía y servicios de seguridad en México: ONU

 


Manzanillo, Colima, México (01/12/2016).- El relator especial de la ONU sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, consideró insuficiente la creación en México de una Ley de Protección de Datos Personales que sólo cubra a la sociedad civil y a las empresas privadas, por lo que recomendó incluir salvaguardas para la información sobre las actividades de los aparatos de policía, justicia y de los servicios de seguridad.


Uno de los propósitos de esto último, dijo, debe ser asegurarse de que no se vuelvan a cometer errores como el destapado por Wikileaks en 2015, cuando según los documentos divulgados quedó al descubierto que entre 2011 y 2014 el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) operó sistemas de espionaje comprados a Hacking Team (HT) sin los mínimos requerimientos de seguridad y con un alto riesgo de ser atacados cibernéticamente.


Durante su participación en la edición 46 del Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico (APPA, por sus siglas en inglés), que se realiza en Manzanillo, Cannataci estimó que el error cometido por el Cisen es “imperdonable”, tanto así que el personal de la empresa que le vendió el software llamó a ese organismo “demasiado estúpido” en sus correos internos que salieron a la luz pública.


“Si el jefe del Cisen hubiera sido el jefe de una compañía privada y si esta persona hubiera sido el jefe de un banco y este tipo de acusaciones se hubieran hecho públicas, esta persona hubiera sido despedida”, comentó el relator de la ONU.


Indicó que muchos países se encuentran en esa misma situación, pero en el caso de México, que está por aprobar nuevas leyes en materia de protección de datos personales, “también debe introducir una agencia apropiada, fuerte y robusta, que se encargue de vigilar este tipo de cosas”.


Refirió que de haber existido una buena agencia regulatoria en México, ésta podría haber cuestionado sobre los sistemas de seguridad y la circunstancia de que pasaron tres años recolectando datos, sin ningún tipo de seguridad para protegerlos.


“Ustedes —añadió— quieren introducir una nueva Ley de Protección de Datos, así que traten de seguir las mejores prácticas, ese es mi consejo; después de 40 años de cometer muchos errores los europeos les pueden enseñar mucho, bueno realmente no de arquitectura maya ni de tequila, pero les pueden enseñar qué errores cometieron ellos, tanto el Reglamento General de Protección de Datos como el Consejo de la Convención Europea Revisada, todos estos contienen muy buenas ideas que ustedes deben de buscar, son los mínimos estándares básicos necesarios”.


No obstante, recomendó no seguir el ejemplo de Reino Unido, en la parte de Investigatory Powers Bill, ni el ejemplo de los alemanes porque “no parecen tener buenos resultados”.


Recordó que tras las revelaciones de Wikileaks salió a la luz pública que México gasta casi el doble que otros países en software que invade la privacidad y la agencia de seguridad mexicana no negó que se haya invertido ese dinero.


Joseph Cannataci explicó que no solamente los servicios de inteligencia mexicanos compraron el software, sino “también las agencias de la justicia, la policía, autoridades financieras, autoridades fiscales y todos parecen creer que este software es útil”.


El funcionario indicó que organizaciones de la sociedad civil le han reportado que esos dispositivos son utilizados para espiar a los propios ciudadanos.


“Lo que se está diciendo aquí es que el equipo de hackers confirma que sí hay un abuso del espionaje en México (…); esto es un alegato abierto, porque mis investigaciones todavía no terminan”, dijo el relator de la ONU.