Ante la ausencia de estrategia, la inseguridad recrudecerá en Colima: General Gallardo

 

Fotografía tomada de Facebook.

Colima, México, Avanzada (16/05/2017).- El futuro de Colima en materia de seguridad es complejo, porque, “para resolver el problema, primero hay que aceptar el problema e Ignacio Peralta ha hecho todo lo contrario, hasta quiere protestar por la forma en la que están midiendo los índices delictivos en la entidad”.

Lo anterior fue señalado por el general José Francisco Gallardo Rodríguez, estudioso en los tema de seguridad en el país, y quien explicó que Colima padece un crisis de seguridad que se agudizará porque no existe, por parte del gobierno del Estado y los municipios, estrategias para revertir los hechos delictivos.

Indicó que por el contrario, en Colima existen zonas que están abandonadas, entre ellas la parte norte de Manzanillo y Minatitlán, “a donde acudí recientemente y pude percatarme de la pobreza y el abandono que existe en este lugar por parte de la autoridad”.

Explicó que este ejemplo es fundamental para entender que mientras no se mejore el entorno social, el tema de seguridad no puede funcionar en un estado como Colima, que carece de políticas adecuadas para la correcta impartición de la justicia.

Insistió que las políticas públicas de atención en materia de salud, empleo, educación, servicios adecuados de agua, drenaje, no se están cumpliendo, cuando tendrían que ser acciones prioritarias.

“Por lo tanto esta no aplicación de la justicia va a romper el tejido social y eso es grave, porque una sociedad bien conformada, impide que el crimen se infiltre y que se propague y eso no sucede en Colima”.

El General expresó que por el contrario, el gobierno de Peralta está tratando de pelear con el secretariado Ejecutivo por la forma en la que se está presentando la incidencia delictiva, que coloca a Colima como el estado más violento del país.

“Es decir, cómo se va a resolver un problema si los encargados de atenderlo no reconocen el problema, para empezar desde ahí estamos mal y por eso digo que la inseguridad se va a recrudecer”.

LA AUTORIDAD NO ESTÁ LEGITIMADA

Luego, explicó que los municipios tampoco tienen claro el papel constitucional que tiene en materia de seguridad, “están perdidos, vemos a los cabildos que no saben ni cómo actuar, ni qué hacer cuando ellos también tienen un papel prioritario”.

Insistió que la correcta aplicación de la justicia fortalecerá el tejido social y para ello se necesita que se impulsen políticas públicas para garantizar los servicios adecuados de agua, luz, drenaje, educación, empleo, salud.

Más adelante puntualizó que el Gobierno tendría que convocar a una mesa en donde estén claras las funciones en materia de seguridad que tiene cada uno de los involucrados.

“La seguridad va de la base a las cúpulas, no al revés como se intenta hacer en Colima, porque en el sistema de seguridad mexicano la base principal es el municipio, pero los municipios están descuidados, no saben qué hacer”.

Después expuso: “yo lo que sugiero es que haya una convocatoria por parte de la autoridad donde converjan las instituciones de seguridad, salud, las barras y colegios, estudiantes, todos los involucrados participen en aras de resolver este asunto”.

“Cuando se defina qué se va a hacer, entonces, todos deben tener claro que se tocarán intereses de carácter económico, y de poder, pero para hacer esto, se requiere una autoridad legitimada y en Colima no sucede eso, porque todos sabemos que la primera elección (de junio de 2015) fue comprada y la segunda (enero de 2016) se centró en una disputa entre dos candidatos y por eso vemos resultados tan desastrosos como los actuales”.

Insistió que ante esa falta de legitimidad, Ignacio Peralta Sánchez no reconoce el problema de seguridad que tiene el estado desde hace más de un año, cuando asumió el poder, “y esto muestra que la autoridad es ilegitima, y eso es uno de los puntos primarios que tiene que ver con el tema de seguridad”.

El general Gallardo coincidió con Jesús Robles Maloof y dijo que Colima está caminando para convertirse en un “Ciudad Juárez”, “el tema de la seguridad es complejo, pero lo he dicho otras veces, me pongo a disposición del gobierno de Colima para resolver este asunto, y una de las propuestas es la creación de la guardia nacional”.

Después refirió que la Constitución contempla para la seguridad dos fuerzas, una que es a los militares, y la otra que es la ciudadanía en pleno derecho de tener un arma para su defensa.

“Imagínate que en una colonia de Colima, la delincuencia sepa que todos los ciudadanos tiene un arma, si se la van a pensar”, dijo.

Por último refirió que en México existen 20 millones de armas ilegales, “hay 20 millones de personas armadas, tan es así que en Guerrero hubo un levantamiento de 500 personas por la falta de justicia, porque las autoridades no resolvían sus asuntos y estaban coludidas con la delincuencia”, concluyó.

Asesinan menores de edad en Colima

Colima, México, Avanzada (10/05/2017) José Alexis, Marco Antonio, Lino, Maximiliano Olivera, Kevin, Irma Jazmín y tres menores de edad más fueron asesinados en Colima, el estado más violento del país, y sus crímenes permanecen impunes y prácticamente en el olvido gubernamental.

Desde 2011 la ola de violencia que afecta a Colima cobró víctimas inocentes a las que la autoridad catalogó como “daños colaterales”, el caso más reciente es el ocurrido ayer 9 de mayo en el centro de Colima, cuando un joven de 17 años de edad perdió la vida al recibir una "bala perdida".

José Alexis de 17 años de edad decidió vender flores en una esquina de la calle Guerrero, en frente del Mercado Obregón. Vestido con unos tenis color morado y un pantalón de mezclilla deshilachado, que hacían juego con su juventud, José Alexis instaló su botes repletos de coloridas flores para ofrecerlas a los paseantes, cuando una bala acabó con su vida.

Testigos del hecho señalan que un grupo de personas que viajaban en dos automóviles comenzaron a intercambiar disparos justo en el lugar donde se encontraba el menor de edad, quien fue alcanzado por una bala que lo asesinó.

Hasta el momento, el gobierno del Estado no ha emitido ningún mensaje para condenar este asesinato y en su cuenta oficial de twitter, el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez los últimos mensajes que emitió son para felicitar a Claudia Ruiz Massieu por su llegada a la secretaría nacional del PRI, así como una felicitación a las mamás en su día social y otra felicitación a los priistas, Alfredo del Mazo y Manuel Cota.

José Alexis no es el único menor de edad asesinado en Colima, Kevin, un niño de 4 años de edad, murió el 30 de marzo de este año, después de recibir un impacto de bala en el estómago en la comunidad de Cerro de Ortega en el municipio de Tecomán.

El 18 de marzo de 2016, los menores de 14 y 17 años de edad fueron torturados, asesinados y sus cuerpos arrojados al río que se encuentra cerca de las instalaciones que conducen al ISENCO en el municipio de Cuauhtémoc.

Los menores tenían su domicilio en la colonia Mirador de la Cumbre en la capital colimense, se llamaban Marco Antonio y Lino de 14 y 17 años de edad

El 16 de diciembre de 2016, un comando armado asesinó a cuatro personas, integrantes de una familia, entre ellos un menor de edad, de quien no se revelaron más datos.

Las personas asesinadas se encontraban afuera de una vivienda sobre la calle Torres Quintero en la colonia Valle Querido de Tecomán, el municipio más violento de Colima.

En septiembre del año pasado, un menor de 15 años de edad, estudiante de secundaria, fue asesinado en la comunidad de El Colomo en Manzanillo; el joven se encontraba realizando una tarea escolar en una vivienda de la calle Lázaro Cárdenas.

Mientras que el 17 de octubre de 2011 fue asesinada una familia completa, entre ellos un bebé de 2 años de edad, de nombre Maximiliano Olivera.

El 16 de diciembre de 2016, una menor de 16 años de edad, estudiante de bachillerato fue asesinada afuera de su casa cuando se encontraba platicando con su novio de 23 años de edad, quien también perdió la vida, cuando un grupo de personas pasaron por el lugar y abrieron fuego contra ellos.

En enero de 2013, Irma Jazmín de 10 años de edad, fue mutilada y asesinada en Tecomán. Su asesinato indignó a la sociedad de ese municipio quien exigió a la autoridad castigo a los responsables del hecho. En febrero de ese año, el gobierno del Estado sentenció que ya había capturado al asesino de la menor.

A 11 años de Atenco, impunes autores materiales e intelectuales

CIMACFoto: César Martínez López.

Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/05/2017 Si algo han conseguido las 11 sobrevivientes de tortura sexual durante los operativos policiacos en Atenco y Texcoco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006, es hacer evidente que el Estado usa la violencia sexual como un arma contra las mujeres.

En reiteradas ocasiones el Estado mexicano ha negado que la tortura sea una práctica sistemática de las corporaciones policiacas y de las fuerzas militares, pero la denuncia de las sobrevientas de Atenco muestra que esta violencia existe y se mantiene impune.

“Lo que podemos aportar desde nuestra trinchera es colocar el tema de la tortura sexual como una forma, una herramienta de Estado, de tortura, de forma diferenciada que se usa en contra de las mujeres”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, sobreviviente de Atenco.

A 11 años de mantenerse de pie, firmes en su denuncia y convencidas de ver en prisión a los policías y los mandos que ordenaron violentarlas, Italia asegura que lograron mostrar que este caso fue algo más que un daño colateral o una violación sexual, se trató –sostiene– de tortura.

En un aniversario más de los hechos del 3 y 4 de mayo que colocaron al Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, en la mira de organismo de Derechos Humanos, las sobrevivientes sostienen que ya no se puede decir que se trató de policías que no controlaron sus instintos.

Es por ello que Italia, Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y Suhelen Gabriela Cuevas, continúan con la denuncia ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Aunque en 2006 al menos 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual sólo once decidieron continuar con la denuncia hasta conseguir justicia, por ello en abril de 2008 presentaron su denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En noviembre de 2011 el organismo aceptó conocer la demanda y tras diversos alegatos y análisis la CIDH determinó que las mujeres fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria y consideró acreditada la existencia de graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia y tortura sexual.

Con estas consideraciones, en noviembre del año pasado, después de una década de los hechos, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que analice la responsabilidad del Estado en su obligación de investigar estos hechos con la debida diligencia y reparar el daño a las víctimas.

Actualmente el proceso a nivel internacional está en una etapa de comunicaciones escritas para que las partes, el Estado y las víctimas –a través de los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– presenten alegatos por escrito.

Italia también espera que este año haya una audiencia oral ante el alto tribunal donde puedan exponer su testimonio ante los jueces.

Por lo pronto la primera ganancia, dice, es que develó las consecuencias de esta práctica. “Se volvió un caso relevante, no solamente por nuestra experiencia sino porque después de que nos ocurrió a nosotras hemos visto, por desgracia, un aumento. No sabemos si de la practica o de la denuncia”.

MIENTRAS, EN MÉXICO

El caso continúa en investigación en la ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de México pero de acuerdo con la información disponible sólo 21 policías estatales fueron consignados por “abuso de autoridad”, un delito contra la administración pública; sin embargo, todos fueron absueltos.

Un policía estatal fue condenado el mayo de 2008 por el delito de “actos libidinosos” hacia una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, el agresor también fue absuelto con posterioridad.

La apuesta y la esperanza están en la decisión de la Corte Interamericana que podría emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano, lo que significaría la obligación internacional de hacer una investigación que esclarezca los hechos.

“Hay cosas muy puntuales que nos permitirían acceder a la justicia y a un proceso de verdad sobre lo que concurrió en Atenco hace once años”, dice Italia. La insistencia es que se investigue a los autores materiales e intelectuales, a los funcionarios que ordenaron y diseñaron el operativo.

Entre estos funcionarios están Genaro García Luna, entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI); Eduardo Medina Mora, entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Wilfrido Robledo Madrid, entonces comisionado de Seguridad Pública del Estado de México.

Violencia intrafamiliar, sólo 5% de las víctimas denuncian a sus agresores en Comala


Colima, México, Avanzada (17/04/2017).- La violencia contra las mujeres es una problemática social preocupante a nivel mundial, en tal sentido, diversas convenciones internacionales se han firmado al respecto para garantizar los derechos humanos de las mujeres y niñas, que buscan el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos sus derechos humanos y a vivir libres de toda forma de discriminación.

Las mujeres nos sólo se enfrentan a condiciones desigualdades y a la discriminación sino también a situaciones de violencia, que frecuentemente ocurren en ámbitos privados, provenientes del esposo o pareja, aunque existen muchos otros posibles agresores dentro del espacio de las relaciones familiares y afectivas, como el padre, hermanos u otros parientes consanguíneos o políticos, cuñados, suegro, etcétera.

En este sentido, se realizó un estudio cuantitativo de 46 personas que denunciaron haber sido violentadas (45 mujeres y 1 persona transexual), todas radican en el municipio de Comala, con la finalidad de detectar las modalidades y tipo de violencia que sufrieron, las edades de las personas, el estado civil, la escolaridad, su actividad económica y el tipo de población (rural o urbana), que nos permitan tener un panorama de la situación de violencia que viven muchas mujeres en dicho municipio. Estas personas acudieron al Instituto Municipal de la Mujer Comalteca, en los meses de junio a diciembre del 2016.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing confirma que es responsabilidad de los gobiernos la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres; además se estableció la consecución de la igualdad de género y se formuló una declaración explícita sobre la responsabilidad de los Estados de cumplir los compromisos asumidos. (ONUMUJERES)

Muchos países, entre ellos México, han ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), con la finalidad de poner fin a la discriminación y la violencia contra las mujeres por razones de sexo; sin embargo, en la actualidad todavía existen importantes brechas y violaciones de derechos en todas las regiones del mundo, incluido nuestro país.

En México se cuenta con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que fue publicada en 1º de febrero de 2007, donde se establece un marco jurídico, bajo el orden de los derechos humanos de las mujeres a una vida libre de Violencia. En el 2008 se publicó la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de Colima, la cual ha sido reformada en tres ocasiones: 2011, 2013 y 2016.

Recordemos que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2011, que señala que de un total de 24 millones 566 mil 381 mujeres casadas o unidas de 15 y más años en el ámbito nacional, 11 millones 018 mil 415 han vivido algún episodio de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal, cifra reveladora de un alto índice de violencia de género, al representar cerca de la mitad de las entrevistadas.

En esa misma encuesta se señala que 1 millón 288 mil 793 mujeres casadas o unidas que han sufrido violencia sexual, que representan el 11.7% de todas las maltratadas a lo largo de su relación conyugal, cifra no excluyente de otros tipos de violencia.

VIOLENCIA DE PAREJA

En el caso de Colima, ENDIREH 2011 evidencia que nuestro estado ocupa el nada honroso primer lugar en el país en violencia sexual contra las mujeres, registrando el 10.01 por ciento de incidencia, cuando la media nacional es de 7.3 por ciento. Asimismo, 39 de cada 100 mujeres han sufrido violencia de género por su pareja en los últimos 12 meses previos a la encuesta y poco más de la mitad (52 de cada 100) de las mujeres mayores de 15 años casadas o en pareja, dijeron haber vivido eventos violentos en algún momento de su relación. Su porcentaje es casi 7 puntos más alto que el presentado a nivel nacional. El valor de la entidad lo posiciona en el lugar 4 del país, en donde el sitio más elevado lo ocupa el Estado de México con 56.7% y Chiapas el menor con 27.9 por ciento. Colima también ocupa el quinto lugar nacional en violencia general contra las mujeres, rubro en el que se agrupan las diferentes formas de agresión que ocurren en el ámbito privado, y que son: violencia física, emocional, sexual y económica.

El municipio de Comala no cuenta con estadísticas oficiales o públicas que indiquen la violencia que se vive en esta localidad, por lo que con este análisis se pretende tener una aproximación de las situaciones que se tienen en cuestiones de violencia contra las mujeres.

De las 46 personas entrevistadas, 42 de ellas sufrieron violencia familiar, en su mayoría por su pareja, sólo un caso fue abuso sexual por parte del padre, 1 por parte de un ex novio; 2 sufrieron violencia en la comunidad, una de ellas por parte de una vecina y la segunda, (chica transexual) por parte de policías municipales y 1 de ellas sufrió violencia institucional, por parte de su Director de oficina. La violencia familiar fue la que más predominó en la muestra, lo que nos habla que es dentro de los hogares donde más se vive la violencia y donde más se violentan los derechos humanos de las mujeres.

Dentro de la modalidad de violencia familiar, los tipos de violencia que predominaron fueron 37 por violencia psicológica; 25 violencia física; 10 violencia patrimonial, 26 violencia económica y 8 violencia sexual. En la modalidad en la Comunidad el tipo de violencia que refirieron fueron 2 por violencia psicológica y 2 por violencia física. En la modalidad de la comunidad, la violencia que se señaló fue psicológica. La mayoría de las personas sufrieron más de un tipo de violencia.

En el caso de las personas separadas, la mayoría de los señalamientos es por incumplimiento de sus ex parejas con el pago de pensión alimenticia para sus hijos/as.

PORCENTAJE MÍNIMO DE DENUNCIAS

Destaca el hecho de que más del 50% de las mujeres que denunciaron violencia por parte de sus parejas, indicaron que éstos consumen bebidas alcohólicas de manera frecuente y en algunos casos, otro tipo de enervantes. En algunas comunidades este tipo de violencia se incrementa durante las fiestas patronales. Algunas de las mujeres que sufre violencia física dijeron haber sido amenazadas con pistolas, machetes, cuchillos y han estado en riesgo de ser asfixiadas. Sólo un porcentaje mínimo (5%) ha presentado denuncias ante el Ministerio Público.

Las edades de la muestra abarcan los siguientes rangos de edades: 1 de 0-14 años; 2 de 15-19 años; 7 de 20-24 años; 12 de 25-29 años; 6 de 30-34 años; 3 de 35-39 años; 6 de 40-44 años; 3 de 45-49 años; 2 de 50-54 años; 3 de 55-59 años; 1 de más de 60 años. Estos resultados muestran que la violencia se presentó mayormente en parejas jóvenes, cuyas edades oscilan entre los 20 y 44 años.

El estado civil de la muestra fueron 6 solteras, 21 casadas, 11 en unión libre y 8 divorciadas o separadas. La escolaridad que prevaleció fue de 1 analfabeta, 7 con primaria; 20 con secundaria; 16 con preparatoria y 1 con carrera profesional. La escolaridad de estas mujeres es reducida, lo que vulnera a estas mujeres, que carecen de instrucción académica que les permita obtener un mejor empleo o en caso de emplearse el poder acceder a mayores recursos económicos.

El tipo de población al que pertenecen son 22 de la zona rural y 24 de la zona urbana. De la zona rural provenían principalmente de los municipios de Suchitlán, Cofradía de Suchitlán, Zacualpan y La Caja. De la zona urbana eran de la cabecera municipal de Comala. En este caso los resultados no son determinantes hacia una zona en particular, aunque se presume que las zonas rurales viven mayores niveles de violencia; sin embargo, poco se denuncia.

Las actividades a las que se dedican fueron 30 al hogar, 14 eran empleadas y 2 estudiantes (ambas menores de edad). Estos resultados muestran que la mayoría de las mujeres que sufrieron violencia son dependientes económicas de sus parejas, se han dedicado a las actividades domésticas y el cuidado de hijos/as, lo que en muchas ocasiones limita el que ellas quieran emprender acciones legales en contra de ellos, por el temor de quedarse sin sustento.

SUBORDINACIÓN Y DESIGUALDAD

Las mujeres a lo largo de nuestra vida se enfrentan a situaciones de discriminación, violencia y desigualdad, lo que propicia que las condiciones de las mujeres y niñas en cualquier lugar del mundo sean de subordinación, aunado a que las leyes e instituciones han contribuido para que los derechos de éstas sean violentados y no tengan las mismas oportunidades de acceso a la salud, educación, derechos laborales y maritales, que le permitan su empoderamiento y les permitan salir de la violencia.

Nuestra sociedad sigue basada en la cuestión cultural de la división sexual del trabajo, basándose en los roles que se asigna a los hombres y mujeres, sea remunerado o no, ya que en el caso de los varones se les educa como proveedores, como jefes de familia, mientras que a las mujeres se les vincula con lo doméstico y los cuidados.

Lo anterior, sigue dejando en desventaja a las mujeres, porque muchas mujeres son dependientes económicas de sus parejas, no tienen trabajos formales y carecen de la educación necesaria que les permita acceder a mejores oportunidades de empleo, por lo que en muchos casos las mujeres prefieren aguantar la violencia para no quedar desamparadas junto con sus hijos/as.

Los resultados de este estudio muestran que existen muchas similitudes con la violencia que se registra a nivel nacional y estatal y que falta mucho por hacer en materia de derechos humanos para las mujeres que les garanticen que puedan vivir libres de violencia.

En el caso de Comala, se debe considerar que mucha de la población es rural, se padece de pobreza y alta de acceso a la educación. La mayoría de sus habitantes se dedican a labores del campo, carecen de seguridad social y sus sueldos son reducidos. Al no tener muchas actividades de esparcimiento, los días de descanso es común ver a sus habitantes varones tomando bebidas alcohólicas en la vía pública, lo que puede ser un detonante para la violencia contra las mujeres que normalmente se registra en estas comunidades, derivado de una cultura patriarcal donde predominan ideas machistas y de subordinación hacia las mujeres.

* Alumna de la Escuela de Trabajo Social “Vasco de Quiroga”, del municipio de Comala, Colima.

Sin servicios de emergencia, mueren estudiantes en escuelas de Colima

Escuela Secundaria en Minatitlán, Colima.

Colima, México, Avanzada (28/03/2017).- El fallecimiento de una alumna de la secundaria Enrique Corona Morfín de 14 años de edad, por un presunto aneurisma cerebral según información extraoficial, se suma a una serie de casos de muertes de menores ocurridas en los últimos años en planteles escolares de la entidad.

Las versiones preliminares de este suceso, ocurrido la mañana de este martes 28, señalaron que los paramédicos de la Cruz Roja tardaron en llegar porque el sistema de denuncias 911 no pasó el reporte de inmediato.

Apenas hace un año, a finales de febrero de 2016, el diario Avanzada dio a conocer la muerte de una alumna de segundo grado de la secundaria 12 del municipio de Minatitlán, en un hecho en el que se presumió negligencia en la atención de la menor por parte de la directora del plantel.

De acuerdo con los testimonios publicados en este portal, cuando la menor empezó a sentirse mal sus amigas le avisaron a la directora, pero ésta habría restado importancia al asunto al decir que se trataba de “un berrinche”.

Fue hasta que la alumna empezó a convulsionar cuando fue trasladada al centro de salud de la localidad, donde murió.

También en febrero, pero de 2015, en el municipio de Cuauhtémoc un estudiante de primaria de 10 años de edad tuvo una crisis de asma en su plantel escolar y fue trasladado al centro de salud del lugar, pero en el lugar no había los medicamentos ni el equipo necesario para su atención, por lo que murió antes de ser trasladado a un hospital de la capital del estado.

En su momento, este caso conmocionó fuertemente a la opinión pública.
En julio de 2013 se había presentado el caso de una niña de 12 años de edad que murió cuando desayunaba en la secundaria Silverio Cavazos, sufrió convulsiones, cayó al suelo y perdió la vida.

Cuando llegaron los paramédicos de la Cruz Roja ya no pudieron hacer nada por reanimarla.

Frente a casos de este tipo, en febrero de 2015 el presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Julio Magaña Cervantes, declaró a Avanzada que para garantizar la salud de la población estudiantil el gobierno estatal debería adquirir una póliza de seguro médico para todos los alumnos de nivel básico o asignar personal clínico para todos los planteles escolares.

Dijo que desde el sexenio del gobernador Silverio Cavazos Ceballos la agrupación había propuesto a esa medida, pero no fue atendida.

“Propusimos la adquisición de una póliza de seguro médico, la empresa con la que habíamos hecho la cotización iba a cobrar 12 pesos por niño; la ventaja es que el maestro ya no iba a tener la preocupación sobre qué hacer, sino que ya teniendo los números de teléfono de una clínica que tiene ambulancia para emergencias, de inmediato cualquier incidencia iba a ser atendida por un hospital privado”, expuso Magaña Cervantes.

Sin embargo, la respuesta de la autoridad estatal fue que los estudiantes no requerían de una póliza, pues podrían ser atendidos a través del Seguro Médico Popular de la Secretaría de Salud.

En esa ocasión, cuando faltaban unos meses para el final del sexenio de Mario Anguiano Moreno, el presidente de la Asociación de Padres de Familia consideró que el tema podría plantearse nuevamente para que las autoridades pudieran considerar esa posibilidad,
sin esperar a que ocurriera otra circunstancia como la del niño que murió en Cuauhtémoc.

“La Secretaría de Salud y la de Educación deben analizar una propuesta viable, porque no queremos que ningún niño arriesgue su salud y mucho menos que pierda la vida”, concluyó en esa ocasión Magaña Cervantes.

Desde entonces, se ha conocido la muerte de al menos dos menores más en circunstancias similares: la de Minatitlán y ahora la de Colima en la secundaria Enrique Corona Morfín.