Violencia intrafamiliar, sólo 5% de las víctimas denuncian a sus agresores en Comala


Colima, México, Avanzada (17/04/2017).- La violencia contra las mujeres es una problemática social preocupante a nivel mundial, en tal sentido, diversas convenciones internacionales se han firmado al respecto para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, que buscan el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de toda forma de discriminación.

Las mujeres nos sólo se enfrentan a condiciones desigualdades y a la discriminación sino también a situaciones de violencia, que frecuentemente ocurren en ámbitos privados, provenientes del esposo o pareja, aunque existen muchos otros posibles agresores dentro del espacio de las relaciones familiares y afectivas, como el padre, hermanos u otros parientes consanguíneos o políticos, cuñados, suegro, etcétera.

En este sentido, se realizó un estudio cuantitativo de 46 personas que denunciaron haber sido violentadas (45 mujeres y 1 persona transexual), todas radican en el municipio de Comala, con la finalidad de detectar las modalidades y tipo de violencia que sufrieron, las edades de las personas, el estado civil, la escolaridad, su actividad económica y el tipo de población (rural o urbana), que nos permitan tener un panorama de la situación de violencia que viven muchas mujeres en dicho municipio. Estas personas acudieron al Instituto Municipal de la Mujer Comalteca, en los meses de junio a diciembre del 2016.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que es responsabilidad de los gobiernos la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres; además se estableció la consecución de la igualdad de género y se formuló una declaración explícita sobre la responsabilidad de los Estados de cumplir los compromisos asumidos. (ONUMUJERES)

Muchos países, entre ellos México, han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), con la finalidad de poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres por razones de sexo; sin embargo, en la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo, incluido nuestro país.

En México se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue publicada en 1º de febrero de 2007, donde se establece un marco jurídico, bajo el orden de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de Violencia. En el 2008 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, la cual ha sido reformada en tres ocasiones: 2011, 2013 y 2016.

Recordemos que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, que señala que de un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, 11 millones 018 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas.

En esa misma encuesta se señala que 1 millón 288 mil 793 mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia sexual, que representan el 11.7% de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia.

VIOLENCIA DE PAREJA

En el caso de Colima, ENDIREH 2011 evidencia que nuestro estado ocupa el nada honroso primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.01 por ciento de incidencia, cuando la media nacional es de 7.3 por ciento. Asimismo, 39 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de género por su pareja en los últimos 12 meses previos a la encuesta y poco más de la mitad (52 de cada 100) de las mujeres mayores de 15 años casadas o en pareja, dijeron haber vivido eventos violentos en algún momento de su relación. Su porcentaje es casi 7 puntos más alto que el presentado a nivel nacional. El valor de la entidad lo posiciona en el lugar 4 del país, en donde el sitio más elevado lo ocupa el Estado de México con 56.7% y Chiapas el menor con 27.9 por ciento. Colima también ocupa el quinto lugar nacional en violencia general contra las mujeres, rubro en el que se agrupan las diferentes formas de agresión que ocurren en el ámbito privado, y que son: violencia física, emocional, sexual y económica.

El municipio de Comala no cuenta con estadísticas oficiales o públicas que indiquen la violencia que se vive en esta localidad, por lo que con este análisis se pretende tener una aproximación de las situaciones que se tienen en cuestiones de violencia contra las mujeres.

De las 46 personas entrevistadas, 42 de ellas sufrieron violencia familiar, en su mayoría por su pareja, sólo un caso fue abuso sexual por parte del padre, 1 por parte de un ex novio; 2 sufrieron violencia en la comunidad, una de ellas por parte de una vecina y la segunda, (chica transexual) por parte de policías municipales y 1 de ellas sufrió violencia institucional, por parte de su Director de oficina. La violencia familiar fue la que más predominó en la muestra, lo que nos habla que es dentro de los hogares donde más se vive la violencia y donde más se violentan los derechos humanos de las mujeres.

Dentro de la modalidad de violencia familiar, los tipos de violencia que predominaron fueron 37 por violencia psicológica; 25 violencia física; 10 violencia patrimonial, 26 violencia económica y 8 violencia sexual. En la modalidad en la Comunidad el tipo de violencia que refirieron fueron 2 por violencia psicológica y 2 por violencia física. En la modalidad de la comunidad, la violencia que se señaló fue psicológica. La mayoría de las personas sufrieron más de un tipo de violencia.

En el caso de las personas separadas, la mayoría de los señalamientos es por incumplimiento de sus ex parejas con el pago de pensión alimenticia para sus hijos/as.

PORCENTAJE MÍNIMO DE DENUNCIAS

Destaca el hecho de que más del 50% de las mujeres que denunciaron violencia por parte de sus parejas, indicaron que éstos consumen bebidas alcohólicas de manera frecuente y en algunos casos, otro tipo de enervantes. En algunas comunidades este tipo de violencia se incrementa durante las fiestas patronales. Algunas de las mujeres que sufre violencia física dijeron haber sido amenazadas con pistolas, machetes, cuchillos y han estado en riesgo de ser asfixiadas. Sólo un porcentaje mínimo (5%) ha presentado denuncias ante el Ministerio Público.

Las edades de la muestra abarcan los siguientes rangos de edades: 1 de 0-14 años; 2 de 15-19 años; 7 de 20-24 años; 12 de 25-29 años; 6 de 30-34 años; 3 de 35-39 años; 6 de 40-44 años; 3 de 45-49 años; 2 de 50-54 años; 3 de 55-59 años; 1 de más de 60 años. Estos resultados muestran que la violencia se presentó mayormente en parejas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 44 años.

El estado civil de la muestra fueron 6 solteras, 21 casadas, 11 en unión libre y 8 divorciadas o separadas. La escolaridad que prevaleció fue de 1 analfabeta, 7 con primaria; 20 con secundaria; 16 con preparatoria y 1 con carrera profesional. La escolaridad de estas mujeres es reducida, lo que vulnera a estas mujeres, que carecen de instrucción académica que les permita obtener un mejor empleo o en caso de emplearse el poder acceder a mayores recursos económicos.

El tipo de población al que pertenecen son 22 de la zona rural y 24 de la zona urbana. De la zona rural provenían principalmente de los municipios de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Zacualpan y La Caja. De la zona urbana eran de la cabecera municipal de Comala. En este caso los resultados no son determinantes hacia una zona en particular, aunque se presume que las zonas rurales viven mayores niveles de violencia; sin embargo, poco se denuncia.

Las actividades a las que se dedican fueron 30 al hogar, 14 eran empleadas y 2 estudiantes (ambas menores de edad). Estos resultados muestran que la mayoría de las mujeres que sufrieron violencia son dependientes económicas de sus parejas, se han dedicado a las actividades domésticas y el cuidado de hijos/as, lo que en muchas ocasiones limita el que ellas quieran emprender acciones legales en contra de ellos, por el temor de quedarse sin sustento.

SUBORDINACIÓN Y DESIGUALDAD

Las mujeres a lo largo de nuestra vida se enfrentan a situaciones de discriminación, violencia y desigualdad, lo que propicia que las condiciones de las mujeres y niñas en cualquier lugar del mundo sean de subordinación, aunado a que las leyes e instituciones han contribuido para que los derechos de éstas sean violentados y no tengan las mismas oportunidades de acceso a la salud, educación, derechos laborales y maritales, que le permitan su empoderamiento y les permitan salir de la violencia.

Nuestra sociedad sigue basada en la cuestión cultural de la división sexual del trabajo, basándose en los roles que se asigna a los hombres y mujeres, sea remunerado o no, ya que en el caso de los varones se les educa como proveedores, como jefes de familia, mientras que a las mujeres se les vincula con lo doméstico y los cuidados.

Lo anterior, sigue dejando en desventaja a las mujeres, porque muchas mujeres son dependientes económicas de sus parejas, no tienen trabajos formales y carecen de la educación necesaria que les permita acceder a mejores oportunidades de empleo, por lo que en muchos casos las mujeres prefieren aguantar la violencia para no quedar desamparadas junto con sus hijos/as.

Los resultados de este estudio muestran que existen muchas similitudes con la violencia que se registra a nivel nacional y estatal y que falta mucho por hacer en materia de derechos humanos para las mujeres que les garanticen que puedan vivir libres de violencia.

En el caso de Comala, se debe considerar que mucha de la población es rural, se padece de pobreza y alta de acceso a la educación. La mayoría de sus habitantes se dedican a labores del campo, carecen de seguridad social y sus sueldos son reducidos. Al no tener muchas actividades de esparcimiento, los días de descanso es común ver a sus habitantes varones tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que puede ser un detonante para la violencia contra las mujeres que normalmente se registra en estas comunidades, derivado de una cultura patriarcal donde predominan ideas machistas y de subordinación hacia las mujeres.

* Alumna de la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”, del municipio de Comala, Colima.

Sin servicios de emergencia, mueren estudiantes en escuelas de Colima

Escuela Secundaria en Minatitlán, Colima.

Colima, México, Avanzada (28/03/2017).- El fallecimiento de una alumna de la secundaria Enrique Corona Morfín de 14 años de edad, por un presunto aneurisma cerebral según información extraoficial, se suma a una serie de casos de muertes de menores ocurridas en los últimos años en planteles escolares de la entidad.

Las versiones preliminares de este suceso, ocurrido la mañana de este martes 28, señalaron que los paramédicos de la Cruz Roja tardaron en llegar porque el sistema de denuncias 911 no pasó el reporte de inmediato.

Apenas hace un año, a finales de febrero de 2016, el diario Avanzada dio a conocer la muerte de una alumna de segundo grado de la secundaria 12 del municipio de Minatitlán, en un hecho en el que se presumió negligencia en la atención de la menor por parte de la directora del plantel.

De acuerdo con los testimonios publicados en este portal, cuando la menor empezó a sentirse mal sus amigas le avisaron a la directora, pero ésta habría restado importancia al asunto al decir que se trataba de “un berrinche”.

Fue hasta que la alumna empezó a convulsionar cuando fue trasladada al centro de salud de la localidad, donde murió.

También en febrero, pero de 2015, en el municipio de Cuauhtémoc un estudiante de primaria de 10 años de edad tuvo una crisis de asma en su plantel escolar y fue trasladado al centro de salud del lugar, pero en el lugar no había los medicamentos ni el equipo necesario para su atención, por lo que murió antes de ser trasladado a un hospital de la capital del estado.

En su momento, este caso conmocionó fuertemente a la opinión pública.
En julio de 2013 se había presentado el caso de una niña de 12 años de edad que murió cuando desayunaba en la secundaria Silverio Cavazos, sufrió convulsiones, cayó al suelo y perdió la vida.

Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja ya no pudieron hacer nada por reanimarla.

Frente a casos de este tipo, en febrero de 2015 el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes, declaró a Avanzada que para garantizar la salud de la población estudiantil el gobierno estatal debería adquirir una póliza de seguro médico para todos los alumnos de nivel básico o asignar personal clínico para todos los planteles escolares.

Dijo que desde el sexenio del gobernador Silverio Cavazos Ceballos la agrupación había propuesto a esa medida, pero no fue atendida.

“Propusimos la adquisición de una póliza de seguro médico, la empresa con la que habíamos hecho la cotización iba a cobrar 12 pesos por niño; la ventaja es que el maestro ya no iba a tener la preocupación sobre qué hacer, sino que ya teniendo los números de teléfono de una clínica que tiene ambulancia para emergencias, de inmediato cualquier incidencia iba a ser atendida por un hospital privado”, expuso Magaña Cervantes.

Sin embargo, la respuesta de la autoridad estatal fue que los estudiantes no requerían de una póliza, pues podrían ser atendidos a través del Seguro Médico Popular de la Secretaría de Salud.

En esa ocasión, cuando faltaban unos meses para el final del sexenio de Mario Anguiano Moreno, el presidente de la Asociación de Padres de Familia consideró que el tema podría plantearse nuevamente para que las autoridades pudieran considerar esa posibilidad,
sin esperar a que ocurriera otra circunstancia como la del niño que murió en Cuauhtémoc.

“La Secretaría de Salud y la de Educación deben analizar una propuesta viable, porque no queremos que ningún niño arriesgue su salud y mucho menos que pierda la vida”, concluyó en esa ocasión Magaña Cervantes.

Desde entonces, se ha conocido la muerte de al menos dos menores más en circunstancias similares: la de Minatitlán y ahora la de Colima en la secundaria Enrique Corona Morfín.

Violencia política, obstétrica y acoso callejero, otros “focos rojos”

Por: Anayeli García Martínez

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/02/2017 El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.

Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.

La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada, pero tardó más de un año en concretarse.

OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA

El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.

Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.

Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.

Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.

Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.

LEGISLATURA RETRASADA

Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.

En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.

La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.

La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.

El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.

PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.

“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.

Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.

En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.

Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.

Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.

Ejecuciones colectivas, otra cara de la violencia en Colima

Colima, México, Avanzada (08/02/2017).- A la par del notable incremento de homicidios dolosos que colocó al estado en el primer lugar nacional en la incidencia de ese delito, se consolida en Colima un nuevo rasgo de la violencia: las ejecuciones colectivas de personas, de las que durante el último año se contabilizaron al menos 14 casos en los que el número de víctimas osciló entre tres y siete.

El más reciente fue el de la mañana de este miércoles en el poblado de Salagua, municipio de Manzanillo, donde fueron encontrados los cuerpos de cuatro hombres ejecutados, que habían sido abandonados en una de las calles del fraccionamiento Marimar.

Según versiones extraoficiales los cadáveres se encontraban envueltos individualmente con bolsas de plástico y a un costado del lugar del hallazgo había un narcomensaje.

El sábado 21 de enero fueron encontrados en el interior de un taxi abandonado sobre el libramiento El Naranjo los cuerpos mutilados de seis hombres y una mujer; un día después aparecieron cinco cadáveres más con signos de haber sufrido tortura, en las inmediaciones de la comunidad Punta de Agua, mientras que el día 26 en las cercanías del boulevard Adolfo López Mateos fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres y una mujer.

A mediados de diciembre pasado en la colonia Valle Querido, de la cabecera municipal de Tecomán, fueron asesinados cuatro integrantes de una familia, entre ellos un adolescente, una mujer y dos varones.

El 5 de octubre fueron localizados cuatro cadáveres —tres hombres y una mujer— con huellas de tortura en la carretera Manzanillo-Minatitlán, mientras que cuatro días antes habían sido hallados los cuerpos de tres hombres en las afueras de un rancho del municipio de Tecomán, dos de ellos con señales de haber recibido el llamado “tiro de gracia”.

En septiembre fue ubicada en los límites de Colima y Jalisco, por el rumbo de Tonila, una fosa clandestina en cuyo interior había restos humanos de por lo menos cinco personas, que según las autoridades podrían ser un grupo de habitantes de la comunidad El Terrero secuestrados días antes.

En la colonia Lázaro Cárdenas, en la zona oriente de la ciudad de Colima, se registró una triple ejecución, en la que murieron dos hombres adultos y un menor de 14 años que se encontraban en el exterior de una vivienda.

En la última semana de agosto, fue reportado el hallazgo de los cadáveres de cinco personas, atados de pies y manos, con huellas de impactos de bala, en una brecha que conduce del municipio de Minatitlán a Comala.

En el mes de julio, la PGJE descubrió siete cadáveres que estaban sepultados en tres fosas clandestinas ubicadas en el municipio de Manzanillo. Dos de las víctimas eran dos jóvenes reportados previamente por sus familiares como desaparecidos.

En otro caso, el 7 de abril la PGJE localizó una fosa clandestina con seis cadáveres del sexo masculino en la carretera que conduce a Playa Pascuales, a la altura de la colonia Ladislao Moreno, en el municipio de Tecomán.

A finales de junio, un joven de 19 años de edad asesinó a su novia de 16 y a la madre de ésta luego de una discusión en la comunidad de Santa Rita, municipio de Manzanillo, y finalmente el agresor se suicidó.

A principios de febrero, en el municipio de Cuauhtémoc cerca de la zona limítrofe con Tonila, Jalisco, fueron encontrados los cadáveres de tres personas en el interior del mismo número de vehículos.

En la escena del crimen fue encontrado un narcomensaje.

“Estamos entre la opresión de los jefes y la incomprensión de la sociedad”: Policías


Colima, México, Avanzada (25/01/2017).- Responsables de garantizar la seguridad de la población en el estado más violento del país, policías colimenses levantan la voz y exigen condiciones laborales decorosas, mejor equipo de trabajo y respeto a sus derechos humanos al interior de la corporación.

Con ese propósito, crearon la asociación Seguridad, Dignificación Social y Amparo Laboral al Trabajador (Segdsal), desde la cual pretenden respaldar los derechos de sus compañeros, así como reivindicar la imagen policiaca ante la población, expone en entrevista su presidente, Juan Nazario Alfaro Palacios, agente de la Policía Estatal.

“Estamos —dice— entre la espada y la pared: entre la opresión de los jefes y la incomprensión de la sociedad, ya que nuestros superiores no nos respetan y nos tratan como trabajadores de tercera, mientras que los ciudadanos a veces no entienden que nuestro trabajo es muy delicado, es una labor en la que debemos analizar bien lo que hacemos porque si sometemos a alguien y sale con una leve lesión, nos acusa de abuso de autoridad cuando no es así”.

Aunado a lo anterior, refiere Alfaro, el trabajo policial es de alto riesgo: “Puedes salir por la mañana y despedirte de tu familia, pero nadie te da la certeza de que vas a volver; puede ser que a lo mejor llegues, pero encajonado”.

En menos de tres meses han sido asesinados siete policías, cuatro de la Procuraduría General de Justicia del Estado y tres de la Policía Estatal, en un contexto en el que Colima registró un total de 600 homicidios dolosos durante 2016 y se colocó con la tasa más alta de este delito en el país: 80 por cada cien mil habitantes.

Añade Alfaro Palacios: “Quienes nos dedicamos a esta actividad vivimos en constante estrés; hay muchos compañeros con problemas de salud como hipertensión y diabetes, así como daños del oído, por ir a prácticas de tiro sin protectores, y de los ojos, por forzar la vista en los horarios nocturnos”.

Los policías piden alza salarial de 50 por ciento, aumento del aguinaldo de 45 a 90 días de sueldo, para igualarlo al de los burócratas; pago de horas extras; aumento del seguro de vida, que es de 195 mil pesos; dos uniformes cada 6 meses (reciben uno cada año), bono de alto riesgo e incremento al bono de antigüedad, entre otras.

“HORARIO INFRAHUMANO”

Así también, demandan la reducción de la jornada de 24 horas de servicio por 24 de descanso a 8 por 24 horas, pues “tenemos un horario infrahumano considerado explotación laboral, y cuando hay situaciones extraordinarias nos dejan acuartelados hasta 36 horas consecutivas sin pago de horas extras”, afirma el dirigente de la asociación.

Otra de las quejas de los policías tiene que ver con el examen de control de confianza, pues de acuerdo con Alfaro “en lugar de dar certeza jurídica para que los policías puedan cumplir bien su servicio, genera incertidumbre porque ha sido mal manejado y sólo ha servido para dar de baja a buenos elementos policiales sin justificación, lo que ha ocurrido como en el 90 por ciento de los casos”.

Considera que el mecanismo más adecuado para la depuración de las corporaciones es hacer realmente una investigación personalizada para demostrar las irregularidades y poder decidir si algún elemento no puede pertenecer a las filas policiacas.

Por otra parte, mientras la población de la entidad y los índices delictivos se han incrementado, la Policía Estatal continúa trabajando con un número de elementos de hace 15 años, además de que no hay patrullas suficientes para atender los requerimientos de la población u otras se encuentran en mal estado.

“Si a mí me preguntan por qué no llego a tiempo a un servicio, digo que tenía otras llamadas o que había mucho tráfico, pero la verdad es que somos muy pocos y no nos damos abasto”, dice el policía José Gabriel Pérez López, miembro de la Segdsal.

La desprotección laboral de los policías, agrega, llega al grado de que cuando se quedan acuartelados no se les otorgan los alimentos y muchos de ellos se quedan sin comer, o se han dado casos como el de hace unos días en Manzanillo, cuando los manifestantes contra el gasolinazo regalaron comida a los agentes que habían sido enviados a vigilarlos.

Un problema adicional es el de las jubilaciones, apunta Nazario Alfaro, pues “hay compañeros que ya cumplieron 30 años trabajando y no les autorizan la jubilación, pedimos a las autoridades que hagan algo, porque no es justo que sigan trabajando; también solicitamos que por las características del trabajo a los hombres nos igualen el plazo de jubilación a los 28 años de servicio, como a las mujeres”.

El presidente de la Segdsal cuenta que las demandas de los policías ya fueron presentadas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), el Congreso del Estado y el Gobierno estatal e indica que a partir de que se hizo público el asunto él sufrió como represalia el cambio de adscripción del Palacio de Gobierno, donde se encontraba comisionado, a la zona arqueológica La Campana, en situación de aislamiento.

INCERTIDUMBRE ANTE LAS AMENAZAS

A juicio de Nazario Alfaro, actualmente “casi nadie quiere ser policía por las condiciones en que nos encontramos, con el salario que tenemos y por la inseguridad que se vive; las leyes y el gobierno ordenan que el policía debe ser alguien con estudios, pero alguien que estudió no creo que quiera venir a exponer su integridad y a perder su vida en la calle”.

El agente Guillermo Soto Arreola, también integrante de la Segdsal, cuenta que en las circunstancias actuales y por la naturaleza de su trabajo los policías quisieran tener segura a su familia, pero no es así.

“Yo he detenido a delincuentes de alto riesgo y me han amenazado, han dicho que me van a matar, hasta me han hablado por teléfono a mi casa, pero como dice nuestro director, esto es el pan de cada día, aunque luego de ver lo que ha pasado con los compañeros caídos uno piensa las cosas; no sabemos si en verdad lo van a hacer o no”.

Soto Arreola añade que mientras están en servicio, los policías se sienten seguros porque andan armados, pero al salir de descanso van desarmados.

“Nos dicen: vístete de civil, pero de nada sirve porque de todos modos el mono es el mismo y al salir te van a dar; a mí ya van dos veces que se me cierran en la vía pública cuando voy en mi camioneta, lo único que han dicho es ‘ese no es’ y se van. ¿Qué hago? Si me pongo a seguirlos me van a dar, entonces mejor dejo que se vayan”.

José Gabriel Pérez dice que a otros de sus compañeros les han mandado coronas fúnebres a sus domicilios y viven con miedo e incertidumbre sobre lo que pueda pasarles no sólo a ellos, sino a sus familiares.

“Todo mundo sabe quiénes somos, porque nos ven con uniforme, saben cuándo salimos de nuestras casas, a qué hora regresamos y la gente no piensa eso; muchos nos tratan mal, nos dicen corruptos, nos escupen, pero nosotros vamos a sus casas cuando llaman y atrapamos a los delincuentes, lo que pase con ellos ya no es decisión de nosotros”.

—¿Qué medidas toman ustedes para protegerse?

—Ninguna, salimos solos y desarmados a nuestras casas, en motos, en carritos destartalados, en bicicleta o a pie; somos personas como cualquier otra y no por ponernos un uniforme nos convertimos en criminales como mucha gente cree; queremos el respeto de la gente, de nuestros jefes y de nuestro gobernador.

—Pero hay compañeros suyos que sí cometen abusos contra los ciudadanos, ¿verdad?

—Como en todos lados, desgraciadamente hay malos elementos, que por suerte son la minoría, podríamos decir que a lo mejor un diez por ciento, pero por culpa de ellos la gente cree que todos somos ladrones, prepotentes o golpeadores. La verdad es que tú no llegas a la policía y te haces malandro, corrupto o mordelón, no, quien es así ya venía corrompido desde la sociedad y tiene la suerte de entrar, pero no todos somos así.

SITUACIÓN LABORAL DE POLICÍAS, CONFORME A LA LEY: CASTAÑO SUÁREZ

En entrevista, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, almirante Francisco Javier Castaño Suárez, sostiene que de acuerdo con el diagnóstico del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia laboral la policía de Colima “está bien, conforme a la ley”, pues se encuentra entre los primeros quince estados con mejores percepciones económicas, prestaciones y seguros, con el sueldo más bajo de 11 mil 786 pesos mensuales, superior al promedio nacional, de 10 mil 434.

Advierte: “A nadie se le tiene por la fuerza aquí; si las condiciones laborales que rigen la institución conforme a la ley no les convienen, no les gustan, entonces qué hacen aquí. Malo sería que los tuviéramos a la fuerza, pero a nadie tenemos a la fuerza”.

En cuestión de uniformes, indica, se les acaban de dar nuevos, mientras que el armamento es de primera generación y el equipo se está renovando, por ejemplo este año habrá una inversión de más de 30 millones de pesos en equipamiento, en vehículos, armamento y tecnología.

Castaño Suárez reconoce que en torno a la petición de reducir la jornada de 24 horas de trabajo por 24 de descanso hay casos de otras corporaciones donde están más cómodos con un régimen de 12 por 24, pero “aquí en la Policía Estatal desafortunadamente van dos sexenios que no ha aumentado la cantidad de policías, y en ese tiempo han crecido la población y las necesidades de seguridad”.

Explica que para estar en posibilidades de establecer un horario de 12 por 24 horas y cubrir necesidades extraordinarias se requiere hacer crecer un 100 por ciento la plantilla de policías, que actualmente es de 726 elementos.

“Estamos buscando contratar más gente, ya tenemos una ampliación del presupuesto, pero no hay una tienda de policías; pensamos que este año la plantilla podría crecer un 30 ó 35 por ciento”, dice.

Sin embargo, aduce que las 24 horas de servicio no son todas de trabajo, sino de “estar a disposición”, pero tienen periodos de descanso. “Si les toca patrullar tres veces, pues cuando sea su turno se les va a avisar o si hay una emergencia tienen que incorporarse al servicio, pero no es estar las 24 horas seguidas trabajando como un obrero”.

En relación con las horas extras cuando se quedan acuartelados, Castaño Suárez argumenta que su pago no está considerado dentro de la ley y “no se les pueden pagar si no están en la ley, aunque lo que sí podría hacer el gobernador es otorgar una compensación, que de hecho se está trabajando en eso, a través de un programa para dignificar el régimen laboral de los policías, para que tengan una mayor certeza jurídica en cuestión de ascensos, para que se les proporcione servicio de alimentación, entre otros aspectos”.

Cuestionado sobre las quejas por el examen de control de confianza, el funcionario menciona que no es únicamente la aplicación del polígrafo, pues hay exámenes psicométricos y una serie de estudios más, aunque acepta que “falta complementarlo, pues si aparecen determinados rasgos en el individuo habría que ampliar la información, hace falta más trabajo en los exámenes, no es que estén mal sino que deben ser mejor interpretados; ya estamos trabajando en eso”.

Además, indica que en el proceso de depuración de la policía hay un rezago de más de cien expedientes, aunque “no todos son por cosas graves; la evaluación a veces no es tan objetiva como quisiéramos… necesitamos fundamentar cada caso”.

En el caso del policía Juan Nazario Alfaro, el titular de la SSP niega que su cambio de adscripción haya sido como represalia por sus denuncias públicas y argumenta que se trató de un “proceso normal” de rotación de los agentes, a quienes no se les deja mucho tiempo en un mismo lugar.

“Si yo quisiera tomar represalias en su contra, desde la primera vez le hubiera fincado delitos, por publicar información confidencial que no se debe estar exhibiendo así”, comenta.

Castaño Suárez señala que tanto la ley como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han establecido que “no debe haber asociaciones ni sindicatos de policías, soldados ni marinos, por el riesgo que implica que en un momento dato pudieran andar armados y radicalizarse”, pero “sí hemos escuchado a estos señores en todas sus peticiones”.

No obstante, estima que las quejas “son muy ambiguas, no hay nada, son acusaciones muy genéricas, pero Asuntos Internos ya está investigando y si aquí en la secretaría hay alguien que haya cometido una falta ahí se va a determinar y si ellos cometieron una falta ahí se va a determinar también”.

Este martes 24, ocho días después de la ratificación de la queja ante la CDHEC, los representantes de la Segdsal fueron recibidos por el director general de Gobierno,
Ramón Pérez Gutiérrez, quien según el comunicado oficial “escuchó a los policías estatales, quienes demandaron mejores condiciones labores y mayores prestaciones por su trabajo”.

El funcionario de la Secretaría General de Gobierno indicó que las peticiones serán turnadas a las dependencias correspondientes para que se realice un análisis de cada una de ellas y recordó que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez “ha trabajado desde el inicio de su gobierno para contribuir a mejorar las condiciones laborales de los policías, pero sin poner en riesgo las finanzas públicas”.