Los enredos del gobierno anguianista ante la compra irregular de un terreno

Fotografía tomada de www.milenio.com/Jorge González Avilés.
Colima, México, Avanzada (27/10/2017).- En marzo de 2011, el gobierno de Mario Anguiano Moreno compró un terreno de 98 hectáreas en la comunidad Loma de Fátima, municipio de Colima, en la carretera a Manzanillo, en un precio de 59 millones de pesos, del que se dio un adelanto de 35 millones.

La adquisición fue hecha por instrucciones del propio gobernador y del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, a Adriana Santoyo Durán, viuda de un primo de Mario Anguiano: Germán Torres Anguiano, dueño del megapalenque de Villa de Álvarez, quien enfrentaba señalamientos de tener presuntos vínculos con narcotraficantes y fue asesinado en 2006 en el centro comercial Plaza del Sol de la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Cuatro años después, en 2015, el diario Milenio cuestionó al gobernador sobre esa compra irregular, ante lo que éste reconoció que hubo anomalías en el proceso, situación que motivó la cancelación del trato, pero hasta ese momento la parte vendedora no había devuelto la totalidad del dinero recibido como anticipo.

“Se ha regresado una parte (del dinero), no se ha regresado la totalidad”, manifestó Anguiano Moreno.

—¿Cuánto se ha regresado? —preguntó a Mario Anguiano el reportero de Milenio.

—No traigo ahorita el dato exacto, pero se ha regresado una parte. Lo que sí te digo es que si no se regresa, nosotros vamos a implementar un proceso legal en contra de quien hizo la operación y tiene la responsabilidad de regularizar. Eso que no quede una sola duda…

Sin embargo, hasta la fecha, más de seis años después de la operación, el gobierno de Colima no ha informado lo que ocurrió con el dinero restante: si fue devuelto a las arcas públicas o si se implementó un proceso legal contra quien hizo la operación.

Según el rotativo capitalino, el avalúo del terreno fue hecho por una empresa que no está registrada para tales menesteres, además de que la vendedora aparentemente no era la legítima propietaria.

A través de un oficio de fecha 23 de marzo de 2011, el director del Instituto de Vivienda de Colima (Ivecol), Óscar Alejandro Torres Contreras, pidió al secretario de Finanzas, Francisco M. Osorio Cruz, solicitó un anticipo de 35 millones de pesos con cargo a un crédito del Banco Interacciones para dar trámite a la adquisición del terreno, para lo cual “de acuerdo a las instrucciones del C. Gobernador del Estado, Mario Anguiano Moreno, y de la Secretaría General de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro (sic)” anexó el avalúo practicado al inmueble por el arquitecto Carlos Guillermo Mercado Schulte.

La explicación ofrecida por el gobernador Mario Anguiano sobre las anomalías cometidas en el proceso de compra de ese terreno, que motivaron la cancelación del trato, es la siguiente:

“El instituto (Ivecol) determinó que era una zona apropiada para vivienda. Ahí habrá un parque tecnológico. Era para construir casas de gente que trabajara ahí. Al poco tiempo que se empezaron a hacer las operaciones, se empezaron a generar problemas por la adquisición. Primero, que traía un litigio legal. Hubo cuestionamientos de que el manejo no había sido limpio y transparente. Y un elemento más: cuando sale la política del gobierno federal en materia de vivienda, lo que te dice es que es un error que el gobierno ande desarrollando fraccionamientos lejos de la ciudad. Te cuesta muchísimo y generas una especulación sumamente delicada para el funcionamiento de la ciudad. Ante todo eso, yo como gobernador tomé una decisión: ‘Quiero que deshagan la operación. Y quiero que al instituto le regresen su dinero’, dijo Anguiano en la entrevista con Milenio.

El desenlace del asunto, no obstante, no ha sido abordado públicamente en ninguna de las auditorías ni se ha esclarecido si fue recuperada la totalidad del dinero entregado como anticipo.