“Estamos entre la opresión de los jefes y la incomprensión de la sociedad”: Policías


Colima, México, Avanzada (25/01/2017).- Responsables de garantizar la seguridad de la población en el estado más violento del país, policías colimenses levantan la voz y exigen condiciones laborales decorosas, mejor equipo de trabajo y respeto a sus derechos humanos al interior de la corporación.

Con ese propósito, crearon la asociación Seguridad, Dignificación Social y Amparo Laboral al Trabajador (Segdsal), desde la cual pretenden respaldar los derechos de sus compañeros, así como reivindicar la imagen policiaca ante la población, expone en entrevista su presidente, Juan Nazario Alfaro Palacios, agente de la Policía Estatal.

“Estamos —dice— entre la espada y la pared: entre la opresión de los jefes y la incomprensión de la sociedad, ya que nuestros superiores no nos respetan y nos tratan como trabajadores de tercera, mientras que los ciudadanos a veces no entienden que nuestro trabajo es muy delicado, es una labor en la que debemos analizar bien lo que hacemos porque si sometemos a alguien y sale con una leve lesión, nos acusa de abuso de autoridad cuando no es así”.

Aunado a lo anterior, refiere Alfaro, el trabajo policial es de alto riesgo: “Puedes salir por la mañana y despedirte de tu familia, pero nadie te da la certeza de que vas a volver; puede ser que a lo mejor llegues, pero encajonado”.

En menos de tres meses han sido asesinados siete policías, cuatro de la Procuraduría General de Justicia del Estado y tres de la Policía Estatal, en un contexto en el que Colima registró un total de 600 homicidios dolosos durante 2016 y se colocó con la tasa más alta de este delito en el país: 80 por cada cien mil habitantes.

Añade Alfaro Palacios: “Quienes nos dedicamos a esta actividad vivimos en constante estrés; hay muchos compañeros con problemas de salud como hipertensión y diabetes, así como daños del oído, por ir a prácticas de tiro sin protectores, y de los ojos, por forzar la vista en los horarios nocturnos”.

Los policías piden alza salarial de 50 por ciento, aumento del aguinaldo de 45 a 90 días de sueldo, para igualarlo al de los burócratas; pago de horas extras; aumento del seguro de vida, que es de 195 mil pesos; dos uniformes cada 6 meses (reciben uno cada año), bono de alto riesgo e incremento al bono de antigüedad, entre otras.

“HORARIO INFRAHUMANO”

Así también, demandan la reducción de la jornada de 24 horas de servicio por 24 de descanso a 8 por 24 horas, pues “tenemos un horario infrahumano considerado explotación laboral, y cuando hay situaciones extraordinarias nos dejan acuartelados hasta 36 horas consecutivas sin pago de horas extras”, afirma el dirigente de la asociación.

Otra de las quejas de los policías tiene que ver con el examen de control de confianza, pues de acuerdo con Alfaro “en lugar de dar certeza jurídica para que los policías puedan cumplir bien su servicio, genera incertidumbre porque ha sido mal manejado y sólo ha servido para dar de baja a buenos elementos policiales sin justificación, lo que ha ocurrido como en el 90 por ciento de los casos”.

Considera que el mecanismo más adecuado para la depuración de las corporaciones es hacer realmente una investigación personalizada para demostrar las irregularidades y poder decidir si algún elemento no puede pertenecer a las filas policiacas.

Por otra parte, mientras la población de la entidad y los índices delictivos se han incrementado, la Policía Estatal continúa trabajando con un número de elementos de hace 15 años, además de que no hay patrullas suficientes para atender los requerimientos de la población u otras se encuentran en mal estado.

“Si a mí me preguntan por qué no llego a tiempo a un servicio, digo que tenía otras llamadas o que había mucho tráfico, pero la verdad es que somos muy pocos y no nos damos abasto”, dice el policía José Gabriel Pérez López, miembro de la Segdsal.

La desprotección laboral de los policías, agrega, llega al grado de que cuando se quedan acuartelados no se les otorgan los alimentos y muchos de ellos se quedan sin comer, o se han dado casos como el de hace unos días en Manzanillo, cuando los manifestantes contra el gasolinazo regalaron comida a los agentes que habían sido enviados a vigilarlos.

Un problema adicional es el de las jubilaciones, apunta Nazario Alfaro, pues “hay compañeros que ya cumplieron 30 años trabajando y no les autorizan la jubilación, pedimos a las autoridades que hagan algo, porque no es justo que sigan trabajando; también solicitamos que por las características del trabajo a los hombres nos igualen el plazo de jubilación a los 28 años de servicio, como a las mujeres”.

El presidente de la Segdsal cuenta que las demandas de los policías ya fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el Congreso del Estado y el Gobierno estatal e indica que a partir de que se hizo público el asunto él sufrió como represalia el cambio de adscripción del Palacio de Gobierno, donde se encontraba comisionado, a la zona arqueológica La Campana, en situación de aislamiento.

INCERTIDUMBRE ANTE LAS AMENAZAS

A juicio de Nazario Alfaro, actualmente “casi nadie quiere ser policía por las condiciones en que nos encontramos, con el salario que tenemos y por la inseguridad que se vive; las leyes y el gobierno ordenan que el policía debe ser alguien con estudios, pero alguien que estudió no creo que quiera venir a exponer su integridad y a perder su vida en la calle”.

El agente Guillermo Soto Arreola, también integrante de la Segdsal, cuenta que en las circunstancias actuales y por la naturaleza de su trabajo los policías quisieran tener segura a su familia, pero no es así.

“Yo he detenido a delincuentes de alto riesgo y me han amenazado, han dicho que me van a matar, hasta me han hablado por teléfono a mi casa, pero como dice nuestro director, esto es el pan de cada día, aunque luego de ver lo que ha pasado con los compañeros caídos uno piensa las cosas; no sabemos si en verdad lo van a hacer o no”.

Soto Arreola añade que mientras están en servicio, los policías se sienten seguros porque andan armados, pero al salir de descanso van desarmados.

“Nos dicen: vístete de civil, pero de nada sirve porque de todos modos el mono es el mismo y al salir te van a dar; a mí ya van dos veces que se me cierran en la vía pública cuando voy en mi camioneta, lo único que han dicho es ‘ese no es’ y se van. ¿Qué hago? Si me pongo a seguirlos me van a dar, entonces mejor dejo que se vayan”.

José Gabriel Pérez dice que a otros de sus compañeros les han mandado coronas fúnebres a sus domicilios y viven con miedo e incertidumbre sobre lo que pueda pasarles no sólo a ellos, sino a sus familiares.

“Todo mundo sabe quiénes somos, porque nos ven con uniforme, saben cuándo salimos de nuestras casas, a qué hora regresamos y la gente no piensa eso; muchos nos tratan mal, nos dicen corruptos, nos escupen, pero nosotros vamos a sus casas cuando llaman y atrapamos a los delincuentes, lo que pase con ellos ya no es decisión de nosotros”.

—¿Qué medidas toman ustedes para protegerse?

—Ninguna, salimos solos y desarmados a nuestras casas, en motos, en carritos destartalados, en bicicleta o a pie; somos personas como cualquier otra y no por ponernos un uniforme nos convertimos en criminales como mucha gente cree; queremos el respeto de la gente, de nuestros jefes y de nuestro gobernador.

—Pero hay compañeros suyos que sí cometen abusos contra los ciudadanos, ¿verdad?

—Como en todos lados, desgraciadamente hay malos elementos, que por suerte son la minoría, podríamos decir que a lo mejor un diez por ciento, pero por culpa de ellos la gente cree que todos somos ladrones, prepotentes o golpeadores. La verdad es que tú no llegas a la policía y te haces malandro, corrupto o mordelón, no, quien es así ya venía corrompido desde la sociedad y tiene la suerte de entrar, pero no todos somos así.

SITUACIÓN LABORAL DE POLICÍAS, CONFORME A LA LEY: CASTAÑO SUÁREZ

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, almirante Francisco Javier Castaño Suárez, sostiene que de acuerdo con el diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia laboral la policía de Colima “está bien, conforme a la ley”, pues se encuentra entre los primeros quince estados con mejores percepciones económicas, prestaciones y seguros, con el sueldo más bajo de 11 mil 786 pesos mensuales, superior al promedio nacional, de 10 mil 434.

Advierte: “A nadie se le tiene por la fuerza aquí; si las condiciones laborales que rigen la institución conforme a la ley no les convienen, no les gustan, entonces qué hacen aquí. Malo sería que los tuviéramos a la fuerza, pero a nadie tenemos a la fuerza”.

En cuestión de uniformes, indica, se les acaban de dar nuevos, mientras que el armamento es de primera generación y el equipo se está renovando, por ejemplo este año habrá una inversión de más de 30 millones de pesos en equipamiento, en vehículos, armamento y tecnología.

Castaño Suárez reconoce que en torno a la petición de reducir la jornada de 24 horas de trabajo por 24 de descanso hay casos de otras corporaciones donde están más cómodos con un régimen de 12 por 24, pero “aquí en la Policía Estatal desafortunadamente van dos sexenios que no ha aumentado la cantidad de policías, y en ese tiempo han crecido la población y las necesidades de seguridad”.

Explica que para estar en posibilidades de establecer un horario de 12 por 24 horas y cubrir necesidades extraordinarias se requiere hacer crecer un 100 por ciento la plantilla de policías, que actualmente es de 726 elementos.

“Estamos buscando contratar más gente, ya tenemos una ampliación del presupuesto, pero no hay una tienda de policías; pensamos que este año la plantilla podría crecer un 30 ó 35 por ciento”, dice.

Sin embargo, aduce que las 24 horas de servicio no son todas de trabajo, sino de “estar a disposición”, pero tienen periodos de descanso. “Si les toca patrullar tres veces, pues cuando sea su turno se les va a avisar o si hay una emergencia tienen que incorporarse al servicio, pero no es estar las 24 horas seguidas trabajando como un obrero”.

En relación con las horas extras cuando se quedan acuartelados, Castaño Suárez argumenta que su pago no está considerado dentro de la ley y “no se les pueden pagar si no están en la ley, aunque lo que sí podría hacer el gobernador es otorgar una compensación, que de hecho se está trabajando en eso, a través de un programa para dignificar el régimen laboral de los policías, para que tengan una mayor certeza jurídica en cuestión de ascensos, para que se les proporcione servicio de alimentación, entre otros aspectos”.

Cuestionado sobre las quejas por el examen de control de confianza, el funcionario menciona que no es únicamente la aplicación del polígrafo, pues hay exámenes psicométricos y una serie de estudios más, aunque acepta que “falta complementarlo, pues si aparecen determinados rasgos en el individuo habría que ampliar la información, hace falta más trabajo en los exámenes, no es que estén mal sino que deben ser mejor interpretados; ya estamos trabajando en eso”.

Además, indica que en el proceso de depuración de la policía hay un rezago de más de cien expedientes, aunque “no todos son por cosas graves; la evaluación a veces no es tan objetiva como quisiéramos… necesitamos fundamentar cada caso”.

En el caso del policía Juan Nazario Alfaro, el titular de la SSP niega que su cambio de adscripción haya sido como represalia por sus denuncias públicas y argumenta que se trató de un “proceso normal” de rotación de los agentes, a quienes no se les deja mucho tiempo en un mismo lugar.

“Si yo quisiera tomar represalias en su contra, desde la primera vez le hubiera fincado delitos, por publicar información confidencial que no se debe estar exhibiendo así”, comenta.

Castaño Suárez señala que tanto la ley como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que “no debe haber asociaciones ni sindicatos de policías, soldados ni marinos, por el riesgo que implica que en un momento dato pudieran andar armados y radicalizarse”, pero “sí hemos escuchado a estos señores en todas sus peticiones”.

No obstante, estima que las quejas “son muy ambiguas, no hay nada, son acusaciones muy genéricas, pero Asuntos Internos ya está investigando y si aquí en la secretaría hay alguien que haya cometido una falta ahí se va a determinar y si ellos cometieron una falta ahí se va a determinar también”.

Este martes 24, ocho días después de la ratificación de la queja ante la CDHEC, los representantes de la Segdsal fueron recibidos por el director general de Gobierno,
Ramón Pérez Gutiérrez, quien según el comunicado oficial “escuchó a los policías estatales, quienes demandaron mejores condiciones labores y mayores prestaciones por su trabajo”.

El funcionario de la Secretaría General de Gobierno indicó que las peticiones serán turnadas a las dependencias correspondientes para que se realice un análisis de cada una de ellas y recordó que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez “ha trabajado desde el inicio de su gobierno para contribuir a mejorar las condiciones laborales de los policías, pero sin poner en riesgo las finanzas públicas”.